El último informe elaborado por los equipos técnicos del Instituto Argentina Grande (IAG), encabezados por Gabriel Katopodis, arroja una señal de alarma sobre la creciente precarización del empleo en el país y, en particular, en la Provincia de Buenos Aires, donde el deterioro del mercado laboral golpea con más fuerza que en el promedio nacional, en un contexto marcado por las políticas de ajuste del gobierno de Milei.

Según el documento, al que accedió Buenos Aires/12, la tasa de desprotección laboral en la provincia alcanzó el 47,3 por ciento en el primer trimestre de 2025, por encima del promedio nacional, que se ubicó en 44,1 por ciento. El Gran Buenos Aires (GBA), que concentra buena parte de la población provincial, muestra una cifra aún más elevada con un 47,9 por ciento. Esto implica que casi la mitad de las personas ocupadas en la principal jurisdicción del país trabajan sin aportes, sin estabilidad, sin maquinaria propia ni calificación formal.

La contracara de esta situación es la baja proporción de trabajadores con empleo protegido. En el total nacional, el 41,3 por ciento de los ocupados se desempeña en condiciones protegidas, mientras que en la Provincia de Buenos Aires ese número cae al 40,8 por ciento y desciende aún más en el GBA, donde apenas el 40,4 por ciento de los ocupados cuenta con empleo formal y registrado en el sector privado.

El informe del IAG destaca que el empeoramiento de las condiciones laborales en la provincia fue más veloz que en el resto del país desde diciembre de 2023, con la asunción del gobierno de Javier Milei. Mientras que a nivel nacional la desprotección creció un 7 por ciento interanual entre el primer trimestre de 2024 y el mismo período de 2025, en la Provincia de Buenos Aires el salto fue del 13 por ciento, y en el GBA, aún mayor con un 15 por ciento.

Desde la asunción de Milei, el país perdió 98.800 empleos privados registrados, de los cuales más de un tercio corresponde a la Provincia de Buenos Aires, que sola acumuló 33.156 bajas, según el relevamiento. Este dato resume el impacto del ajuste sobre la estructura laboral bonaerense, profundamente dependiente de la industria, los servicios públicos y el consumo interno.

La disparidad entre empleo registrado y trabajo informal expone una doble vulnerabilidad. Por un lado, la mayor base estructural de empleo informal en la región metropolitana, por otro, el impacto más profundo del ajuste fiscal, la caída del empleo público y la contracción del consumo que afecta con particular crudeza a los sectores populares, de acuerdo al informe.

El relevamiento también consigna y compara que por cada 10 empleos privados perdidos en Buenos Aires desde noviembre de 2023, solo se crearon 1,8 nuevos puestos en Neuquén, lo que refleja el retroceso de las economías más industrializadas frente al modelo extractivista de enclave que gana fuerza en provincias del sur.

Un mercado reconfigurado y sin contención

La radiografía laboral muestra una transformación profunda y regresiva. De acuerdo con el IAG, durante los últimos 12 meses se sumaron 390.000 personas al universo del trabajo desprotegido, alcanzando un total de 5,9 millones en todo el país. Esta es la cifra más alta desde que se tienen registros comparables (2017-2025) para un primer trimestre.

En paralelo, el empleo público, tradicionalmente un amortiguador frente a las crisis, se redujo un 12 por ciento y representa hoy apenas el 15,5 por ciento de los ocupados. Esa contracción afecta particularmente a la Provincia de Buenos Aires, donde el Estado provincial y los municipios son grandes empleadores, especialmente en sectores feminizados como la educación, la salud y la administración pública.

El informe destaca que sólo el 15 por ciento de los desocupados del primer trimestre de 2024 lograron reinsertarse en un puesto de trabajo formal, un 11 por ciento en el sector privado y apenas un 4 por ciento en el sector público. En cambio, el 35 por ciento terminó trabajando en condiciones desprotegidas, el 25 por ciento permanece desocupado y otro 25 por ciento directamente desistió de la búsqueda laboral y cayó en la inactividad.

El rostro de la desprotección

Uno de los datos más preocupantes que ofrece el estudio tiene que ver con la feminización del deterioro. Las mujeres mayores de 66 años son el grupo más afectado por el avance del trabajo desprotegido. En ese segmento la tasa de desprotección creció un 14,6 por ciento en el último año. Esto se explica, en parte, por la caída del poder adquisitivo de las jubilaciones y el retiro de muchas mujeres del empleo público ante la pérdida de ingresos reales.

También son críticos los datos para las y los jóvenes. En el GBA, más de la mitad de los ocupados menores de 26 años trabaja en condiciones precarias: 56,6 por ciento en el caso de las mujeres y 57,4 por ciento en el caso de los varones. Esta franja etaria enfrenta además mayores dificultades para acceder a trabajos con protección social, y encuentra pocas oportunidades de formación o inserción laboral formal.

El panorama es desolador para el conurbano bonaerense, donde la expansión de la informalidad laboral, la reducción del empleo público y el estancamiento del empleo privado se combinan para conformar una zona de alta fragilidad estructural. Allí, la precarización no solo es más extendida, sino también más resistente al cambio.

La fragmentación por las brechas del trabajo

A nivel nacional, el informe del IAG confirma la tendencia con un mercado laboral argentino que se encuentra cada vez más fragmentado. Si bien hay provincias como Neuquén o Santa Cruz que muestran cierta recuperación del empleo privado registrado, esto no alcanza para compensar las pérdidas en las regiones más pobladas e industrializadas.

Al mismo tiempo, la brecha de género se profundiza. Las mujeres tienen tasas de desprotección más altas en todos los grupos etarios, y son mayoría en los sectores más golpeados por la reducción del empleo público. La tendencia se consolida con una estructura laboral argentina se aleja cada vez más de un esquema de mayor formalidad, estabilidad y equidad, de acuerdo a lo plasmado por el informe.

El trabajo del IAG no solo aporta una cuantificación del fenómeno, sino que plantea un diagnóstico político. La desprotección laboral no es un efecto colateral, sino un componente estructural del actual modelo económico. En este punto, advierte que la persistencia de esta tendencia dejará una marca duradera, con consecuencias sobre la calidad de vida, la desigualdad y la cohesión social.