La Convención Constituyente adelantó un buen tranco en el trámite de reforma al concluir y poner ya a debate final una docena de dictámenes consensuados en la comisión de Declaraciones, Derechos y Garantías. El menú es amplio, tanto como que se proponen modificar 16 artículos de la Constitución provincial, y sumar algunos nuevos derechos que en 1962 –cuando se redactó la Carta Magna actual– no contaban como tales, o ni siquiera existían como tema de agenda pública.Todos los dictámenes salieron por mayoría, y solo La Libertad Avanza rehusó acompañar las mociones de los otros convencionales.
Tal el caso de reformas propuestas a los artículos 2º (introduce que los tratados internacionales ratificados por Nación también marcan un límite a las atribuciones del Estado provincial), 13º (derecho de reunión), 19º (derecho a la salud) y 22º (derecho a la cultura). Innovaciones que pretenden darle jerarquía constitucional acorde al presente. Lo firmaron los bloques de Unidos para Cambiar Santa Fe, Más para Santa Fe, Somos Vida y Libertad, Frente de la Esperanza y Activemos. Todos, menos el sector libertario. Luego, salió un paquete de reformas a varios artículos con la firma solo del oficialismo y su aliado, Unidos más Frente de la Esperanza. Se trata de cambios en los artículos 3º (el Estado dejará de tener religión oficial, como ahora lo es la católica), 9º (privación de la libertad, alcance del hábeas corpus), 11º (libertad de expresión y de prensa), 17º (recurso de amparo y hábeas data), 20º (derecho al trabajo).
De la misma manera, ya en el capítulo del régimen electoral, el oficialismo impulsó un dictamen para cambiar los artículos 29º (derechos políticos, sufragio activo, edad y nacionalidad), y 20º (introducir el concepto conocido como "ficha limpia"). Asimismo, se emitió dictamen para introducir modificaciones del 109º al 113º, todos referidos a educación.
La comisión que preside Alejandra Rodenas produjo, además, un dictamen sobre nuevos derechos a consagrar con rango constitucional en la provincia. Refiere a consideraciones actuales de la sociedad presente, tales como derechos digitales, ciencia e innovación, protección del ambiente; derecho al agua; consumidores y usuarios; y medidas de acción positiva. Esto último refiere a que el Estado garantice "condiciones de igualdad y no discriminación", en favor de "la protección integral de las niñas, niños y adolescentes", diversidades, mujeres, juventudes, pueblos originarios.
En ciencia e innovación, la reforma le confiere carácter de "bien común de la sociedad, un derecho de las personas y una herramienta estratégica para el desarrollo socioproductivo, sustentable e inclusivo". Apunta a que el Estado provincial promueva desarrollo en este sentido, con políticas públicas activas y presupuesto.
Un capítulo esperado era el de introducir los derechos de usuarios y consumidores. El dictamen consagra para esta dimensión ciudadana "derechos a la dignidad, a la educación, al acceso al consumo sustentable, seguro y de calidad, a la protección de su privacidad, a la indemnidad personal y patrimonial conforme a los principios de prevención, precaución y de reparación integral, a la información, al acceso gratuito a la justicia y tutela efectiva, a asociarse para la defensa de estos derechos".
En materia ambiental, la nueva letra concibe como derecho ciudadano el "gozar de un ambiente sano, equilibrado, sostenible y apto para el desarrollo", como también "el deber de cuidarlo y protegerlo con enfoque intergeneracional y colaborar con la acción climática". También le asigna aquí obligaciones al Estado, provincial y municipios, de velar de manera activa en esta temática, algo vital para poner de relieve la prevención en el humedal del Paraná.
Para este paquete de nuevos derechos consensuaron todos los bloques de convencionales, menos el de La Libertad Avanza, que presentó uno propio. El bloque referenciado en el diputado nacional Nicolás Mayoraz se despegó de toda la producción de esta comisión, y en cada caso presentó dictámenes propios. Una actitud que viene reiterando en cada una de las comisiones redactoras, la de presentar dictámenes en minoría.
Nuevos derechos
Entre los derechos de nueva generación se cuentan los digitales, que reconocen la conectividad, la ciberseguridad y la protección de datos, y también y las medidas de acción positiva frente a desigualdades estructurales.
De aprobarse finalmente, la Carta Magna mandará a garantizar el acceso general a la conectividad, la infraestructura tecnológica y la alfabetización digital. De la misma manera, quedarían protegidos los datos personales y la privacidad que se expone en la vida cibernética, como también la "autonomía mental". Se propone construir "ciudadanía digital inclusiva" y políticas de ciberseguridad, "con especial protección a niños, niñas y adolescentes".
"Queremos una tecnología al servicio de los derechos humanos”, dijo la socialista Gisel Mahmud. Y los libertarios volvieron a disentir aquí por considerar que "esos derechos ya están garantizados en la Constitución".
A vuelo de pájaro, esta secuencia de la Convención tuvo pasajes de intenso debate por propuestas muy comentadas en la previa, incluso con aportes diversos de la ciudadanía. Tal el caso de la protección del ambiente, que inscribe el derecho "de toda persona a gozar de un entorno saludable" y le asigna responsabilidad al Estado de "impulsar políticas públicas" basadas en principios como la prevención, la solidaridad y la acción climática. A Juan Pedro Aleart lo miraron de soslayo cuando criticó la incorporación de nuevos derechos y obligaciones en este capítulo, por entender que "los derechos ya están protegidos". "Ah, bueno, entonces cerramos todo y nos vamos a casa, si no hay nada que hacer", ironizó otro convencional.
A diferencia de los desencuentros que protagonizaron el oficialismo con el peronismo en jornadas previas, aquí hubo celebración del consenso entre ambos bloques para firmar tantos dictámenes en armonía. Por ejemplo, en establecer el agua como un bien colectivo y que le asigna al Estado la obligación de garantizar el acceso universal y proteger el recurso. Aquí Aleart dio la nota otra vez cuando LLA avisó que no firmaría el dictamen y él tildó esta reforma como "una mentira" porque "Assa está fundida y hace 20 años que no hace obras". Victoria Capocetti (Activemos) lo paró en seco: "El artículo obliga al Estado a articular políticas públicas. Es para el presente. Negarse a negociar no es democrático, sino una postura dictatorial y sesgada”.
