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Malena Galmarini dice que privatizar AySA “significa poner en riesgo el derecho básico de acceso al agua”. Candidata a senadora provincial por la Primera sección, la tigrense advierte a Buenos Aires/12 que trasferir el servicio de agua potable y cloacas del conurbano bonaerense y la Capital Federal a manos de una empresa abre las puertas a tarifas más altas, menos inversión para zonas vulnerables y un servicio desigual, tal como fue en los años noventa.
La expresidenta de Agua y Saneamiento SA, tal cual es el nombre de la prestadora, remonta su análisis a lo sucedido entre 1993 y 2006. En ese período, la firma francesa Suez, bajo el nombre de Aguas Argentinas, comandó un proceso que, a juicio de Galmarini, no permitió incorporar usuarios de barrios populares, sumado a la constante crítica por falta de presión.
Esto, sostiene la dirigente, radica en la naturaleza de una firma privada. Allí, dice, “el usuario deja de ser un ciudadano con derechos y pasa a ser un cliente”. El decreto 493/25, por el cual Milei autoriza la privatización de AySA, habilita a un posible concesionario a cortar el servicio por falta de pago, un acto prohibido a partir de la reestatización firmada por Néstor Kirchner en 2006.
"Si el agua queda en manos privadas, no tengo dudas de que quienes no puedan pagar podrían quedarse sin el servicio y eso es gravísimo porque el agua es un derecho humano, no un lujo”, señala Galmarini.
Explica que la privatización impulsada por Carlos Menem tuvo como saldo la falta de infraestructura en barrios que fueron sistemáticamente postergados, problemas de calidad de agua en zonas periféricas y años de desinversión que recién pudieron revertirse cuando AySA volvió al Estado.
“Durante mi gestión al frente, se logró revertir parte de ese daño”, afirma quien secunda a Gabriel Katopodis en la lista de candidatos a senadores provinciales de Fuerza Patria en la Primera sección. De esta manera, retruca el argumento central de Milei y su equipo respecto a la rentabilidad de la empresa cuando expone que el objetivo primario de AySA está en brindar un servicio de calidad a la mayor cantidad de argentinos.
También desmitifica la idea de déficit. Según el vocero y streamer presidencial, Manuel Adorni, la empresa “gastó” 4.800 millones de dólares del Estado nacional en la gestión de Galmarini. Se tratan de Aportes del Tesoro Nacional, que desde el 2006, según el propio Adorni, ascienden a 13.400 millones de dólares, un monto levemente superior a los 12 mil millones que Luis Caputo recibió del Fondo Monetario Internacional meses atrás.
El Tesoro es el conjunto de recursos que resulta de la recaudación de impuestos, la rentabilidad de bonos o la venta de inmuebles. Lo que queda en claro tras la exposición del vocero es que una parte fue invertida en que más ciudadanos tengan agua y cloacas, un escenario antagónico con el actual donde los impuestos siguen vigentes, pero no hay obra pública. Entre ellos se destaca el impuesto al combustible, que no tiene como destino ni un solo kilómetro de ruta nueva.
Lo paradójico, respecto a las cuestiones deficitarias que argumentaron la decisión de Milei, es que durante el año pasado se cuatriplicó el valor de las tarifas para el servicio de AySA pero no invirtieron en obras para mejorar el servicio.
Un deseo de Base
La Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, la Ley Bases, abrió la ventana para que el Estado nacional se saque de encima la empresa de la cual posee el 90 por ciento de las acciones.
Desde el primer minuto, la voluntad de La Libertad Avanza fue desprenderse de la administración de más 23 mil kilómetros de red de agua y 16 mil de cloacas que proveen servicio a 26 municipios bonaerenses y la Capital Federal. Son casi 12 millones de usuarios de agua y casi 10 de cloacas.
Porque, en términos de infraestructura, eso implica AySA. Una red que se extiende desde Pilar a Florencio Varela, que involucra a La Matanza, a Merlo, a Tigre y llega a Ezeiza. Es una concesión que abarca casi 3.700 kilómetros cuadrados de superficie y cuenta con tres plantas potabilizadoras, 16 de tratamiento de agua subterránea, 21 depuradoras, 620 pozos de agua, 14 estaciones elevadoras y 150 de bombeo cloacal.
Sin embargo, sostiene Galmarini, “este gobierno no piensa en los intereses de la mayoría sino en achicar el Estado sin medir consecuencias sociales”. Así, entre 2019 y 2023 más de 1,8 millones de personas se sumaron a la red de agua potable y más de 1,3 a la de cloacas. Bajo esta lectura, dice que vender AySA no es solo una mala decisión económica: “es una amenaza directa a la salud pública y a la equidad territorial porque no todas las zonas son rentables, pero todas merecen acceso al agua”.
“En cuatro años hicimos 4 mil kilómetros de redes de agua y cloacas, donde todos los procesos estaban certificados por normas IRAM y se subían a la web, una política de transparencia y planificación que hoy fue desmantelada”, apunta Galmarini. “El contraste es claro: cuando el Estado invierte, el derecho al agua se garantiza, cuando se privatiza, la lógica del negocio termina dejando a miles afuera”, indica.
Las advertencias de este proceso llegaron en diciembre de 2024 por el mismo Katopodis, actual ministro de Infraestructura bonaerense y ex de Obras Públicas de la Nación cuando Galmarini estuvo al frente de AySA. “Privatizando AySA el gobierno de Milei condena al Gran Buenos Aires y a las regiones más desfavorecidas del interior a no poder cerrar las brechas de acceso a agua y saneamiento: es una mala idea sanitaria, económica y social”, apuntó en aquel momento.
Ambos hablan de salud. No es un punto menor a raíz de cómo desmejora la vida sin acceso al agua y a las cloacas. Por eso, dentro del equipo de la candidata a senadora echan por tierra el cálculo económico de Milei, Adorni, Caputo y el Gobierno nacional sobre la rentabilidad de la empresa. A su juicio, cuanto más se invierte en acceso a los servicios, menos necesidades de atención en el sistema de salud público habrá, por citar un escenario comparativo.
Con todo, y más allá de los recientes decretos privatizadores, en el Congreso de la Nación reaccionaron desde la provincia de Buenos Aires. La diputada Victoria Tolosa Paz, acompañada, entre otras, por la mercedina Sabrina Selva, presentó un proyecto "que rechaza los decretos de privatización de Aysa por la contravención del Convenio Tripartito aprobado por la Ley 26.221 y en perjuicio de las disposiciones del Decreto 304/2006, ratificado por la Ley 26.100".
"AySA no puede pasar a ser botín en manos extranjeras, tiene que seguir siendo una empresa estratégica para el desarrollo", ratificó Selva en sus redes sociales. La dirigente del Frente Renovador remarcó que "el gobierno de Milei vació la empresa, paralizó obras y eliminó controles de calidad para poder rifarla a sus amigos, siempre foráneos".
Obras abandonadas
En los casi dos años de gestión de Milei y, hoy en día, con Alejo Maxit al frente de la compañía, la premisa fue desarticular la ejecución de obras para mejorar el servicio, ampliar la conectividad y planificar un desarrollo en el área de cobertura, así como la preservación ambiental.
A principios de 2024, este medio contó cómo se dejó de pagar a 2.500 cooperativistas del programa Agua + Cloacas y Conectar T, iniciativas que permitían llevar los servicios a barrios populares. Según el informe del equipo de Galmarini, entre 2019 y 2023, se duplicó la cobertura en lo que respecta al acceso a agua potable para estas zonas y se triplicó en lo que refiere a saneamiento, producto de casi 270 obras ejecutadas.
La decisión libertaria de paralizar la obra pública truncó el desarrollo de más de 300 tareas iniciadas durante la gestión de Galmarini, donde más de 1.600 fueron finalizadas. A pesar de que algunas obras, como el Sistema Berazategui, contaba con financiamiento internacional, hoy están tiesas. Así, más de 7 millones de usuarios no tendrán una mejoría en el servicio de cloacas, queda imposibilitada la ampliación de la cobertura y no se avanza en el cuidado del Río de la Plata.
Y el Sistema Berazategui es sólo un ejemplo. Tampoco continuaron las obras en el Sistema Agua Sur que permitiría incrementar la capacidad, producción y distribución de agua potable en el sur del conurbano en más de 1 millón de metros cúbicos por día. O, también, quedó sin avance la planta depuradora de Laferrere, en La Matanza, o la ampliación de la que se encuentra en Hurlingham.
Este tipo de tareas tienen en su matriz subsanar problemas históricos. Cabe señalar que entre los argumentos que potenciaron la estatización de AySA durante el gobierno de Kirchner, estuvo la elevada cantidad de nitrato en agua como, por ejemplo, en pozos de Lomas de Zamora.
