El próximo gobernador o gobernadora de la provincia de Santa Fe tendrá la facultad de indultar a un empleado policial que incurra en un caso de los conocidos como “gatillo fácil” si prospera, como todo indica que prosperará, el dictamen de mayoría de la comisión de Poder Ejecutivo y Poder Legislativo de la Convención reformadora de la Constitución provincial. Una de las “atribuciones” que el nuevo texto pone en cabeza del titular del Ejecutivo amplía el universo de personas indultables en relación al anterior, lo que, para el convencional de Más para Santa Fe, el abogado constitucionalista Diego Giuliano, constituye un “resabio medieval”.
Se trata del inciso 17 del artículo 72 de la Constitución, que de acuerdo al dictamen de mayoría que firmaron los reformadores de Unidos, del Frente de la Esperanza y Emiliano Peralta, de Somos Vida y Libertad (la bancada de Amalia Granata), quedaría redactado de la siguiente manera: el gobernador de la provincia “puede indultar o conmutar penas por delitos sujetos a la jurisdicción provincial, previo informe de la Corte Suprema de Justicia, excepto respecto de delitos contra la administración pública”.
Es decir que la materia vedada para el ejercicio de esa atribución del titular del Poder Ejecutivo es cuando se trate de los denominados delitos de corrupción, “contra la administración pública”.
Sin embargo, el actual texto constitucional es más restrictivo de esa facultad que Giuliano considera como un “resabio medieval”, homologable con los atributos conferidos en esa época histórica a los monarcas, y que luce menos vistosa en el ropaje democrático y republicano.
El actual inciso 16 del artículo 72 de la Constitución santafesina dice que el gobernador “indulta o conmuta penas impuestas dentro de la jurisdicción provincial, con informe previo de la Corte Suprema de Justicia”. Pero agrega que “no puede ejercer esta facultad cuando se trate de delitos cometidos por funcionarios o empleados públicos en el ejercicio de sus funciones”. De ese modo, ya no se trata sólo de delitos contra la administración pública, sino de aquellos cometidos “por funcionarios o empleados públicos”, lo cual incluye también al personal de la Policía de la Provincia de Santa Fe en hechos de violencia institucional, por ejemplo.
La cuestión fue mencionada ayer en la primera y extensa reunión de la comisión Redactora de la Reforma. Tanto el convencional del PRO Lucas Incicco, cuanto la de Más para Santa Fe Lucila De Ponti, recordaron que el texto de ese inciso debe “armonizarse” con el de la cláusula democrática y republicana que tendrá la nueva Constitución.
Dicha cláusula busca garantizar la defensa del orden constitucional, los derechos humanos y la memoria, verdad y justicia como política de Estado. En la ley que declaró la necesidad de la reforma, se señala que la cláusula democrática y republicana deberá garantizar “el respeto al principio republicano de división de poderes y preservación del Estado de Derecho como pilares fundamentales del sistema democrático”. Que el titular del Ejecutivo posea atributos para adoptar una resolución contraria a otra tomada por el Poder Judicial luce como una evidente colisión.
Tentativa de indulto
La cuestión no es menor si se tiene en cuenta que el actual mandatario, el radical Maximiliano Pullaro, evaluó la posibilidad de firmar un indulto en el caso del policía Luciano Nocelli, condenado en 2022 a 25 años de prisión por homicidio agravado por el uso de arma de fuego en dos hechos.
Nocelli junto a otro policía de apellido Leone intervino el 21 de mayo de 2019 en una denuncia de robo en bulevar 27 de Febrero y Buenos Aires de Rosario. De acuerdo a la investigación, se produjo un tiroteo entre uno de los presuntos delincuentes, Maximiliano Rosasco (35), quien abrió fuego luego de la voz de alto de los uniformados, por lo que ocurrió un intercambio de disparos.
De acuerdo a la investigación que llevaron adelante los fiscales Gastón Ávila y Adrián Spelta, Nocelli remató a Rosasco una vez que estaba herido e indefenso en el piso, mientras que baleó por la espalda a su cómplice, Jimena Gramajo, que miraba la escena desde una motocicleta.
Los jueces Román Lanzón, Carlos Leiva y Mariano Aliau dictaron una sentencia condenatoria para Nocelli de 25 años de prisión al considerar que cometió un “abuso de sus funciones como miembro integrante de una fuerza de seguridad”. Mientras que absolvió a Hugo Leone, el otro empleado policial que participó del hecho.
Tras batallar política y mediáticamente, el gobernador Pullaro consiguió que la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe anule en noviembre de 2024 esa sentencia y ordene a un tribunal inferior dictar otra, algo que aún no sucedió.
Tras esa resolución del máximo tribunal, el ministro de Justicia y Seguridad Pablo Cococcioni en persona, junto al entonces jefe de Policía de Rosario, distrajeron recursos públicos destinados al área para rodear la manzana del Centro de Justicia Penal con patrulleros, motocicletas y camionetas de la fuerza a los efectos de asistir a la audiencia que le otorgó la libertad a Nocelli, a quien ambos funcionarios abrazaron con fruición.
Apenas unos meses después, en abril de 2025, Cococcioni y el senador por del departamento Rosario, Ciro Seisas, anunciaron la presentación de la Ley Luciano, un proyecto legislativo destinado a “que funcionarios judiciales se capaciten para evaluar jurídicamente el accionar policial en casos de presunta legítima defensa”. Según cómo quede “armonizado” el inciso 17 del artículo 72 de la nueva Constitución, el próximo gobernador podrá firmar un indulto y reducir los tiempos judiciales.
