Mientras las organizaciones vecinales acuden a la Justicia para evitar la demolición del histórico Puente Ciudad de la Paz, el gobierno porteño sufrió un importante revés en su proyecto de reemplazar por una nueva estructura al puente vehicular que conecta Palermo y Colegiales. El Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales (CAAP) rechazó la iniciativa y recomendó al GCBA que mantenga la protección actual del puente, por lo que la estructura no podría ser removida. En paralelo, las organizaciones presentaron una acción de amparo para intentar frenar definitivamente el proyecto. 

El Consejo se reunió este martes luego de sucesivas postergaciones al encuentro que debía tratar la descatalogación del puente que cruza sobre las vías del Mitre y que cuenta con protección patrimonial preventiva desde hace ocho años. Aunque con algunas ausencias, los ocho integrantes del CAAP que acudieron a la reunión finalmente emitieron sus votos sobre la cuestión, que resultó en un conteo de cuatro rechazos, tres abstenciones y un apoyo a la descatalogación propuesta por el Gobierno porteño en conjunto con AUSA, encargada de la obra. La decisión definitiva, entonces, fue la de instar al Ejecutivo a mantener la protección actual. 

La primera reunión del CAAP sobre el tema estaba prevista para hace más de un mes, pero fue postergada semana a semana a la espera de que se presentaran distintos informes técnicos que, según el GCBA, sostenían la decisión de cambiar por completo el puente por deficiencias estructurales. Del otro lado, sin embargo, se habían presentado dos informes de ingeniería que señalaban que "la estructura del puente puede ser rehabilitada" con los trabajos correspondientes, sin tocar la construcción original. 

Entre 2023 y 2025, de hecho, el gobierno porteño llevó a cabo tareas de refuerzo del puente luego de que un informe oficial advirtiera sobre "riesgos de colapso" del lugar. La estructura fue rehabilitada para tránsito liviano en abril de este año, tras más de dos años cerrado, en una reapertura en la que el Ejecutivo ya anunciaba que de todos modos impulsaría el reemplazo de la construcción tras un nuevo informe que indicaba que debía ser "desarmado y reemplazado de forma definitiva, para garantizar la seguridad vial y ferroviaria".

Los informes contrapuestos llegaron finalmente a ser tratados por el CAAP en la reunión de este martes y, al decidir rechazar la descatalogación, y por ende la demolición, los expertos dieron por acreditado indirectamente que no existe la necesidad de remover el puente, que podría ser recuperado. Este diario consultó a fuentes oficiales sobre el impacto de la votación del Consejo en la iniciativa del GCBA e indicaron que, por ahora, no hay ninguna decisión formal sobre el futuro de la iniciativa, que ya contaba con una licitación abierta por AUSA. Algunos reconocen, sin embargo, que sin la aprobación del CAAP "el proyecto no se puede hacer".

Las organizaciones sostienen, por su parte, que la decisión del CAAP implica incluso que el Ejecutivo debería enviar a la Legislatura un proyecto de ley específico para transformar en definitiva la catalogación patrimonial del puente, hasta ahora preventiva. Antes de la reunión del Consejo, el Observatorio del Derecho a la Ciudad (ODC) y Basta de Demoler habían presentado una acción de amparo ambiental para intentar frenar el proyecto en general, más allá de la decisión del CAAP. El texto del amparo, que recayó en el Juzgado N°15 en lo Contencioso, Administrativo y Tributario del Juez Víctor Trionfetti, pide que la Justicia suspenda directamente el proceso licitatorio y que ordene el envío del proyecto de catalogación a la Legislatura. 

El abogado Jonatan Baldiviezo, presidente del ODC, sostuvo que, además, el GCBA "está impidiendo el pleno ejercicio de la participación ciudadana, esto incluye la convocatoria a una audiencia pública obligatoria tal como establece la Constitución de la Ciudad para el tratamiento de proyectos de ley que tienen por objeto la protección patrimonial. Lo que se demuele se pierde para siempre y existen soluciones que garantizan la seguridad sin comprometer la conservación de nuestra memoria colectiva", agregó. 

El proyecto oficial había sido anunciado formalmente por el gobierno porteño a principios de agosto de este año al apuntar que la vida útil del puente está "completamente agotada". Señalaban entonces que la nueva estructura mantendría "su uso exclusivo para tránsito liviano", mientras que respetaría "la identidad estética original, pero con mejoras en funcionalidad, accesibilidad y seguridad". También indicaban que la antigua estructura se preservaría trasladándola a una "futura reubicación en un entorno cercano, en línea con el pedido de vecinos y asociaciones patrimoniales". 

Las organizaciones hacen especial hincapié en el valor de las estructuras originales del puente, catalogadas como "de las más antiguas aún en pie en Buenos Aires". "Su estructura de vigas de hierro y basamento de ladrillos de hace más de un siglo, es un hito patrimonial barrial y muy singular en el paisaje porteño", señalan y agregan que "este puente fue construido por la Compañía de Tramways Lacroze Bs. As. Ltda. en el año 1918 para uso exclusivo de sus líneas de tranvías. Luego de que el sistema tranviario fue desarmado en 1963, la entonces Municipalidad de Buenos Aires lo reconvirtió para tránsito vehicular liviano". "Perder el puente original de Ciudad de la Paz sería perder un patrimonio cultural arquitectónico y urbano para siempre, cuando puede seguir teniendo vida útil a la escala que nos permita no perderlo", concluyen.