Las organizaciones locales vinculadas a discapacidad repudiaron el escándalo de corrupción por posible pago de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) y reclamaron transparencia al gobierno. Desde la Asociación de Instituciones para Personas con Discapacidad de Santa Fe (Apridis) exigieron que se suspendan las auditorías y que se restituyan las pensiones que fueron dadas de baja, mientras avanza la investigación. “La forma en que se hizo ese proceso no fue prolija y nunca se acompañó a las personas con discapacidad”, cuestionó Julieta Cola, referente del organismo. Por su parte, Pablo Bolego, de la Asociación de Transportistas Especiales (Atraes), remarcó que las auditorías formaban parte de una “campaña de difamación” para ajustar en el sector. “Es un ajuste que va a los bolsillos de ellos porque, en definitiva, las denuncias que escuchamos tienen que ver con vueltos, retornos, y sobreprecios de medicamentos del programa Incluir Salud y de la Andis”, apuntó.
El escándalo se desató luego de que se filtraran una serie de audios atribuidos a Diego Spagnuolo, el extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad. En los audios se denuncia un esquema de corrupción que involucra a altos funcionarios del gobierno, con el cobro de coimas en la compra de medicamentos. Entre los apuntados por esos hechos aparecen la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, y Eduardo “Lule” Menem, secretario de la misma área. La olla se destapa en medio del reclamo que mantienen organizaciones y familias de personas con discapacidad por mejorar las prestaciones y aranceles en el sector.
En ese marco, desde Apridis emitieron un comunicado este lunes, donde exigen que se restablezcan las pensiones que fueron quitadas en el marco de las auditorías. “Solicitamos a los representantes de los distintos organismos del sector de discapacidad la plena transparencia de sus acciones, en pos de garantizar los recursos y garantías constitucionales que promuevan la defensa de los derechos de los ciudadanos con discapacidad”, señala el comunicado. La organización también pidió que se continúe con el pago de las prestaciones brindadas a la fecha y que se suspendan las auditorías, mientras la Justicia avanza para esclarecer el caso.
Para Cola la difusión de los audios generó “un fuerte impacto” en todo el sector de discapacidad. “Desde que asumió, el gobierno venía con un discurso en favor de la trasparencia y la claridad, pero estos audios parecen demostrar que les interesa todo lo contrario”, sostuvo en diálogo con Rosario/12. “Ya hay mucha incertidumbre y esto solo aporta mayor confusión. Lo que esperamos desde Apridis es que pueda clarificarse lo antes posible, que se pueda conocer la verdad y que la Justicia actúe para poder aclarar todo esto”, añadió.
La referente de Apridis manifestó su preocupación por la intervención de la Andis y pidió revisar las auditorías realizadas por el gobierno. Desde el inicio de ese proceso, las organizaciones denunciaron la desprolijidad y la desorganización con la que se instrumentó. Siguiendo esa línea, denunció que las notificaciones para asistir a las auditorías no llegaron a tiempo, explicó que muchas familias debieron presentar documentos que ya fueron validados en otras oportunidades y, quizás lo más grave, criticó que no se acompañó a las personas que atraviesan una situación de vulnerabilidad.
“Nosotros consideramos que está bien que se audite para detectar irregularidades. Pero la forma en que se hizo ese proceso no fue prolija y nunca se acompañó a las personas con discapacidad”, expresó y agregó: “Las personas que tuvieron el acompañamiento de un centro de día, o que están enmarcadas dentro de un grupo de familiares, no tuvieron los mismos resultados que aquellas personas que no cuentan con esa posibilidad. Cumplir los requisitos que plantearon, para alguien que atraviesa una situación vulnerabilidad, es mucho más difícil. En general, estas personas han perdido su pensión”.
Enojo en los transportistas
Entre los prestadores crece una preocupación: que el revuelo en la Andis redunde en un corte de la cadena de pagos. Previo a la difusión de los audios, el sector logró aprobar en el Congreso una ley de emergencia en discapacidad que postulaba regularizar el pago a prestadores, actualizar aranceles y reformar pensiones no contributivas, entre otros aspectos. La ley fue vetada por el presidente Javier Milei, pero en Diputados las organizaciones lograron rechazar el veto y estiman que suceda lo mismo en Senadores. Sin embargo, el escándalo de corrupción suma incertidumbre a posibilidad de mejorar la situación de los trabajadores del rubro.
“En el sector no salimos del estado de shock. Imaginate escuchar esos audios después de padecer todo lo que hemos padecido los prestadores. Tenemos instituciones que están al borde de la quiebra, que están endeudados con ARCA, y algunos que han sacado créditos para pagar los aguinaldos o los impuestos. Es un drama tremendo”, detalló Bolego a Rosario/12.
“Por otro lado, mientras hacían viajar cientos de kilómetros a las personas con discapacidad para poder asistir a una auditoría, resulta que el dinero que recortaban en discapacidad se termina yendo a través de la coima de estos personajes que son nefastos. La verdad que estamos muy preocupados y angustiados”, añadió.
El referente local de Atraes remarcó que en el rubro transporte, la situación es particularmente delicada. Los altos costos que significa mantener una unidad conviven con el desfasaje cada vez más marcado en los aranceles que perciben. Ese combo fatal generó que haya menos servicios. A nivel nacional, la Federación Argentina de Tansportistas para Personas con Discapacidad (Fatradis) reveló que en los últimos dos años hay un 35% menos de transportistas para personas con discapacidad en todo el país. En Rosario, hay vigentes unas 117 habilitaciones, cuando unos pocos años atrás se superaban las 130.
Ante ese escenario, Bolego apuntó contra el gobierno por el ajuste en el sector, al que ahora se le suman sospechas de corrupción. “Todo lo que dijo el gobierno sobre las auditorías formó parte de una campaña de difamación, con el claro objetivo de llevar adelante un ajuste. Es un ajuste que va a los bolsillos de ellos porque, en definitiva, las denuncias que escuchamos tienen que ver con vueltos, retornos, y sobreprecios de medicamentos del programa Incluir Salud y de la Andis”, criticó. “Hay mucho enojo y esto se va a traducir en las calles y muy probablemente en las urnas en octubre”, estimó.
