Un tejido recubre el perímetro de la plaza 25 de Mayo. Está en obras y su remodelación avanza a contrarreloj: es una de las intervenciones anunciadas por el Municipio, en el marco del Tricentenario de la ciudad. Por eso, una mediasombra tapa todo lo que sucede adentro. Y adentro suceden cosas. Como todos los jueves, las organizaciones de derechos humanos de la ciudad rondan la Columna a la Libertad, manteniendo vivas las consignas de memoria, verdad y justicia. Al clima íntimo de esa plaza encapsulada, apartada del ritmo vertiginoso de la ciudad, también se suman los familiares y víctimas de la violencia institucional de Rosario. Como una forma de empezar a zurcir un movimiento popular que parece resquebrajado. Como una forma de volver a las fuentes y reactivar la memoria. Y también de alertar sobre "el riesgo enorme" que implica la ampliación de la potestad de indultar para el gobernador, aprobada para el nuevo texto constitucional de la provincia.
“Este año decidimos cambiar el formato, pensando en un contexto donde está costando mucho movilizarse. Hay una fragmentación marcada de algunos actores vinculados al mundo de las luchas sociales o populares, sumado a una coyuntura que dificulta el encuentro. Por eso, creemos importante potenciar alianzas y acordamos, junto a los organismos de derechos humanos, hacer una actividad conjunta”, explicó Marilé Di Filippo, integrante de la Multisectorial contra la Violencia Institucional de Rosario.
“En un momento de tanto vapuleo a los derechos humanos, es importante poder volver a habitar los lugares que fueron fundantes de un modo de manifestar”, agregó.
El jueves 28 de agosto, en el marco de una nueva edición de la Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil, la Multisectorial concentró en la plaza 25 de mayo de la ciudad. No fue una actividad más: es la décima vez que la actividad se replica en la ciudad. Una década de trabajo y militancia sosteniendo un mismo mensaje: denunciar los abusos, los hostigamientos, la violencia y los asesinatos cometidos por las fuerzas de seguridad, remarcando que la responsabilidad de esos hechos es del Estado.
“Son diez años en los que logramos poner el tema en agenda. No fue solo sostener una marcha al año, sino que acompañamos a las familias víctimas de la violencia institucional y ejercimos un reclamo constante en los tribunales”, analizó Julieta Riquelme. A principios de 2015, su hermano Jonatan Herrera fue asesinado por agentes de la Policía de Acción Táctica. Lo confundieron con otro joven al que perseguían, por robar una juguetería. Le dispararon 52 veces, mientras lavaba el auto en frente de su casa. Tenía 23 años.
“En este tiempo pasaron muchas cosas, pero creo que lo más importante es que pudimos colectivizar una lucha. Esto que armamos no es solo por un pibe, es por todos, pero fundamentalmente para que deje de suceder”, dice y agrega: “Es un camino que enseñaron nuestras madres y nuestras abuelas, y nosotros estamos siguiendo esos pasos. Tenemos un pueblo con memoria y el desafío es reactivarla, cada vez que sea necesario”.
El contexto
La actividad del jueves en Rosario es una búsqueda por adaptar el reclamo a los tiempos que corren. La criminalización de la protesta social por parte del gobierno nacional, que se materializa en su forma más cruda con el protocolo antipiquetes de Patricia Bullrich, no configura el mejor de los escenarios para las organizaciones que usan la calle como herramienta para expresar sus demandas. Al combo se le suma un contexto económico duro, donde resolver el “día a día” se vuelve una tarea cada vez más difícil para los sectores populares. Por eso, la concentración en Rosario no fue una más.
“Tenemos un registro construido, por nuestra rica y densa historia política, de que las movilizaciones masivas suelen tener repercusión y son las que hacen saltar los resortes de las instituciones del poder. Aprendimos que si llenamos la plaza, algo se tiene que mover. Pero esto no está siendo así en el último tiempo y es importante poder advertir esos cambios: estamos ante una clase política mucho más insensible e indolente, sobre todo a nivel nacional. Entonces, es preciso volver a esos sentidos más comunitarios de la movilización”, evaluó Di Filippo. “Creo que el ojo tiene que estar ahí, en las cosas nuevas que podemos intentar hacer en este contexto, no en lo que viene siendo nuestro manual de usos”, agregó.
Para Riquelme, más allá de las formas, lo importante es seguir acompañándose mutuamente y recordar que es una lucha que importa: “La situación actual del país es muy compleja, no solamente para nosotros como familiares de víctimas, sino para la sociedad en su conjunto. Antes que un montón de otras cosas, uno tiene que salir a laburar y, en la mayoría de los casos, tener más de un trabajo como para parar la olla en casa. Esas cosas son, en principio, las primeras complicaciones que hacen que muchos no se puedan acercar de la forma en que siempre lo hicieron. Más allá de eso, nos sentimos acompañados por un montón de personas a las que les interesa la vida de nuestros pibes”.
Indulto
Las consignas del encuentro giraron en torno a las de otros años: ni un pibe menos, basta de gatillo de fácil y violencia institucional, no a la criminalización de la pobreza, no a la militarización de los barrios. Pero cada año tiene su contexto. En este caso, la concentración se realizó el día después que la Convención Reformadora aprobara una ampliación de los atributos del gobernador para firmar indultos, incluyendo casos de gatillo fácil.
Se trata del inciso 17 del artículo 72 de la Carta Magna. El dictamen de mayoría firmado por la coalición oficialista Unidos y el Frente de la Esperanza, más el voto de Emiliano Peralta, de Somos Vida y Libertad, plantea que el gobernador de la provincia “puede indultar o conmutar penas por delitos sujetos a la jurisdicción provincial, previo informe de la Corte Suprema de Justicia, excepto respecto de delitos contra la administración pública”. Luego, en el recinto, la mayoría de los espacios aprobaron el dictamen en general, aunque muchos convencionales rechazaron ese punto en la votación particular.
Desde la Multisectorial señalaron que la nueva redacción es “menos restrictiva” que la original, que no permite el indulto para los funcionarios y empleados públicos que hayan cometido delitos graves en el ejercicio de sus funciones. Ahora, el indulto solo queda vedado para los delitos de corrupción “contra la administración pública”. “Se trata de un claro retroceso en leyes y garantías constitucionales como así también en los compromisos asumidos en el marco de los tratados internacionales de derechos humanos”, denunciaron en el documento leído en la concentración.
Para Di Filippo, la cuestión representa “un riesgo enorme”, con la particularidad de que se aprobó un día antes de la Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil. “Creemos que en el contexto actual, de mayor presencia policial, de situaciones continuas de hostigamiento y de persecución a jóvenes, con las mayores facultades que contemporáneamente tiene la policía provincial para avanzar sobre la ciudadanía en general, obviamente que es un riesgo enorme con el que no estamos de acuerdo. Estamos apoyando a quienes buscan revisar qué se hace con eso a nivel constitucional”, consideró.
Desde la organización remarcan que el apartado va más allá de una cuestión semántica. Como ejemplo, recordaron que el actual gobernador, Maximiliano Pullaro, evaluó la posibilidad de firmar un indulto al policía Luciano Nocelli, condenado a 25 años de prisión por homicidio agravado por el uso de arma de fuego, en medio de un enfrentamiento con un presunto delincuente, ocurrido en 2022. Finalmente, en noviembre del año pasado, la Corte provincial anuló la condena contra el policía. En abril pasado, el gobierno anunció la presentación de la Ley Luciano, que busca “concientizar a la Justicia sobre policías que actúan en legítima defensa”.
“Es algo que ya ha pasado, con gobiernos posicionándose en defensa de la actuación de las fuerzas policiales. Nosotros queremos un Estado presente, pero de otra forma. Un Estado presente para nuestros pibes en nuestros barrios. Los que terminan pagando con su propia vida son siempre del mismo sector de la población: nuestros pibes que están en los barrios de la ciudad”, analizó Riquelme.
El horizonte
En su recorrido, la Multisectorial ha tenido una labor fundamental en la visibilización de casos que son históricos y paradigmáticos en la ciudad. Desde Jonatan Herrera y Pichón Escobar, hasta el de la bibliotecaria María de los Ángeles Paris y Carlos “Bocacha” Orellano, cuyo cadáver fue hallado flotando en el río tras ser expulsado por personal de seguridad del boliche Ming, en febrero del 2020. El listado de víctimas de la violencia policial es extenso y los nombres se repiten, mientras los familiares rondan la plaza. Brandon Romero, Carlos Godoy, Jonatan Ojeda, Brandon Cardozo, Iván Mafud...
En la organización ahora aguardan novedades en el caso de Franco Casco. El 18 de julio de 2023, la Justicia federal absolvió a los 19 policías acusados por su desaparición forzada seguida de muerte, luego de haber sido detenido en la comisaría séptima de la ciudad, en octubre de 2014. Su cuerpo fue encontrado tres semanas después en el río Paraná.
Sin embargo, un año después de aquel fallo, el Tribunal de Casación anuló las absoluciones y ordenó dictar una nueva sentencia. “Esperamos que la Justicia esté a la altura de las circunstancias y que haya alguna definición condenatoria, no el fallo bochornoso que tuvimos años atrás”, sostuvo Di Filippo.
Asimismo, Riquelme remarcó que más allá de los casos resonantes, hay un trabajo subterráneo de la organización en el acompañamiento y asesoramiento de situaciones que no contemplan muertes, pero que también representa una grave violación a los derechos humanos.
“Sabemos de pibes que son golpeados por la policía, que son hostigados, que los detienen cuando no tienen un documento. Todas esas cosas que no se mencionan son las que acompañamos en el día a día. Son prácticas que quizás tienen una menor condena social, pero que en muchos casos han terminado con la vida de muchos de nuestros pibes”, finalizó.
