El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi rechazó su competencia para ponerse al frente de la causa $Libra y que investiga la megaestafa con esa criptomoneda promocionada por el presidente Javier Milei.

De Giorgi es el magistrado que también lleva la causa por el escándalo de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), que salpica a la secretaria General de la Presidencia Karina Milei, por supuestas coimas a laboratorios que proveían al Estado de medicamentos para personas con discapacidad.

En sus fundamentos, el magistrado dijo estar de acuerdo con que su juzgado tramite las dos causas, pero advirtió que una decisión anterior de la Cámara Federal había resuelto que ambas pesquisas se tramitaran de manera separada.

Por este motivo, la competencia de la causa por la estafa internacional con la cripto $Libra deberá ser resuelta por la Cámara Federal porteña.

El magistrado respondió de esta manera a una decisión del juez federal Ariel Lijo, quien como subrogante del juzgado de María Servini declaró su incompetencia para seguir con esa investigación y la derivó por “conexidad” al juzgado de Martínez De Giorgi.

Tanto De Giorgi como Lijo, excandidato de Milei para integrar la Corte Suprema, consideran que ambas causas se deben tramitar en forma conjunta para “evitar un dispendio jurisdiccional en detrimento de una pronta y mejor administración de Justicia -postura que aquí se reafirma”.

No obstante, advirtió “las últimas decisiones adoptadas por el Superior que guardan relación con la materia han establecido un criterio diferente”. “Hasta tanto tal situación no sea revertida”, “no corresponde aceptar la competencia atribuida”, argumentó.

En tanto, ambas investigaciones están delegadas en una misma fiscalía, la de Eduardo Taiano.

Por lo pronto, Martínez De Giorgi se quedará hasta el momento con la causa iniciada por una denuncia presentada por los diputados nacionales Mónica Frade y Maximiliano Ferraro, en la cual pidieron que se investigue “si Karina Milei, en su carácter de secretaria General de la Presidencia de la Nación había incurrido en la posible comisión de delitos vinculados a dádivas”.