El gobernador Axel Kicillof pretende ordenar el esquema tarifario del servicio de energía en la provincia de Buenos Aires, que en el análisis del gobierno quedó severamente atrasado desde la época de gestión de María Eugenia Vidal y como producto del impacto de la pandemia de coronavirus. Por eso, ordenó acelerar el proceso de Revisión Tarifaria Integral (RTI), al tiempo que espera definiciones de la Legislatura en la materia.

Es que, como dio cuenta Buenos Aires/12, el 7 de mayo giró al Poder Legislativo un proyecto de ley ómnibus que, entre otras cosas, contempla la declaración hasta el 31 de diciembre de 2026 de siete emergencias en materia penitenciaria, de seguridad pública, de infraestructura, hábitat, vivienda, servicios públicos y energética. Esto permite a las carteras afectadas, poder tomar medidas y realizar contrataciones de un modo más laxo que en las situaciones regulares.

El texto marca que, en ese contexto, encomienda al Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos a llevar adelante el proceso que culmine con la implementación de la revisión tarifaria integral del servicio de energía eléctrica, “que le permita alcanzar los acuerdos de entendimiento para resolver de modo armónico las cuestiones suscitadas con las empresas concesionarias durante la emergencia energética, confiera sustentabilidad a la prestación del servicio con la normalización de la etapa de transición tarifaria”. La propuesta avanzó en la comisión a la que tuvo giro, pero no llegó todavía al recinto.

“Cuando asumimos había un congelamiento hasta el 31 de diciembre de 2019, con los precios de mayo. Se declaró en ese momento la emergencia, que nos da la función de hacer la revisión tarifaria, la hicimos y quedamos en posición de empezar. Ahí estalla la pandemia y ahora nos encontramos con una tarifa bastante atrasada”, describió a Buenos Aires/12 el subsecretario de Energía, Gastón Ghioni.

En 2019, cuando transitaba los últimos meses de gobierno, Vidal definió la suspensión de los aumentos, que comenzarían a regir desde enero, ya con Kicillof como gobernador. Entre sus primeras medidas, entonces, el mandatario oficializó la suspensión por 180 días de los aumentos en la tarifa del servicio de electricidad de las distribuidoras Edelap, Edea, Eden y Edes.

“Lo que veníamos conversando con el gobierno nacional hasta 2023 era iniciar un sendero de precios, porque no podíamos poner de golpe un tarifazo. En ese momento la Nación nos dio a las provincias el margen de ir ordenando”, recordó Ghioni, aunque destacó que la compleja situación económica por el impacto de la inflación complejizó los planes.

Así, pese a que la Legislatura aún no tomó una definición sobre el proyecto que envió el gobernador, la Subsecretaría de Energía ya trabaja con las cooperativas eléctricas y las prestadoras provinciales para poner en marcha la revisión. “Con la emergencia teníamos el marco normativo, la ley no está pero saldrá en algún momento”, se esperanzó. Asimismo, apuntó a la actual gestión de Javier Milei, al fustigar con que “Nación hizo una revisión tarifaria express en cuatro meses, nosotros la estamos haciendo en serio”.

Cómo encara la Provincia la revisión tarifaria

A través de la Resolución 767 del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, la Subsecretaría de Energía selló este año un convenio con la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA) con el fin de llevar adelante el proceso de revisión.

Tal establece el convenio, los objetivos centrales comprenden la elaboración de un plan de inversiones obligatorias de largo plazo que demanda, entre otras cosas, estudiar y proyectar la demanda eléctrica para los próximos cinco años identificando cuellos de botella, como también establecer el requerimiento de ingresos de las empresas distribuidoras para garantizar la prestación del servicio en condiciones de calidad.

Asimismo, convoca a diseñar un cuadro tarifario nuevo, revisando su estructura y categorías tarifarias y la asignación de costos, que implica, por ejemplo establecer una tarifa homogénea para los usuarios residenciales, como también definir una categoría de tarifa social que garantice la accesibilidad del servicio público por parte de los sectores de menores ingresos de la provincia.

Entre los objetivos centrales también se apunta a definir nuevos parámetros de calidad del servicio y producto y establecer nuevas penalidades y asesorar en el trabajo de revisión y reasignación del Fondo Compensador de las Cooperativas.

Tal establece el texto, la Revisión Tarifaria Integral se realizará en dos etapas. La primera está vinculada a la valuación física de los activos y la obtención de toda información técnica necesaria para garantizar la prestación del servicio público de distribución, en condiciones seguras y acordes a la demanda prevista en cada zona.

En tanto, la etapa dos implicará la definición de las variables necesarias para determinar el ingreso requerido y la determinación de una propuesta de estructura tarifaria.