Con el receso legislativo en proceso, diputados y senadores se preparan para encarar una campaña electoral breve e intensa, dado que algunos apostarán a su reelección o a garantizarse cargos en otros espacios. En medio de la vorágine también hay pendientes, no solo por proyectos de los propios bloques, sino especialmente los del Poder Ejecutivo, que quedaron en pausa. Hay previsiones de alguna sesión en agosto, pero nada confirmado al momento.

En concreto, hay ocho proyectos de ley enviados por el gobernador Axel Kicillof que aún están pendientes de tratamiento, aunque algunos ya pasaron por alguna de las dos cámaras, hay otros que solo se movieron en comisiones o ni siquiera eso.

En el grupo de los que cuentan con sanción de la Cámara de Diputados hay tres: el que crea un régimen de promoción y desarrollo de la industria audiovisual de la Provincia, mediáticamente conocido como la creación del “INCAA bonaerense”; el de creación del Centro Farmacéutico Bonaerense y el que crea una Empresa Bonaerense de Emergencias de Salud, para abordar las emergencias. Todos ellos aguardan ser tratados en el Senado.

En la cámara alta también hay otros tres textos firmados por el gobernador. Uno de ellos ya pasó por una comisión, el de un paquete económico que, entre otras cosas, incluye el pedido de endeudamiento y un fondo para los intendentes. Los otros dos no tuvieron paso por comisiones; se trata de una propuesta para crear una instancia de conciliación en litigios laborales y otra que busca fijar la obligatoriedad de la sala de 3 años en los jardines de infantes.

En la Cámara de Diputados, en tanto, quedaron pendientes dos que fueron ingresados en mayo de 2024 y que no se movieron en comisiones. Se trata de la creación del Instituto universitario provincial de salud "Floreal Ferrara" y de una propuesta de regulación de la organización y funcionamiento del sistema de información en salud.

Los proyectos con sanción que esperan en el Senado

De los más avanzados, destacan las propuestas de salud, elaboradas por la cartera que dirige el ministro Nicolás Kreplak. El del Centro Farmacéutico Bonaerense, es una propuesta del Poder Ejecutivo para dar forma a una Sociedad Anónima con Participación Estatal Mayoritaria (SAPEM) que permitirá fabricar, vender y comprar insumos médicos.

En el marco de su aprobación se incluyó la creación de una comisión Bicameral de Seguimiento, Fiscalización y Control integrada por seis diputados y senadores, como así también la incorporación de un artículo que señala que “la producción en cualquiera de sus presentaciones y especialidades se destinarán, prioritariamente, al abastecimiento de servicios de salud públicos provinciales y municipales”, como así también que “podrá vender al costo la producción o el suministro de determinados productos de especial interés sanitario”.

El segundo proyecto que tuvo el visto bueno en Diputados también crea una sociedad del Estado, pero para centralizar la información del sistema de salud y poder reducir los tiempos de traslados de pacientes e insumos, así como la atención de emergencias a lo largo de todo el territorio bonaerense.

La idea es que la empresa de Emergencias brinde asistencia sanitaria con la facilidad de tener un manejo integral de la información que reduzca tiempos de traslados tanto de pacientes como de insumos para colaborar con la integración del sistema, que actualmente se divide entre la asistencia prehospitalaria y los traslados interhospitalarios.

El tercero con visto bueno de una de las cámaras tiene que ver con el mundo audiovisual. La idea es crear un fondo de fomento y dar un marco regulatorio y de promoción de la actividad audiovisual, a la que califica como una "actividad productiva de interés público, valor estratégico" y "patrimonio invaluable". La propuesta recibió el apoyo de reconocidos artistas del sector, como el actor Pablo Echarri y sus colegas, como así también gremios relacionados.

La propuesta recibió el apoyo de sectores de la oposición. Por caso, la diputada Viviana Dirolli, alineada a Facundo Manes, defendió que "por cada mil pesos invertidos se generan entre 600 y 900 en el resto de la cadena de valor" y que "por cada 100 empleos directos, se crean entre 50 y 70 en otros sectores económicos".

Para la legisladora radical, la provincia de Buenos Aires “tiene una oportunidad muy importante” en la materia, no solo por su extensión territorial y por las locaciones, sino también porque tiene recursos artísticos y técnicos calificados, que tiene infraestructura adecuada.

El proyecto que los intendentes miran con ganas

En los albores de mayo, Kicillof envió un paquetazo económico al Senado que entre los puntos centrales contempla el aval de endeudamiento por el equivalente a 1.045 millones de dólares y un fondo para intendentes correspondiente a la deuda que se vaya a tomar. A la vez, contempla la declaración hasta el 31 de diciembre de 2026 de las emergencias penitenciaria, de seguridad pública, de infraestructura, hábitat, vivienda, servicios públicos y energética.

El texto contempla también la creación de 489 cargos para el Poder Judicial, 1.500 para el Servicio Penitenciario y otros 260 para el área de Niñez y Adolescencia, al tiempo que suma 5 mil horas cátedra para la escuela secundaria, entre otros puntos.

El texto tuvo un paso por la comisión de Presupuesto, por lo que quedó listo para ser tratado en el recinto, aunque solo avanzó con los votos de los senadores del oficialismo. Con la idea de mostrar haber escuchado las demandas del propio Unión por la Patria, como del PRO y la UCR, el gobernador aceptó la modificación al artículo 10 del texto, que ofrecía la suspensión de las deudas que los municipios habían contraído con la Provincia para hacer frente a la emergencia por coronavirus y el pago de salarios en el marco de la emergencia.

“Nosotros vamos a seguir dando impulso al proyecto porque son recursos que necesita la Provincia”, respondió esta semana el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, ante la consulta de Buenos Aires/12 sobre la iniciativa.

Los que no tuvieron movimientos

Finalmente, entre los proyectos que no se movieron en comisiones se incluyen otros dos que partieron desde el Ministerio de Salud que no tuvieron paso por las comisiones.

El más destacado es el que crea un Instituto Universitario Provincial a partir de la ampliación de funciones de la actual Escuela de Gobierno en Salud "Floreal Ferrara". “Resulta necesaria una institución de carácter territorial y desconcentrada, que privilegie las regiones y los partidos que actualmente cuentan con menores posibilidades de formación para los y las jóvenes combinando virtuosamente prioridades educativas y sanitarias con criterios de equidad”, argumentó el mandatario.

A la vez, se marcó que el Instituto Universitario permitirá, entre otros resultados esperados, “dar respuesta a una creciente demanda de los municipios al gobierno provincial de encontrar soluciones conjuntas a las serias dificultades que se encuentran para radicar y retener profesionales y técnicos de salud en sus territorios”.

En junio de este año, el gobernador envió al Senado un proyecto de ley que busca evitar la instancia de juicio en conflictos laborales y poder abordarlos con acuerdos entre las partes, iniciativa que comprende la creación de la Instancia de Conciliación Laboral Obligatoria Prejudicial (Iclop).

Según su argumento, el contexto de creciente desempleo, suspensiones, procedimientos preventivos de crisis y cierres de establecimientos contribuyen a incrementar el caudal de demandas laborales.

Por eso la medida establece también la creación del Registro de Conciliadores Laborales de la Provincia de Buenos Aires, que se encontrará bajo la órbita coordinada de dos ministerios, el de Justicia y Derechos Humanos y el de Trabajo con la idea de “dirimir los reclamos laborales individuales y pluriindividuales con carácter previo y obligatorio al inicio de la demanda judicial en que resulte competente la Justicia del Trabajo de la provincia”.

El último proyecto es el que busca que la sala de 3 años sea obligatoria, que fuera enviado a fines de 2024 que establece la creación de un “plan operativo” para aplicar la medida y designa a la Dirección General de Cultura y Educación a llevar a cabo un relevamiento para identificar “los requerimientos de ampliación de la oferta educativa” que tenga en cuenta la situación actual como la proyección demográfica en cada municipio.

A partir de ese informe, la Provincia podrá elaborar una propuesta para acrecentar en un plazo no mayor a cinco cinco años la oferta educativa y lograr que los pequeños puedan acceder a las salas de 3 años en adelante.

“Es una iniciativa que amplía la obligación del Estado en cuanto a garantizar el derecho a la educación en todo el territorio bonaerense. No hay antecedentes ni precedentes en otras jurisdicciones de un proyecto que tenga como obligatoria la sala de 3 años”, dijo el director General de Cultura y Educación, Alberto Sileoni.