Hace un par de semanas el presidente de Sudán, nación que atraviesa una cruenta guerra civil, en una alocución en español les solicitó a los colombianos y al presidente Gustavo Petro que detuvieran el envío masivo de exmilitares que están llegando a engrosar las filas de los ejércitos paramilitares de las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) en la zona de Darfur. Alrededor de 300 connacionales han sido reclutados aquí con rumbo a la nación africana.
El año pasado, el excanciller Luis Gilberto Murillo afirmó que no menos de 300 colombianos habrían muerto en Ucrania en el conflicto bélico de ese país con Rusia. De los más de 8.000 mercenarios que se enrolaron al ejército ucraniano el contingente más numeroso era y sigue siendo el colombiano. Los combatientes nacionales son de amplia experiencia y su remuneración mensual oscila entre los 3.000 y 4.000 euros.
Colombia tiene uno de los conflictos armados más largos del planeta, agudizado en los últimos años por la aparición de grupos disidentes de estructuras guerrilleras y bandas criminales organizadas. Es por ello; que la experticia de los militares criollos es apetecida en cualquier rincón del mundo donde haya una guerra o se requieran conocimientos técnicos militares.
Un número creciente de los 10.000 militares que se retiran cada año del servicio en Colombia terminan sirviendo a ejércitos oficiales e ilegales de todas las latitudes del planeta. La falta de formación, la baja remuneración y los precarios niveles de vida de buena parte de la base de las Fuerzas Militares en Colombia motivan la decisión de reclutarse al servicio de intereses militares foráneos.
Si bien; la Convención Internacional Contra el Reclutamiento, la Utilización, la Financiación y el Entrenamiento de Mercenarios es parte de la legislación colombiana por vía del bloque de constitucionalidad, el Estado colombiano no ha adoptado medidas para evitar que buena parte de los exmilitares colombianos participen de manera determinante en los conflictos armados que tienen lugar en casi todo el mundo.
El debate sobre el derecho al trabajo de quienes se enrolan como mercenarios está en primera plana. Ante esta apología infundada de un derecho inexistente a hacer parte voluntariamente de una guerra en el extranjero, es importante señalar que el Estado colombiano incumple las obligaciones derivadas de la legislación internacional sino adopta medidas que impidan que el mercenarismo, que es un delito según el derecho internacional, sea una práctica sistemática.
Es pertinente reiterar tal como lo escribí en una columna de febrero de 2024; que hay una evidente ruptura entre la fuerza pública y la sociedad civil que genera en muchos casos, que los exmilitares o expolicías puedan continuar sus proyectos de vida desligados del uso de las armas o la milicia. En Colombia la Fuerza Pública debe profesionalizarse, asociar la formación policial y militar a la académica para ofrecerle a los retirados una posibilidad de desempeñarse en la sociedad civil.
Tal como lo planteó el primer ministro sudanés, lo que debe exportar Colombia es su inmensa cultura.
*Abogado y Magíster en Educación. Coordinador del Equipo de Trabajo de Medellín en el Proceso de Comunidades Negras (PCN). Colombia.
Publicado originalmente en www.diaspora.com.co
