La exdirectora de Asuntos de la Mujer y Diversidad de la Municipalidad de Tartagal, Carla Antonella Cordero, y las empleadas de esa oficina, Celeste Abigail Robles y Sandra Mabel Domínguez, irán a juicio oral y público como coautoras del delito de concusión agravada (exigir dinero de forma indebida) por su función y por ser cometido para provecho propio.

La decisión de que las ex funcionarias sean juzgadas se tomó luego de que en la audiencia de control de acusación la jueza federal de revisión Mariela Catalano considerara que hay suficiente evidencia para juzgarlas por el cobro ilegal de sumas de dinero a mujeres que ingresaban al programa Acompañar, financiado por el Estado nacional y destinado a fortalecer la independencia económica de mujeres y personas LGBTI+ en situación de violencia de género.

La magistrada hizo lugar al pedido del fiscal federal Marcos Romero. La acusación incluye al hijo de Domínguez, Lautaro Tomás Hurtado, quien no es funcionario público y que en su caso es acusado como partícipe necesario de concusión, dado que se que utilizó su cuenta bancaria para recibir los pagos exigidos a las beneficiarias.

En la audiencia realizada el jueves pasado, la fiscalía ratificó la acusación, mientras que las defensas plantearon cuestiones preliminares dirigidas a obtener el sobreseimiento. En cambio, el fiscal señaló que las evidencias son “fuertes y objetivas”.

La jueza rechazó los planteos de las defensas. Sostuvo que la evidencia era suficiente para el juicio y consideró que su peso debe ser debatido en esa instancia. 

La jueza dictó el auto de elevación a juicio oral y público del caso, por el cual la fiscalía estimó la aplicación de penas de cuatro años de prisión, más la accesoria de inhabilitación perpetua, por tratarse de un delito contra la administración pública. En este caso, se recordó que, si bien los acusados eran de la órbita municipal, los fondos administrados provienen del Estado Nacional, por eso interviene la justicia federal. 

La investigación se inició a raíz de varias denuncias. La primera fue realizada por una beneficiaria el 17 de noviembre de 2022. Luego hubo otra denuncia de una mujer que pidió reserva de su identidad, y también un grupo de concejales de Tartagal presentó otra denuncia y una diputada nacional por Salta. Además, se abrieron actuaciones preliminares a partir de la publicación en medios locales y en redes digitales. 

La investigación confirmó la relación de dependencia de tres de las personas imputadas con la Dirección de Asuntos de la Mujer y Diversidad del municipio de Tartagal desde enero de 2021, incluida la designación de Cordero en calidad de directora.

El Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación remitió la nómina de 2.489 beneficiarias, entre ellas dos de las denunciantes. También se detectaron integrantes de la propia dirección municipal y de sus familiares, como el caso de los hijos de Domínguez.

Por otra parte, a partir de la información y respuestas de la exAFIP, el Banco Central y otras entidades bancarias, la fiscalía constató que beneficiarios del programa transfirieron diferentes sumas de dinero a cuentas bancarias relacionadas con las funcionarias imputadas y Lautaro Hurtado.

La fiscalía consideró que Cordero Soria, Domínguez y Robles exigieron dinero en forma ilegítima a beneficiarias del programa federal como condición para acceder a él, independientemente de que las personas damnificadas estuvieren en condiciones objetivas de obtenerlo.

Las pesquisas también permitieron establecer que si las personas sometidas a esta maniobra dejaban de entregar el pago acordado, se les daba de baja el plan. Para ello, se les impedía el cobro tras la alteración de sus datos en el sistema.

De acuerdo con la acusación fiscal, Hurtado hacía de intermediario, pues facilitaba su cuenta bancaria para canalizar la obtención de los pagos ilegales que hacían las beneficiarias y ofrecía el acceso al programa a personas de su entorno a cambio de un porcentaje, e incluso llegó a percibir ese dinero indebido en efectivo.