La siesta del domingo último se vio alterada en Hito 1, donde se emplaza un puesto de control de frontera en jurisdicción del municipio de Santa Victoria Este, en el extenso departamento Rivadavia. En ese punto que limita con el Estado Plurinacional de Bolivia, Gendarmería Nacional secuestró un camión que trasladaba chatarra a ese país.

“Pagan entre 10 mil y 20 mil pesos por carga” de chatarra en Bolivia, indicaron a Salta/12 conocedores de la zona que pidieron mantener su identidad en reserva.

Añadieron que entre los elementos que se envían al otro lado de la frontera a veces se encontraron hasta rieles, lo que pone a los uniformados en alerta. Por la extracción de rieles del ferrocarril General Belgrano, y su venta en Bolivia, hay una causa penal abierta contra el ahora ex intendente de Coronel Juan Solá, Miguel "Atta" Gerala, que fue destituido precisamente por esta acusación. Sin embargo, esta operatoria no tendría vinculación con la de Hito 1 y se menciona aquí solo para dar cuenta de la práctica en diferentes puntos de la geografía provincial. 

En este caso de Hito 1 la situación no pasó a mayores, al menos hasta ahora, pero sí dejó entrever la problemática que se arraiga en este territorio desde hace años, y que apunta a diversas situaciones que atraviesan en esa zona, que dista más de 500 kilómetros de la ciudad de Salta.

Entre ellas, se manifestó la realidad de las poblaciones indígenas que en una zona con falta de oportunidades laborales, en muchos casos toman trabajos que son ilegales en la frontera.

Uno de estos trabajos es la compra de productos en el vecino país, dado que el precio es mucho menor que en territorio nacional. Estas compras suelen hacerse por “encargo” de otras personas que luego retiran los productos y pagan un plus por el trabajo realizado, que implica la compra y el ingreso al país. 

Durante el fin de semana Gendarmería también secuestró una camioneta, según indicaron fuentes de La Puntana, paraje cercano a Hito 1.

Frente al secuestro del camión, integrantes de comunidades indígenas reaccionaron  cuestionando el poco o nulo control sobre la circulación de sustancias que fomentan el consumo problemático, como la pasta base.

En ese sentido, distintas fuentes coincidieron en que desde junio hasta la semana pasada hubo tres suicidios que vinculan directamente con el consumo de drogas. Dos de esos suicidios son de jóvenes de entre 19 y 20 años. El último que se conoció es el de una mujer de casi 50 años. Las fuentes aseguraron que el factor común es el consumo problemático.

A ello se suma la dificultad de que el relacionamiento entre el Estado y las comunidades se hace sin mediación intercultural alguna. En esta ocasión además los funcionarios serían nuevos en la zona y no lograron llegar a un entendimiento con las comunidades.

Por el contrario, las diferencias llegaron a tal punto que hubo un inicio de incendio y un pedido de refuerzos de gendarmes. Ayer los habitantes originarios preveían reunirse en asamblea para decidir sobre los pasos a seguir.

Diálogo o confrontación

Testigos de los acontecimientos del domingo indicaron que en la situación que devino tras el secuestro del camión y su carga intervinieron dos caciques de La Puntana. Pablo Solís, que logró que parte de la gente se retirara, y Marco Lucas, quien se quedó en lugar.

Lucas contó a Salta/12 que se enteró que los gendarmes lo habrían denunciado como instigador de la violencia. “No tenemos nada que ver”, adujo al sostener que no es la primera vez que sucede un hecho como el del domingo.

Explicó que ese día estaba en una asamblea que se convocó en Misión San Luis (otra población originaria victoreña, en la ribera del río Pilcomayo) y le pidieron que "acompañe para mediar con Gendarmería”.

“Estaban alcoholizados”, lanzó como acusación contra los uniformados; sostuvo que el reclamo de siempre es que “en sus narices pasa de todo, con autos y colectivos robados, pero los coimean y nunca controlan nada”.

Asimismo, Lucas afirmó que si bien el camión secuestrado es de un particular, muchas personas que fueron a reclamar para que lo devuelvan lo habrían hecho porque es el único transporte que pueden usar en caso de una emergencia. Añadió que pese a los insistentes pedidos La Puntana ni siquiera cuenta con ambulancia.

Un entierro sin cajón

Otra muestra de la precariedad de la vida en esta zona, habitada mayoritariamente por personas de pueblos originarios, es lo que ocurrió el jueves último (25 de septiembre) en Magdalena, a 15 kilómetros de La Puntana.

Ese día se comunicó la situación de urgencia en la que había entrado una embarazada que fue directamente trasladada al Hospital Juan Domingo Perón, ubicado en Tartagal, ciudad cabecera del departamento San Martín.

La mujer terminó perdiendo el embarazo, que ya llevaba seis meses, por un aborto natural, indicaron fuentes hospitalarias. 


Sucedió que la familia esperaba que la Municipalidad de Santa Victoria Este trasladara a la mujer y al feto, pero eso no sucedió por la falta de comunicaciones. “No llegó la información porque se cortó la señal” en Santa Victoria Este, dijo a Salta/12 el gerente del hospital de esa localidad, Ariel Sosa.

“El sábado la familia estaba más preocupada” dado que quería volver, “y la información se viralizó”, añadió. En la difusión del caso, integrantes de comunidades indígenas afirmaron que no consiguieron un ataúd, por lo que el cuerpito debió ser enterrado sin ese elemento. 

Sin embargo, Sosa dijo que se pudo solucionar lo del traslado tras la entrega del cuerpo del feto, y que en realidad se consiguió el cajón solicitado.