Un tribunal de París empezó a juzgar este lunes a doce activistas proeutanasia por haber ayudado a varias personas, enfermas o no, a comprar los barbitúricos necesarios para poner fin a sus días. El proceso, de fuerte carga simbólica y mediática, llega en un momento clave: el Senado francés debe debatir en octubre un proyecto que autorizaría la eutanasia y el suicidio asistido en casos limitados, después de que la Asamblea Nacional diera su visto bueno en mayo.
Los acusados, con edades que oscilan entre los 74 y los 89 años, pertenecen al grupo Ultime Liberté (Última Libertad), una escisión de perfil más radical de la Asociación por el Derecho a Morir con Dignidad (ADMD). Antes del inicio de la vista, alrededor de setenta miembros del colectivo se concentraron frente al tribunal con chalecos amarillos y pancartas que reclamaban “controlar su vida hasta el final”. Para muchos de ellos, el juicio es también una tribuna: “Estamos bastante satisfechos de que haya un juicio para poder mostrar [el tema] a la opinión pública”, declaró Monique Denis, de 69 años y esposa de uno de los encausados.
La acusación sostiene que los imputados, entre agosto de 2018 y noviembre de 2020, colaboraron en la compra por internet de pentobarbital, un barbitúrico que provoca una muerte rápida y, según se argumenta, indolora. Los envíos habrían partido desde una red desarticulada tras una investigación iniciada en 2019, cuando las autoridades estadounidenses alertaron sobre una trama mexicana que comercializaba barbitúricos bajo la etiqueta aparentemente inocua de “Natural Cosmetics” y los remitía a distintos países. En función de esos hechos, la fiscalía imputa a las doce personas delitos vinculados a la legislación sobre el tráfico de sustancias ilícitas.
Ultime Liberté defiende una posición sin concesiones: reclama el derecho a un suicidio “tranquilo” aunque la persona no padezca una enfermedad terminal. “Hay muchas leyes que impiden la libertad del suicidio, de un suicidio no violento”, resumió a la prensa Claude Hurry, presidenta del grupo. Para la principal acusada, la mera posesión de la llamada “píldora mágica” supone una garantía íntima: no depender de un “dictado médico” permitiría a cientos de personas envejecer con mayor serenidad respecto al final de su vida. Esa reivindicación choca con la argumentación de los fiscales y de buena parte del arco político y médico, que alertan sobre los riesgos de banalizar la muerte voluntaria y sobre la protección de los más vulnerables.
El pentobarbital, cabe recordar, está autorizado en Francia para usos veterinarios, como anestésico y eutanásico. En países como Bélgica o Suiza sí se recurre a esa sustancia en contextos de suicidio asistido, prácticas reguladas por marcos legales que imponen condiciones estrictas. Ese contraste subraya la tensión entre legislaciones nacionales diferentes y el fenómeno del “turismo de la muerte”, además de la facilidad --y los peligros-- que implica el acceso por internet a fármacos que facilitan el final de la vida.
El juicio plantea además preguntas sobre proporcionalidad penal: ¿qué pena corresponde cuando la ayuda proviene de activistas mayores, motivados por una convicción ética y no por lucro? ¿Se trata de un delito de tráfico o de una forma de desobediencia civil destinada a presionar por cambios legislativos? El proceso, previsto hasta el 9 de octubre, promete ser una pieza más en el debate público que atraviesa a Francia: mientras el Senado discute la posible apertura legal a la eutanasia y al suicidio asistido, la sociedad se enfrenta a dilemas morales, médicos y jurídicos sobre quién debe decidir sobre el final de la vida y en qué condiciones.
