“Estuve muy sola, la pasé muy mal”. A V. se le llenan los ojos de lágrimas, y por eso no quiere hablar del tema delante de su hijo de 10 años. Entre 2017 y 2020, sufrió maltrato laboral, violencia y abuso sexual por parte de su superior directo, subjefe de la Unidad Canina de Bomberos Zapadores, que depende de la Policía de la provincia de Santa Fe. Lo denunció ante sus superiores, pero sólo recibió revictimización. En 2020 acudió a la Justicia. El fiscal de Delitos Sexuales Diego Meinero también desestimó su denuncia. ¿Entonces? ¿Asunto terminado? No. El caso llegará a juicio, sin impulso fiscal, por la tarea del Centro de Asistencia Judicial (CAJ) de la provincia de Santa Fe. El juez Rodrigo Santana decidió, el 29 de julio pasado, que el caso llegue a juicio por la acción de la querella.

El CAJ pide una pena de nueve años y dos meses de prisión para quien era subjefe de la Unidad Canina de Bomberos Zapadores entre 2017 y 2020, por abuso sexual gravemente ultrajante, agravado por haber sido cometido por un funcionario policial en ejercicio de sus funciones, y vejaciones en concurso real.

La decisión del magistrado es inusual. “Es un procedimiento que está en el Código Procesal desde 2014, cuando se puso en vigencia el nuevo sistema penal en la provincia de Santa Fe. Y no encontramos antecedentes de un caso que llegue a juicio aunque la fiscalía lo haya desestimado. Nosotros nos hacemos cargo de llevar adelante la acusación”, expresó Ricardo Lamas, director del CAJ.

Se trata de un mecanismo previsto en el artículo 16 del Código Procesal Penal de la provincia de Santa Fe vigente desde 2014, que permite que una querella particular —en este caso, impulsada por el CAJ— continúe con la acusación penal incluso si la fiscalía decide no avanzar. 

Dice textualmente: "La preparación y el ejercicio de la acción penal pública estará a cargo del Ministerio Público Fiscal" y "podrá sin embargo estar a cargo del querellante". "Las peticiones del querellante habilitarán a los Tribunales a abrir o continuar el juicio, a juzgar y a condenar". Aunque su aplicación es excepcional.

El CAJ asiste a personas que no tienen dinero para pagar una querella particular, y la decisión de tomar esta causa fue “estratégica”.

“Por las características del caso, el primer criterio de intervención para asignar una prioridad fue que eran hechos múltiples de abuso sexual en una institución que forma parte de la policía. En ese contexto, se suma que el agresor es superior jerárquico directo de la víctima”, enumera el abogado querellante Jorge Haurigot, que integra el CAJ.

El profesional señala “las distintas deficiencias que tuvo la tramitación interna del caso en Bomberos Zapadores, cuando ella en distintas ocasiones intentó hablar con superiores”. “No hubo una intención de darle justicia”, subraya.

Lamas aporta que la institución quiso “obturar las posibilidades de la víctima, que pidió un cambio de lugar de trabajo, pero se demoró bastante”.

“Él quedó como jefe, sale en la televisión como un superhéroe, y yo pedí una carpeta psicológica, no pude ascender más, perdí buena parte de mi sueldo. No puedo entender que no esté en disponibilidad”. Lo dice V., que ahora trabaja en otra dependencia de Bomberos Zapadores, aunque todavía no tiene el alta de su psiquiatra ni su psicóloga, pero fue obligada a reintegrarse por Salud Laboral.

V. sufre ataques de pánico. Tenía expectativa de ascender, pero debió pedir licencia por sus dificultades. Hasta que encontró a Tania, de la Red de Mujeres Policías, quien le sugirió ir a la Defensoría del Pueblo. Y así llegó al Centro de Asistencia Judicial, que tomó su caso luego de analizarlo.

Los abusos fueron reiterados, y escalaron en violencia. El maltrato laboral fue lo primero: el jefe acusaba a la víctima de no saber tratar con los perros, y le mostraba cómo debía castigar a la que tenía asignada. “Me pegaba en la cabeza, como diciendo que no me entraban las cosas, me decía que era gorda y no podía estar en la Unidad Canina, hacía constantes alusiones a mis pechos, porque siempre he sido pechugona”, relata V., con sus ojos estallados.

Una de las violencias fue ponerle un collar eléctrico en la muñeca, aplicándole descargas eléctricas, para “mostrarle” cómo debía adiestrar a su perra. “Ella era mi compañera, pero él decía que era una herramienta de trabajo, y que yo debía castigarla”, sigue la denunciante.

“Los perros para adiestrar se reciben con 45 días, pero a mí me llegó cuando tenía un año, y había vivido en el hogar familiar del superior. La perra me saltaba, por eso él decía que me iba a corregir y enseñar, y un día me puso el collar en la muñeca”, cuenta, tal como lo hizo en la denuncia judicial.

Muchas veces intentó que sus superiores la escucharan. Al jefe de su jefe le rogó que, si ella no servía para la Unidad Canina, le dieran el traslado.

Hubo abusos sexuales gravemente ultrajantes, que no se describirán, con gran violencia, que se cometieron cuando la denunciante quedaba sola con su jefe en el lugar de trabajo.

“Debe estar caliente con vos”, le respondió el jefe de ambos, Néstor Miller, cuando ella se quejó de los maltratos, aunque no llegó a describirle los abusos, porque estaba intimidada y asustada. 

V. también acudió a la entonces jefa de Bomberos Zapadores, Vanesa Jiménez. Tres veces le pidió un traslado. "Si ella hubiera actuado, a mí no me habría pasado lo que me pasó", lamenta V. 

“Yo pensaba que si mis jefes veían una situación, iban a actuar. Más de una vez le dije al superior, y tres veces a la jefa de toda la unidad que me quería ir”, relata. El 25 de junio de 2020 fue su primer día en su actual lugar de trabajo, y su agresor fue hasta ahí para intimidarla. 

En la institución, V. sólo recibió dilaciones y rechazo. El superior al que recurrió, hoy jubilado, dijo ante la Justicia que no le creía a la víctima. Y el agresor sigue en funciones.

Recién logró verbalizar la violencia sexual frente a su psicóloga particular, ofrecida como testigo por la querella. "A mí no me escuchó nadie, solamente mi psicóloga", dice sobre el proceso previo. 

Desde el CAJ consideraron que había material para profundizar la investigación y avanzar, al contrario de lo dispuesto por el fiscal, quien —pese a integrar la unidad de delitos sexuales— no aplicó perspectiva de género. Meinero resolvió que “si bien la víctima hace un relato detallado, el mismo no encuentra corroboración en otro elemento ajeno al testimonio de la misma”.

Todo lo contrario analizaron en el CAJ. Y así lo pusieron por escrito ante el Ministerio Público de la Acusación: “Consideramos que las características del caso (mujer víctima de violencia de género, hechos ocurridos en el contexto de una institución verticalista de rasgos patriarcales y la condición de policía y superior jerárquico del agresor) lo dotan de una especificidad que exige un enfoque particular en la búsqueda de la evidencia”. Sin embargo, tanto la Fiscalía Regional como la General (de toda la provincia) acompañaron la decisión del fiscal.

Así llegaron al pedido frente al juez para impulsar la causa. “Ante el juez, mostramos esa perspectiva que veíamos. Eso ocurrió en la audiencia preliminar, donde el magistrado advirtió que había elementos para llegar a la investigación preparatoria”, plantea Lamas.

En tanto, el juez Santana resolvió “admitir el requerimiento acusatorio de la querella privada en virtud de la plataforma fáctica, calificación jurídico penal y pena solicitada”, al tiempo que admitió las pruebas ofrecidas. También dispuso que el acusado firme una vez por mes en la Oficina de Gestión Judicial, y estableció la prohibición de acercamiento y todo tipo de contacto —por sí, por terceros y por cualquier medio— del agresor a la víctima. Para eso, se comunicó a la policía para que “tenga especial consideración a esta restricción”.

“Tuvimos que completar una investigación penal preparatoria, porque entendíamos que no estaba completa y que no tenía la perspectiva de género y de víctima adecuada, así que la hicimos de manera autónoma”, plantea Lamas.

V. siguió su camino, buscó una abogada y un abogado particulares, pero no tenía plata para costearlos, y recurrió al CAJ. Ahora espera un juicio. Le molesta que el acusado mienta para defenderse. “¿Me van a ensuciar así por este tipo?”, pregunta.

Y cuenta distintas historias que le han llegado, de otras mujeres que sufrieron violencia en el mismo lugar de trabajo que las sufrió ella, pero no se animaron a denunciar. "Pero yo denuncié igual". 

El programa Delito y Sociedad de la Universidad Nacional del Litoral realizó un estudio llamado "Trayectorias y roles laborales de las mujeres policías en la provincia de Santa Fe", con dirección de Máximo Sozzo, y publicó un informe en mayo de 2022. "Más de un tercio de las mujeres policías dijeron haber sido víctimas de acoso sexual en la institución policial al menos una vez a lo largo de su carrera", dice ese informe, que la actual gestión no propicia, al tiempo que dio de baja la Dirección de Género del Ministerio de Seguridad. 

En el mismo informe se destaca que "ocho de cada diez mujeres policías que padecieron una situación de acoso sexual señalaron que los protagonistas eran sus superiores jerárquicos, lo que evidencia su fuerte vinculación con las relaciones de mando y obediencia al interior de la institución policial".

Un dato relevante de ese trabajo es que "sólo el 12% de las mujeres policías dijeron haber denunciado formalmente elacoso sexual sufrido". En este caso, fue más allá del acoso, y escaló al abuso sexual. 

Ahora, V. espera la oportunidad de contar lo vivido frente al tribunal, cuando comience el juicio.