El diputado provincial José Gauffín (del bloque Independencia, ex PRO) pidió ser querellante en la investigación de las presuntas irregularidades en el Instituto Provincial de la Salud de Salta (IPS), que generaron inconvenientes en las prestaciones por las deudas acumuladas con prestadores.

Gauffín se presentó el lunes último ante el Juzgado de Garantías N° 1, con una denuncia que realiza en calidad de legislador pero también de afiliado a la obra social, dijo. 

La razón de la presentación es por "la crítica situación financiera, administrativa y operativa" en la obra social, "la cual puede ser atribuible a la presunta comisión de delitos contra la administración pública por parte de quienes han tenido y tienen responsabilidad en la conducción del organismo”.

La presentación de Gauffin se acumula a la realizada por su par, Laura Cartuccia (enrolada en el oficialismo provincial), quien radicó ante el procurador de la Provincia, Pedro García Castiella, una denuncia contra el actual interventor de la obra social, Emilio Savoy. En este caso, la denuncia principal se basó en la designación de Gladis Sánchez como coordinadora Ejecutiva Prestacional del Comité Ejecutivo de la obra social. Sánchez fue la antecesora de Savoy, que fue desplazada de la presidencia del IPS debido a las irregularidades detectadas. 

Tras las críticas manifestadas en la Cámara de Diputados se dejó sin efecto la designación de Sánchez. Sin embargo, Cartuccia indicó que por otra resolución interna de la obra social, la expresidenta fue nuevamente nombrada, esta vez, como subgerenta de Servicios Impropios.

Pero incluso antes de las denuncias realizadas por Cartuccia primero (en junio de este año) y Gauffin después, la fiscal de Delitos Económicos Complejos, Ana Salinas Odorisio, había iniciado una investigación “de oficio”.

La notificación formal fue realizada ante la obra social el 28 de mayo pasado, por las declaraciones que realizó el gobernador Gustavo Sáenz sobre presuntas sobrefacturaciones de profesionales y prestadores.

El anuncio de la investigación se precipitó ante el revuelo que había generado un proyecto de ley enviado por el gobernador a la Legislatura para modificar la ley que rige a la obra social. Afectaba particularmente a futuros jubilados de la administración pública salteña, que iban a perder esta obra social. Fue tal la reacción, que Sáenz se vio obligado a retirar la iniciativa.

A dos meses del inicio de la investigación oficial y de la presentación de al menos dos denuncias más, el Ministerio Público Fiscal respondió que “es muy pronto” para solicitar información sobre el avance en este proceso. 

Afiliados comunes y afiliados vip

Gauffín solicitó a la Justicia que se investiguen delitos como incumplimiento de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad, malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, y los delitos que pudieran surgir de la investigación.

Mencionó el déficit que en febrero se estimó en 25 mil millones de pesos y que afectó el funcionamiento de la obra social en perjuicio de mas de 300 mil afiliados.

A la situación de la contradictoria designación de Sánchez, añadió la falta de transparencia y sistemas de control que permitan transparentar el manejo de los recursos del IPS.

Sumó las denuncias de afiliados que sostienen que existe un trato diferencial entre “afiliados comunes” y “afiliados vip” con “privilegios en pasajes, alojamiento, acompañamiento y gestión, generando una discriminación arbitraria que debe investigarse en tanto podría estar vinculada a un uso indebido de recursos públicos”, sostuvo el legislador.

Añadió los incumplimientos del horario laboral y la facturación de horas extras no trabajadas.

Señaló el contrato con la empresa TRADITUM, que presta servicios tecnológicos, en tanto la obra social “ha abonado ya más de $6.135.518.479,33 en 53 cuotas mensuales, siendo la próxima de $115.764.499,61, sin que se evidencie resultado alguno tangible”. Recientemente se lanzó la credencial digital que habría sido gestionada por esta empresa.

También agregó la presunta irregularidad del convenio con el Cementerio Nuestra Señora de la Paz, al que el IPS abona expensas de parcelas utilizadas por afiliados fallecidos, en lugar de que la empresa concesionaria gestione el cobro con los titulares. Por este convenio “el IPSS desembolsa 130 millones de pesos anuales", sostuvo Gauffín. 

Y cuestionó una supuesta ineficiencia judicial del IPS ante la gran cantidad de juicios que enfrenta con las negativas sistemáticas de la Justicia, que producen “un gasto innecesario en costas y condenas que podrían haberse evitado”. Señaló el desmantelamiento de la Junta Médica que históricamente contaba con entre 10 y 12 profesionales, y actualmente solo cuenta con 3 médicos.