La situación en el rubro discapacidad es crítica y las organizaciones remarcan que los tiempos apremian: al cierre de espacios de atención se le suma una baja considerable de los prestadores de transporte. “Destruyeron toda posibilidad de que sea una actividad algo rentable”, describió Pablo Bolego, de la Asociación de Transportistas Especiales (Atraes). En tanto, desde la Asociación Provincial de Instituciones para Personas con Discapacidad (Apridis) piden que se avance en el plano local con algunas medidas de alivio, como el boleto de transporte gratuito para los trabajadores del sector. “No es un universo muy grande de trabajadores y significaría un alivio muy grande, sobre todo con el aumento del boleto reciente”, detalló Mariel Chapero, referente del organismo. En paralelo, el diputado provincial Miguel Rabbia presentó un proyecto para declarar la emergencia provincial en discapacidad, con el foco puesto en las prestaciones de Iapos.
Este lunes quedó constituida en Rosario la Mesa de Trabajo por la Emergencia en Discapacidad. La medida busca coordinar, desde los distintos niveles del Estado, iniciativas legislativas, articular con organizaciones de la sociedad civil y promover acciones concretas “que garanticen el respeto y la ampliación de derechos de las personas con discapacidad”. El encuentro, que congregó a concejales rosarinos, legisladores provinciales y nacionales, se da ante el veto del presidente Javier Milei a la ley que declara la emergencia en discapacidad.
En ese marco, las organizaciones locales vinculadas a discapacidad vienen trabajando junto a legisladores nacionales con el fin de “blindar” la ley aprobada en el Congreso. Para eso necesitan el acompañamiento de los dos tercios de las Cámaras, en una sesión que podría tener el lugar el próximo 20 de agosto. Pero al margen de esa pelea, remarcan que la situación apremia y se necesitan medidas de alivio urgente, que podrían facilitarse desde los gobiernos locales.
“Las prestaciones en salud y educación dentro del sistema de discapacidad funcionan con lógicas que llevan mucho tiempo. La realidad es que si la ley entraba en vigencia la semana pasada, con suerte iba a impactar el año que viene. Y la situación ya es urgente hoy”, explicó Chapero a Rosario/12. “Por eso venimos solicitando que tanto a nivel provincial como municipal, por supuesto que con otro tipo de responsabilidad, puedan adoptarse medidas que generen alivio. El Concejo tiene proyectos presentados que no fueron votados oportunamente, y que venimos trabajando desde hace tiempo”, añadió.
En el listado de iniciativas se anota un proyecto de Norma López (Justicia Social) que busca declarar la emergencia en discapacidad en Rosario, y también uno de Leonardo Caruana (Frente Amplio por la Soberanía) que propuso eximir de forma temporal del pago del DReI y la TGI a los prestadores de servicio del área de discapacidad. También se agrega una propuesta surgida de las propias organizaciones: incorporar a los trabajadores del sector en los beneficios que hoy ofrece la provincia en torno al boleto estudiantil.
“Creo que es una medida fundamental que traería la posibilidad de brindar un alivio al bolsillo de los trabajadores del área discapacidad de forma directa, sin ninguna mediación. ¿Por qué un centro educativo terapéutico no puede tener un beneficio en el boleto como ocurre con estudiantes y docentes? No es un universo muy grande de trabajadores y significaría un alivio muy grande, sobre todo con el aumento del boleto reciente”, sostuvo Chapero. “Es algo que venimos pidiendo desde el año pasado, porque no es nueva esta situación para nosotros”, remarcó.
Por último, la dirigente de Apridis señaló que desde la asunción del actual gobierno, el atraso en los aranceles de las prestaciones es de un 70% en relación a la inflación y supera el 100% si tiene en cuenta los nomencladores establecidos por los colegios de profesionales. En cuanto a Iapos, la obra social provincial, el desfasaje es aún mayor. “El sistema está funcionando, pero con un nivel de precarización que en realidad no logra cubrir las necesidades que tiene la población”, expresó y agregó: “Necesitamos la ley de emergencia nacional, pero también el acompañamiento de los demás niveles del Estado”.
Transporte
El panorama en materia de transporte para personas con discapacidad es un mundo aparte. Bolego, además de ser el referente local de Atraes, es el vicepresidente de la Federación Argentina de Tansportistas para Personas con Discapacidad (Fatradis). Desde la organización relevaron que en los últimos dos años hay un 35% menos de transportistas para personas con discapacidad en todo el país. En Rosario, actualmente hay 117 habilitaciones vigentes y estiman que unos pocos años atrás se superaban las 130. “Las unidades son impagables y en muchos casos hay que adaptarlas”, explicó a Rosario/12. “Destruyeron toda posibilidad de que sea una actividad algo rentable”, añadió.
El dirigente explicó que desde que se creó la ley que presta el servicio de transporte a personas con discapacidad, los aumentos de los aranceles fueron acompañando el del costo de los insumos. Sin embargo, ese sistema “se rompió”. A finales de 2023, los prestadores cobraban 272 pesos el arancel (el valor del kilómetro) cuando el litro de combustible oscilaba entre los 300 y los 400 pesos. En agosto de este año, los transportistas cobran 541 pesos el arancel, cuando el litro de combustible ronda los 1.500 pesos.
“La pandemia fue muy dura para nuestro sector, pero no menos dura que para toda la población. Hay que reconocer que en aquellos tiempos de aislamiento nos convocaron para trabajar repartiendo comida y medicamentos a los fines de subsidiar nuestra prestación y poder mantenernos en pie. Eso no impidió que tengamos bajas”, recordó Bolego. “Pero ahora tenemos una pandemia del ajuste, que es autoprovocada y es más cruel, porque es producida por el propio Estado con políticas de exclusión”, añadió.
Para el dirigente, el contexto implica “tirar años de laburo y esfuerzo” de mucha gente. El ajuste, incluso, impacta en los cimientos de la propia asociación: Atraes perdió la mitad de su comisión directiva, conformada por prestadores que hoy ya no están. “Yo mismo pasé de tener tres utilitarios grandes habilitados a uno solo”, graficó Bolego. “Es una mirada desde un prestador de servicios, pero las personas con discapacidad son quienes pagan el abandono del Estado con el deterioro de su calidad de vida”, añadió.
Emergencia provincial
Ante ese escenario, el diputado Rabbia presentó en la Legislatura provincial un proyecto que declara la Emergencia Pública en Materia de Discapacidad en toda la provincia de Santa Fe por dos años. En el articulado se propone garantizar la continuidad de las prestaciones y la atención integral para personas con discapacidad en la provincia y aumentar el valor de las prestaciones abonadas por Iapos a los profesionales e instituciones. También se propone asignar recursos extraordinarios a la obra social provincial y habilitar adecuaciones presupuestarias para sostener las medidas.
“El Estado tiene que estar junto a las poblaciones más vulnerables en sus tres jurisdicciones, porque todo el mundo hablaba del veto de Milei, pero en la provincia de Santa Fe pasan cosas. El gobierno de la provincia, que administra el Iapos, todavía no terminó de saldar las deudas del 2024 con los prestadores de discapacidad. Cuando los afiliados de Iapos van a los prestadores quedan en lista de espera en relación a otras coberturas”, dijo el legislador a Rosario/12. “Tenemos en el gobierno de Pullaro una réplica del maltrato a este sector, como lo hace el gobierno nacional”, añadió.
