A un año y nueve meses del inicio del juicio en la causa conocida como el Villazo, que juzga delitos de lesa humanidad cometidos contra obreros metalúrgicos en 1975, en Villa Constitución; se realizan las audiencias finales de alegatos de la parte acusadora. La semana pasada, culminó la Fiscalía, con pedidos de penas de prisión perpetua para dos exdirectivos de Acindar; y otras que van de 10 a 25 años de prisión, para policías federales y de la guardia rural, por 67 casos. Este mes también alegarán las defensas, para luego dar paso a la etapa final. Se espera que la sentencia pueda conocerse a principios de septiembre.

La causa tiene como acusados a policías federales y uno de la guardia rural, mientras que se juzga por primera vez en la provincia a civiles, en el caso de los ex jerárquicos de Acindar, Roberto Pellegrini y Ricardo Torralvo (a quienes alcanza el pedido de prisión perpetua), en el marco de la acusación por responsabilidad empresaria. 

Los que se juzgan son ocho casos de homicidio agravado, y diferentes hechos de privación ilegal de la libertad agravada, tormentos agravados y asociación ilícita que tuvieron como víctimas tanto a trabajadores vinculados a la Seccional Villa Constitución de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), como a militantes políticos y simpatizantes de la lista Marrón de esa organización sindical, que poco tiempo antes había ganado las elecciones y ocupaba su conducción.

La etapa de alegatos de clausura -luego de un año y medio de testimonios- comenzó en mayo, con la querella de la APDH; mientras que en junio pasado empezó la Fiscalía con el alegato que finalizó la semana pasada. En tanto, ayer comenzaron a alegar las querellas restantes (Unión Obrera Metalúrgica, Liga por los Derechos Humanos, Secretaría de Derechos Humanos y el Cels).

En cuanto al alegato del fiscal general Adolfo Villatte, titular de la Unidad Fiscal de Lesa Humanidad de Rosario, con los auxiliares fiscales Juan Patricio Murray y Alvaro Baella, se pidió que las penas solicitadas se cumplan en cárcel común y que se asegure el cumplimiento de las mismas mediante el encarcelamiento inmediato. También, que se declare la insanable inconstitucionalidad de los decretos N°1368/74 y N°2717/75 en la aplicación que se hizo de ellos a las víctimas para ponerlas a disposición del Poder Ejecutivo Nacional bajo la excusa de integrar un complot subversivo inexistente. 

Además, a modo de reparaciones simbólicas, la Fiscalía requirió que se ordene al Poder Ejecutivo de la Nación y al Poder Ejecutivo de la Provincia de Santa Fe que señalicen como Centros Clandestinos de Detención a los edificios de Jefatura de Policía de Villa Constitución, Delegación Rosario de la PFA y Prefectura Naval Argentina Rosario, prohibiendo que se los modifique; entre otros puntos solicitados.

El fiscal Villatte, reflexionó que para la Fiscalía "a lo largo del juicio se logró tener por acreditado que esto no fue lo que se invocó como excusa (en relación al mencionado 'complot subversivo' inexistente) para llevar adelante esta represión masiva en Villa Constitución, sino que sencillamente se trataba de reprimir a una organización sindical que por su modalidad de ser más combativa era una molestia y de ahí el interés de Acindar en que se llevara a cabo esta represión masiva en Villa Constitución".

Tal como indica la acusación fiscal de inicio del debate, los hechos represivos que se juzgan fueron la respuesta a la histórica protesta conocida como "El Villazo". Los secuestros de las víctimas sucedieron entre el 20 y el 26 de marzo de 1975, y también en abril, mayo y junio del mismo año. Las privaciones de la libertad se prolongaron luego por meses o años, según los casos. En enero y marzo de 1976 también se produjeron secuestros y posteriores homicidios relacionados a estos hechos. 

La acusación agrega que Acindar había habilitado un centro clandestino de detención en el denominado “Albergue de Solteros”, donde la Policía Federal Argentina (PFA) había instalado un destacamento en 1974.

El requerimiento de elevación a juicio fiscal menciona también la finalidad económica que tuvieron los hechos represivos en Villa Constitución, como banco de pruebas de un cambio de matriz que comenzó a concretarse a partir del 24 de marzo de 1976 con la asunción de Alfredo Martínez de Hoz, expresidente de Acindar, en el cargo de ministro de Economía de la Nación.