El intendente de Pinamar, Juan Ibarguren (PRO - LLA), debió solicitar un préstamo de mil millones de pesos al Banco Provincia para cubrir el pago de los salarios de la administración local que, según se anunció el miércoles, finalmente estarán depositados el jueves.

Las causas de la demora radican en la doble caída, tanto de la recaudación como de la coparticipación, pero también en problemas que se proyectan desde de la gestión de Martín Yeza, cuando el actual intendente era secretario de Hacienda.

Como consecuencia del atraso, los trabajadores municipales comenzaron el lunes un quite de colaboración durante las últimas dos horas de cada turno y tenían previsto que las medidas fueran in crescendo si los sueldos no aparecían.

La primera señal de alarma se presentó un mes atrás. A comienzos de julio, el gobierno local pagó los sueldos en dos veces y postergó el pago del medio aguinaldo de junio. Ya entonces, se hablaba de una importante caída en la recaudación de las tasas municipales.

Los salarios tenían que estar depositados desde el viernes pasado, lunes a más tardar, pero durante la jornada del martes tampoco se produjeron novedades y la preocupación se extendió. Automáticamente, los trabajadores activaron un quite de colaboración, según lo estipulado en su Convenio Colectivo de Trabajo. Ahora esperan que se haga efectiva la promesa de pago.

La demora se debe a la insuficiente recaudación municipal, un nuevo y evidente síntoma de la crisis económica y social que atraviesa al conjunto de la sociedad, pero también a la caída de la coparticipación que la provincia recibe de nación y, a la vez, transfiere a los municipios. En Pinamar, el ingreso mensual por ese ítem cayó de 415 millones en 2024 a 189 en lo que va de 2025.

Pero, además, fuentes sindicales señalan el arrastre de una deuda superior a los tres mil millones de pesos, que data de fines de 2023, cuando Yeza aún era intendente y Ibarguren su secretario de Hacienda y candidato a sucederlo. De hecho, el balance del ejercicio de ese año fue devuelto por el Tribunal de Cuentas de la provincia, con serias observaciones. 

El documento, al que tuvo acceso Buenos Aires/12, se refiera a "existencia de extralimitación (por parte del Ejecutivo) en el uso de créditos autorizados, sin contar con mecanismos de financiamiento para su compensación". Esta y otras prácticas, según el Tribunal de Cuentas, implican violación de los artículos 67, 118, 123 y 124 de la Cata orgánica de municipalidades.

No hay plata

Pinamar se caracteriza por ser una ciudad turística donde muchas de las viviendas no son habitadas de modo permanentes sino segundas residencias de sectores de clase alta y media alta. Pese eso, aún en etapas anteriores de crisis, la recaudación del atípico distrito se mantenía relativamente estable. 

Diferir el pago de las tasas municipales es una manera informal de financiarse a la que recurren las familias. Es algo que no pueden hacer con los servicios como la luz y el gas, porque se arriesgan a que les corten el suministro. Hasta acá, siempre fue un recurso de sectores populares y, en algunos momentos, medios, pero no del vértice de la pirámide.

Este año también influyó la merma en afluencia de turistas en vacaciones de invierno, que golpeó a todo el corredor costero bonaerense. 

"La forma en que la Municipalidad resuelve qué hacer con los recursos no es un tema nuestro. Nuestra responsabilidad como sindicato es defender y hacer valer los derechos de los trabajadores y no vamos a retroceder", dice a Buenos Aires/12 el secretario de Prensa del Sindicato de Trabajadores Municipales de Pinamar, Rodrigo Silva.

A diferencia de lo que ocurría con el antecesor y jefe político de Ibarguren, el  hoy diputado nacional Martín Yeza, el sindicato logró avanzar con el actual alcalde en una serie de reclamos históricos, que incluyen la aprobación y puesta en vigencia del CCT, la discusión paritaria por aumentos salariales y mesas de trabajo en las que se discuten los pases a planta, las incorporaciones y la formalización de la carrera municipal, entre otros aspectos.

En tiempos de Yeza se habilitó a que los trabajadores, que históricamente cobraron sus haberes a través del Banco Provincia, lo hicieran también a través de una entidad privada, el Banco Galicia. Aquella decisión no estuvo exenta de suspicacias. Sin embargo, ante la caída de la recaudación y la consecuente necesidad de fondos frescos, Ibarguren recurrió al Banco Provincia y no a la entidad vinculada a la familia Escassany. 

Motosierra para todos

El préstamo fue solicitado a fines de la semana pasada, por quince días hábiles y el municipio espera cubrirlo con la recaudación que acumule en ese lapso. El ministro de Gobierno Carlos Bianco sostuvo, a modo de respuesta, que “en la medida de lo posible”, la Provincia se hará cargo de esta situación aunque “no cuenta con financiamiento para eso”.

Ibarguren fue funcionario de Yeza, quien condujo el gobierno municipal durante dos mandatos, entre 2015 y 2019 y entre 2019 y 2023. Yeza, cuya familia se dedica al negocio inmobiliario, a su vez, responde políticamente al jefe del bloque PRO en Diputados, Cristian Ritondo, que también tiene inversiones en el distrito. 

Ritondo fue, a instancias de Mauricio Macri, el principal impulsor del acuerdo electoral entre amarillos y violetas para las dos elecciones, la provincial de septiembre y la nacional de octubre, en la provincia de Buenos Aires. 

La crítica situación financiera, en un municipio que nunca tuvo problemas, es inescindible de la dramática y prolongada recesión que atraviesa el país, fruto de las políticas económicas del gobierno libertario, aliado político tanto del intendente Ibarguren como de sus terminales provinciales y nacionales. 

Por un lado, los sectores de mayores recursos viajan al exterior, para aprovechar el dólar artificialmente bajo. Por otro lado, la enorme mayoría de la población enfrenta una crisis de ingresos, que apenas le permiten subsistir. 

Pinamar, dictadura, menemismo

Pinamar fue uno de los mayores emprendimientos inmobiliarios de la dictadura. De hecho, esa franja costera integraba el partido de General Madariaga, hasta que un decreto del gobernador militar Ibérico Saint Jean la autonomizó, para favorecer allí negocios vinculados a la construcción y el turismo.

Desde entonces, gradualmente, Pinamar se fue convirtiendo en la playa preferida de los sectores más acomodados de la sociedad. Primero establecieron allí sus residencias veraniegas los empresarios y luego los siguieron los políticos, especialmente los menemistas.

Pinamar, que forma parte de la Quinta sección electoral, sufrió un boom demográfico durante la pandemia y hoy tiene 45 mil habitantes estables, número que aumenta considerablemente entre diciembre y marzo. La elección de intendente de 2023, entre Juan Ibarguren y Gregorio Estanga, fue una de las más reñidas y controvertidas de la provincia.