En 18 meses de gestión libertaria, 2.866.000 personas perdieron al menos 1 política de cuidado de la que eran destinatarias, confirma en su quinto informe “La cocina de los cuidados”, elaborado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels), en un armado intersectorial y transversal de diferentes espacios. Frente al escenario del mayor escurrimiento de derechos en la Argentina desde el retorno a la democracia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reconoció por primera vez el derecho al cuidado como un derecho humano autónomo, “indispensable para garantizar una vida digna y para el ejercicio efectivo de otros derechos”, que se traduzca en obligaciones estatales de políticas públicas.

A partir de una interpretación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Corte sostiene que el cuidado no puede entenderse sólo como un componente fragmentado de derechos ya existentes, sino que requiere reconocimiento propio, con contenido y obligaciones estatales específicas, anunció ayer el Cels en una publicación. “Se trata de un derecho que abarca tres dimensiones interrelacionadas: el derecho a ser cuidado, el derecho a cuidar y el derecho al autocuidado.”

El reconocimiento parte de que el cuidado no es un asunto privado ni exclusivo del ámbito familiar, sino que constituye una necesidad humana universal y como tal implica responsabilidad social, colectiva y política. “En algún momento del ciclo vital, todas las personas necesitan recibir cuidados o dar apoyo a otras”, subraya. “La Corte señaló que esta interdependencia no sólo estructura nuestras relaciones sociales, sino que expresa el respeto a la dignidad humana. Por eso cuidar, ser cuidado y poder cuidar de sí mismx es condición de posibilidad para la autonomía, la inclusión comunitaria y la realización del propio proyecto de vida.”

Uno de los puntos más relevantes fue la formulación del principio de corresponsabilidad, “en tanto que el cuidado debe distribuirse de forma justa entre las personas, las familias, la comunidad, la sociedad civil, el mercado y el Estado”, remarca el informe. “Impone una responsabilidad compartida que debe traducirse en políticas públicas, leyes y sistemas integrales de cuidado que reconozcan, valoren y redistribuyan las tareas.”