El Gobierno Nacional designó mediante el Decreto 597/2025, publicado este miércoles en el Boletín Oficial, a los titulares de las nuevas agencias dependientes de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía: la Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte y la Agencia de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación. La primera reemplaza a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT).

Se trata de Carlos María Frugoni, nuevo Director Ejecutivo de la ex CNRT; y de Paolo Marino, que ocupará el mismo cargo en la agencia dedicada a la aviación. El comunicado del Gobierno resalta que "Frugoni, es arquitecto especializado en la gestión y ejecución de obras públicas y de infraestructura vial. Fue presidente de Autopistas Urbanas S.A participando en proyectos como la construcción del Paseo del Bajo, los Viaductos de trenes de las líneas Mitre y San Martín, pasos bajo nivel y la implementación del sistema de peaje Free Flow, entre otros logros".

Marino, por su parte, es "un Ingeniero Aeronáutico con una vasta trayectoria en el sector, habiéndose desempeñado como 1er vocal del Directorio del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA) y como asesor de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC)".

Lo que no dice el comunicado oficial acerca de los nuevos directores

Ambos tienen otros antecedentes. Cuando estaba en AUSA, puesto allí por Mauricio Macri en 2008, Frugoni le entregó al hijo de Nicolás Caputo un terreno top en Barrio Parque por 2 mil dólares hasta 2049. Caputo es íntimo amigo del expresidente, que lo definió como "hermano de la vida". Frugoni presidió AUSA durante la presidencia de Macri. En su gestión se hizo la obra del Paseo del Bajo, cuyo principal tramo se lo quedó el primo de Macri, Angelo Calcaterra, y la licitación quedó judicializada.

En el caso de Marino, fue directivo de Sol Líneas Áreas, y por su rol en la empresa fue procesado a raíz del accidente del 18 de mayo de 2011. Ese día, un avión de Sol con destino a Chubut se estrelló en Río Negro y murieron 22 personas. En febrero de este año, Marino fue uno de los directivos procesados por la Justicia, que consideró que el avión no tenía elementos esenciales de seguridad ni tampoco se había capacitado a la tripulación para lidiar con la acumulación de hielo en poco tiempo, causa del accidente. Irá a juicio y hay un embargo total de 235 millones de pesos sobre los bienes de los implicados.

Pese estos precedentes, el Gobierno confía en ambos funcionarios públicos.