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La Asamblea Lesbotransfeminista se concentró este domingo en las puertas del Hospital Público Materno Infantil, en la ciudad de Salta. Con carteles verdes y violetas se repetían las consignas “Ni Una Menos”, “Justicia por Brenda, Morena y Lara” y “El Estado es responsable”. Las pancartas recordaban también los dos años de la desaparición de María Luz Herrera Leaño, cuya familia reclama respuestas a un Poder Judicial lento y un Estado ausente.
Cada 28 de septiembre en América Latina y el Caribe se conmemora la Jornada de Acción Global por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. La fecha fue establecida en el V Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe, realizado en noviembre de 1990 en San Bernardo, Argentina, y desde entonces se convirtió en bandera de lucha frente a las desigualdades y violencias que atraviesan a mujeres y disidencias en toda la región.
Fue una jornada de memoria y lucha, y también de denuncia. Verónica Liendro, referente de la Asamblea Lesbotransfeminista e integrante de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, describió el deterioro en el acceso a la salud reproductiva en la provincia. Sostuvo que desde el año pasado no hay medicamentos en el Hospital Materno Infantil "para que las personas con capacidad gestante puedan realizarse un aborto legal, seguro y gratuito".
Liendro dijo que hoy en día muchas personas no podrían acceder a una práctica segura de aborto legal "porque tiene un costo aproximado de entre 150 y 180 mil pesos, que va en crecimiento. Esto también lleva a que las personas vuelvan otra vez a los abortos inseguros, clandestinos y corran peligro de vida”, explicó.
La activista señaló directamente la responsabilidad estatal. Si bien diferenció que los recortes principales vienen de la Nación, agregó que además "no hay voluntad política en la provincia para garantizar derechos". Indicó que desde la gestión de Gustavo Sáenz existe "un total abandono hacia las mujeres y disidencias". Como ejemplo, recordó que la Secretaría de Mujeres, Género y Diversidad se encuentra acéfala hace casi tres meses, "lo que refleja el desinterés oficial”.
El pedido federal
En el acto también se leyó un petitorio nacional de la Campaña, que denunció la reducción drástica en la provisión de métodos anticonceptivos y la suspensión en la compra de misoprostol y mifepristona. El documento exige la plena implementación de la Ley de Educación Sexual Integral (26.150), la provisión gratuita de anticonceptivos en todos los servicios de salud y la restitución del Plan ENIA.
En el petitorio se advierte que las consecuencias del ajuste ya se hacen visibles, puesto que se percibe un aumento de embarazos adolescentes no intencionales y mayores riesgos para la salud de mujeres y personas con capacidad de gestar, especialmente en comunidades vulnerables. “Este petitorio lo vamos a estar haciendo firmar los miércoles en la plaza 9 de Julio (de la ciudad de Salta), junto con las compañeras jubiladas y jubilades, para que se acerquen todas las personas que quieran acompañar esta lucha”, concluyeron.
Sandra Acosta, de la Red de Docentes por el Derecho al Aborto, recordó la importancia de sostener la organización. "Mientras tenemos la adquisición de un derecho, siempre va a haber una reacción por querer quitárnoslo" por lo que "siempre tenemos que estar alertas", señaló. Refirió que no hay ninguna ley que garantice para siempre óptimas condiciones en su aplicación, por lo que llamó a no abandonar las calles.
Para Acosta, el petitorio también es una herramienta de reorganización interna, ya que dijo que después de la sanción de la ley 27.610, quedaron "un poco desorganizadas. Este instrumento nos permite volver a reagruparnos, conversar, y reconstruir la fuerza colectiva”, sostuvo.
La dimensión de la crisis
Un reciente informe de la agencia Ciudadana Comunicación confirma lo que las organizaciones denuncian: hay un desabastecimiento total de insumos para salud sexual en Salta.
El informe detalló que en 2022 la provincia recibió más de 613 mil preservativos; en 2024, apenas 58 mil. Los implantes anticonceptivos pasaron de 19 mil en 2022 a poco más de 1.100 en 2024, una reducción de 18 veces en dos años. El Plan ENIA, que había logrado reducir a la mitad la tasa de embarazos adolescentes en Salta y Orán, fue vaciado sistemáticamente hasta su cierre definitivo.
En cuanto al aborto legal, hospitales y centros de salud advierten que faltan misoprostol y mifepristona desde hace meses, lo que imposibilita el cumplimiento de la Ley 27.610. El informe también alerta sobre la situación de las personas con VIH: desde octubre de 2024 no se envían tests de diagnóstico ni reactivos, y se despidió a trabajadores especializados en la respuesta a VIH, ITS y tuberculosis.
Voces que reclaman justicia
La concentración también fue espacio para el grito de las familias que buscan justicia. Cecilia Leaño, madre de María Luz Herrera, tomó el micrófono y profundamente conmovida contó que su hija fue vista por última vez en la ciudad de Sáenz Peña, provincia del Chaco, el 26 de septiembre de 2023. Por el hecho hay dos hombres detenidos: su expareja, Darío Godoy, y el padre de éste. "Hasta hoy, los detenidos no dicen dónde está mi hija", lamentó.
Leaño denunció que “la familia de Darío tuvo 21 días para borrar todo rastro de ella y sus pertenencias". Dijo que se encuentra a la espera del juicio que será a fines de octubre de este año. Mientras tanto, "ninguno de los dos declara qué hicieron con mi hija y dónde la dejaron”.
La madre advirtió sobre la falta de políticas públicas efectivas. Sostuvo que las mujeres y niñas siguen siendo víctimas de violencia y femicidio debido a la falta de políticas públicas que aborden la raíz de los problemas. "Merecemos vivir sin miedo, sin violencia y con protección efectiva”, manifestó.
En ese sentido, reclamó la necesidad de educación con perspectiva de igualdad, un sistema judicial que garantice justicia y el funcionamiento real de los dispositivos de asistencia. Advirtió que cerraron los programas que servían para asistir a tiempo, por lo que pidió que "se apliquen las leyes, las políticas de prevención, que el número 144 funcione como corresponde y que se contenga a las víctimas de violencia”.
Leaño afirmó hoy quiere justicia por su hija y por todas las que faltan. "No más femicidios, no más violencia. Justicia para las víctimas y sus familias. Y como un día me dijo Fabiana, madre de Julieta del Pino: a la cama llorando o a la calle gritando”, cerró.
“Queremos vidas libres de violencia”
Integrante de La Fuerza de las Mujeres, Sofía Fernández, recordó que siguen gritando Ni Una Menos y pidiendo justicia social. "No solamente queremos estar vivas, queremos vivir una vida libre de violencia para todas, todos y todes”, expresó.
Lxs jubiladxs y pensionadxs autoconvocadxs denunciaron la vigencia de lo que llamaron “necropolítica”: “Nos matan y desaparecen, nos censuran y reprimen. En esta etapa padecemos un genocidio por goteo contra nuestras voces y nuestras vidas. Los femicidios, transfemicidios y crímenes de odio siguen creciendo mientras el poder judicial otorga impunidad”.
También Daniela Planes, de Pan y Rosas, subrayó la necesidad de sostener la movilización. Afirmó que "el único lenguaje que entienden los gobiernos es que estemos en las calles" por lo que no se puede permitir que el gobierno nacional quiera desaparecer la figura del femicidio del Código Penal argentino. "Tenemos que seguir organizándonos, salir a las calles, y gritar más fuerte que nunca: Ni Una Menos, vivas nos queremos”, insistió.
Las organizaciones que realizaron la convocatoria manifestaron que el aborto legal sigue siendo un derecho en papel y que la crisis en salud sexual golpea con más fuerza a quienes menos tienen; mientras que las familias de víctimas de femicidios siguen reclamando justicia frente a un Estado que llega tarde o no llega. Por eso, sostuvieron que sin voluntad política no hay aborto legal, y sin justicia real no hay Ni Una Menos posible.
