El municipio de San Miguel ya lleva cinco años de incumplir con la Ley 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) desde su sanción, en 2020, y tres años reteniendo con estrategias discutibles la información pública sobre el cumplimiento de la norma que le solicitaron el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), Amnistía Internacional (AI) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels). Pero finalmente un fallo del Juzgado Contencioso Administrativo N°1 de Trenque Lauquen lo condenó por incumplir "con la obligación legal de responder" los pedidos enviados por las organizaciones.

El retaceo del acceso a la información conforma buena parte de la política antiderechos del jefe comunal de ese distrito autodeclarado “Pro Vida” en 2018, el ex rugbier Jaime Méndez, hombre del riñón del ex intendente sanmiguelino y actual senador bonaerense Joaquín De la Torre, otro pañuelo celeste de la primera hora.

Hasta la fecha, son 132 los municipios donde se practica la IVE, mientras que San Miguel, Lezama y Capitán Sarmiento no la garantizan ni tampoco derivan a otros distritos. Por caso, son históricas las críticas del ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, contra las “decisiones unilaterales de los municipios de no cumplir con la Ley 27.610”.

“La vida es un regalo de Dios”, suele repetir Méndez. “Nuestro deber es proteger las dos vidas, la de la mamá y la del bebé. Los problemas, por más graves que sean, no se resuelven con la muerte del más débil”, es una de sus frases de cabecera.

Desde que la causa fue asignada al Juzgado Contencioso Administrativo N°1 de Trenque Lauquen, el municipio intentó impugnar la legitimación de las organizaciones para reclamar la información, y presentó “un informe parcial y deficiente” que no respondía de forma precisa a los requerimientos, detalla “Acceso denegado: derecho a saber, derecho a decidir”, el documento conjunto de ELA, Cels y AI. En el fallo, el juez confirmó que no hubo justificación válida para ocultar esta información, y que la omisión sostenida durante tres años “constituye una violación al derecho constitucional de acceso a la información pública”.

Entre otros puntos, las organizaciones pedían, como forma habitual de monitoreo, datos concretos sobre la implementación de la Ley de IVE en San Miguel. “Y puntualmente, por la circulación de información pública que daba cuenta de la dificultad en el acceso a la práctica en centros de salud locales, lo que obligaría a las mujeres de ese municipio a trasladarse para recibir atención en otros”, detallan en el documento.

“La información también indicaba la supuesta existencia de prácticas ilegales –subrayan-, como la vulneración de la privacidad y desinformación a las personas que se acercan a centros municipales en busca de acceso a un aborto”.