El ex juez federal de Rosario Marcelo Bailaque quedó más comprometido en sus causas judiciales: seguirá en prisión preventiva hasta marzo de 2026 y afronta un embargo de 685 millones de pesos. En una audiencia realizada ayer en los Tribunales Federales de Rosario, el Ministerio Público Fiscal amplió la imputación contra el exjuez federal por los delitos de dádivas y lavado de activos. La acusación se centra en un contrato de alquiler considerado “ficticio”, a través del cual habría percibido más de 5,7 millones de pesos de una mutual ligada al empresario Fernando Whpei.
La investigación está en manos de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) y la Procuraduría contra el Narcotráfico (Procunar). Según la hipótesis fiscal, Bailaque utilizó un inmueble de su propiedad en Caleta Olivia, Santa Cruz, como pantalla para justificar los pagos mensuales recibidos desde 2019 hasta enero de este año, mientras aún se desempeñaba como titular del Juzgado Federal Nº4 de Rosario.
De acuerdo con la acusación del fiscal de Procelac, Juan Argibay Molina, la mutual Siempre Joven Asociación Mutual pagó durante seis años alquileres por una propiedad ubicada en la calle Presidente Hipólito Irigoyen de Caleta Olivia. Sin embargo, nunca la utilizó: poco después de firmar el contrato, la cedió sin cargo a otra mutual, pese a que esa cesión estaba expresamente prohibida. Incluso cuando el inmueble quedó desocupado, en mayo de 2023, la mutual siguió girando dinero hasta enero de 2025. Para la Fiscalía, el alquiler no respondía a un uso real, sino que funcionaba como un vehículo para transferir fondos indebidos al entonces magistrado.
El juez de Garantías, Eduardo Rodríguez Da Cruz, convalidó la ampliación de la imputación y resolvió prorrogar la prisión preventiva domiciliaria de Bailaque por 180 días más, hasta el 23 de marzo de 2026. Además, dispuso ampliar el embargo sobre sus bienes de 600 a 685 millones de pesos.
De acuerdo con la acusación del fiscal de Procelac, Juan Argibay Molina, la mutual Siempre Joven Asociación Mutual pagó durante seis años alquileres por una propiedad ubicada en la calle Presidente Hipólito Irigoyen de Caleta Olivia. Sin embargo, nunca la utilizó: poco después de firmar el contrato, la cedió sin cargo a otra mutual, pese a que esa cesión estaba expresamente prohibida. Incluso cuando el inmueble quedó desocupado, en mayo de 2023, la mutual siguió girando dinero hasta enero de 2025. Para la Fiscalía, el alquiler no respondía a un uso real, sino que funcionaba como un vehículo para transferir fondos indebidos al entonces magistrado.
Al detallar la atribución, Argibay Molina expuso que Bailaque recibió $5.719.194 en pagos mensuales efectuados por Whpei con la intervención de Siempre Joven Asociación Mutual, desde enero de 2019 hasta enero de 2025, período durante el cual se desempeñó como titular del Juzgado Federal de Primera Instancia N°4 de Rosario.
Según esa hipótesis, la entrega y la recepción del dinero se enmascaró mediante el contrato de locación del inmueble ubicado en presidente Hipólito Irigoyen 29 (ex 2044), de Caleta Olivia, provincia de Santa Cruz, de propiedad de Bailaque.
La investigación determinó que la mutual Siempre Joven tiene domicilio en Mariano Moreno 5522 de Wilde, provincia de Buenos Aires, y está vinculada tanto a Whpei como con distintas personas jurídicas relacionadas a éste, tales como: Grupo Unión SA, Lancers SA, Mutual de Jubilados, Retirados y Pensionados Provinciales, Unión Provincial Asociación Mutual.
Si bien la mutual tenía sedes en Buenos Aires, Chubut, San Juan y Mendoza, no contaba con sucursal en Santa Cruz, y nunca ocupó el inmueble que alquiló. Al poco tiempo de celebrar el contrato de locación, por decisión Whpei, la mutual cedió gratuitamente su uso a la mutual 12 de Septiembre, “cuando la cesión de los derechos emergentes del contrato o sublocación (total o parcial) de la propiedad estaba prohibida”, expuso Argibay Molina.
La mutual 12 de Septiembre utilizó la propiedad hasta mayo de 2023 y, desde ese momento quedó desocupada y en estado de abandono. Pero sin perjuicio de ello, Siempre Joven continuó pagando mensualmente por el alquiler hasta enero de 2025. Para la Fiscalía, el alquiler de la propiedad por parte de la mutual Siempre Joven resultó extraño a su objeto, pues la contratación careció de causa real y “funcionó exclusivamente como vehículo para transferir dinero a Bailaque debido a su cargo como juez federal”.
Los pagos fueron depositados en una cuenta personal de Bailaque en el Banco Patagonia y facturados como ingresos por locación, lo que le permitió incluirlos en sus declaraciones patrimoniales ante el fisco y el Consejo de la Magistratura. De este modo, sostiene la acusación, se enmascararon dádivas como si fueran operaciones lícitas de alquiler.
En total, la Fiscalía le atribuyó 72 hechos de recepción de dádivas, en concurso real con el delito de lavado de activos agravado por habitualidad, ambos en calidad de autor penalmente responsable.
El contador Gabriel Mizzau, señalado como partícipe en las maniobras y con vínculos profesionales con empresas relacionadas al condenado narcotraficante Esteban Alvarado, también quedó alcanzado por la imputación. Para él, la prisión preventiva domiciliaria fue prorrogada hasta el 10 de noviembre de 2025.
La defensa de Bailaque había solicitado el levantamiento de las medidas cautelares, pero el juez Da Cruz rechazó el planteo. Entre los fundamentos, ponderó la gravedad de los hechos atribuídos, la expectativa de pena y la existencia de medidas probatorias aún pendientes, entre ellas la extracción de datos del iPhone secuestrado al exjuez, que hasta ahora no pudo ser peritado.
De este modo, el exmagistrado, que desde mayo se encuentra bajo arresto domiciliario por causas de corrupción y presunto favorecimiento a estructuras criminales, continuará detenido mientras avanza la investigación que lo tiene en el centro de una de las tramas judiciales más resonantes de los últimos años en Rosario.
