La diputada nacional por Salta Pamela Calletti entendió que la decisión del Gobierno nacional de suspender la aplicación de la Ley de Emergencia en Discapacidad N° 27.793 “es ilegal”.
La legisladora respondió así a una consulta de este diario sobre la decisión del gobierno de Javier Milei de suspender la aplicación de la Ley que sorteó el veto presidencial en el Congreso, hasta que los legisladores nacionales traten el presupuesto y se destinen las partidas necesarias para cumplir con la normativa, o especifiquen de dónde saldrán los fondos correspondientes.
“Es inconstitucional el decreto. Corresponde que apliquen la Ley”, dijo Calletti a Salta/12, al entender que no se debe caer en el juego “de volver al Congreso para ganar tiempo”.
Asimismo, afirmó que es una “locura” que suceda una situación como la que acontece con dirigentes que “son unos autoritarios absolutos” y “un peligro realmente para la democracia”. Es que se considera que el gobierno seguirá la misma tesitura respecto de otras leyes que esperan superar otros vetos presidenciales.
El Gobierno nacional se acogió a lo establecido por el artículo 5° de la Ley N° 24.629 de Normas Complementarias para la Ejecución del Presupuesto de la Administración Nacional. Allí se establece que “toda ley que autorice o disponga gastos deberá prever en forma expresa el financiamiento de los mismos. En caso contrario quedará suspendida su ejecución hasta tanto se incluyan las partidas correspondientes en el presupuesto nacional”.
“Lo que esta Ley (de Emergencia en Discapacidad) está diciendo es que se tienen que dar prioridad a estos gastos y reestructurar las partidas. Está prevista en la Ley la readecuación de partidas”, contestó Calletti.
Ante un eventual conflicto de poderes, la también abogada recordó que estos conflictos suelen ser resueltos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. “Pero en este caso me parece que no hay propiamente conflicto, sino un Poder Ejecutivo que actúa en forma ilegal. El Congreso ya se pronunció ahora tiene que cumplir. Si hay incumplimiento puede incurrir en un delito penal”, sostuvo.
Por su parte, el senador nacional Sergio Leavy ofreció alternativas para que el gobierno libertario reuna los fondos con los que atender la emergencia en discapacidad. “Tenemos un presupuesto de hace 3 años. Tranquilamente (las partidas se pueden reestructurar) del dinero que le transfirió a la SIDE. De las obras que no hacen, de las viviendas que no construyen. De la ruta que no mantiene”, respondió a las consultas.
En tanto, la presidenta de la Fundación Anidar, María Elena Arce, afirmó que si bien desde hace 35 años que trabajan con el área de Discapacidad y han pasado momentos malos, esta vez la incertidumbre es mayor.
“No se cómo describir como nos sentimos, es una sensación de tristeza mezclada con caos, es terrible”, indicó al sostener que se adeudan sueldos, se suspendió hace dos semanas el transporte para las personas con discapacidad incluidas en el Programa Incluir Salud a quienes el Estado no cubre la prestación. En todos los casos, son personas que no cuentan con recursos económicos para acceder a las prestaciones.
Las cartas documento que se envían son insuficientes porque no hay respuestas. Los amparos son una alternativa que saben que demorarán en la Justicia, enumeró Arce antes de concluir: “El sistema está desfalleciendo”.
