La vida pública jujeña se inició ayer con una sucesión de hechos que exhibieron otra arista de las internas que envuelven al Poder Judicial, al Ministerio Público de la Acusación y al poder político en la provincia.
Intempestivamente, en la novena sesión ordinaria en la Legislatura provincial, que se inició antes del mediodía, ingresó un pedido de juicio político contra el procurador general Sergio Lello Sánchez y el adjunto, Ignacio Pasquini. El pedido tuvo un tratamiento veloz, pasó a la Comisión Investigadora, que decidió la suspensión de ambos funcionarios y el allanamiento de las oficinas del Ministerio Público de la Acusación, y, finalmente, se supo que ambos denunciados renunciaron a sus cargos, con lo que juicio político queda sin efecto.
Una serie de hechos explicarían la movida contra Lello Sánchez y el adjunto. Entre ellos, se destaca el escándalo suscitado la semana pasada con la difusión de los chats en los que la jueza de Corte Laura Lamas González; el sacerdote Luis Bruno, acusado por abuso sexual, y el obispo de Jujuy, César Fernández, se ponen de acuerdo para silenciar a la víctima ofreciéndole 10 mil dólares.
En ese sentido el entonces procurador general de Jujuy, Sergio Lello Sánchez, informó la semana pasada que la víctima había denunciado a la jueza y al obispo, y que eran investigados. Negó que la filtración de esos chats hubiera salido desde el Ministerio Público de la Acusación y añadió que al expediente habían accedido también "el Ministerio Público de la Defensa, abogados defensores particulares y el personal de la Oficina de Gestión Judicial del Poder Judicial".
Un trámite exprés
En la sesión de ayer, el recién asumido diputado provincial de Primero Jujuy Avanza, Facundo Figueroa Caballero, informó del pedido de juicio político contra el procurador y el adjunto presentado por Walter Rondón, Agustina Aramayo, Augusto Baiud, Carlos Ariel Gil Urquiola, Cristian Rivero y Rodrigo Fernández Ríos. Varios de ellos ex funcionarios judiciales que en su momento fueron perseguidos por el ahora exprocurador.
El vicegobernador y presidente de la Legislatura, Alberto Bernis, envió el pedido a la Comisión Investigadora y siga el curso.
Esa Comisión dispuso la inmediata suspensión de los funcionarios denunciados y, como se pedía en la presentación, se allanaron las oficinas del MPA, en las mismas horas del mediodía. Estos procedimientos, realizados con mucha presencia de la Infantería y otras dependencias de la Policía de Jujuy, invadieron invadió las calles céntricas donde se encuentran las dependencias del Ministerio Público de la Acusación.
En el pedido de juicio político contra Lello Sánchez pedía que se allanaran "las oficinas del Ministerio Publico de la Acusación y de los inmuebles que resulten vinculados a la investigación, ordenando el secuestro de los siguientes elementos: equipos informáticos (PC, notebooks, netbooks), discos rígidos, dispositivos de almacenamiento, servidores, teléfonos corporativos, documentación relativa a legajos personales de funcionarios y magistrados, registros de subastas, convenios y cualquier otro documento o soporte que pueda resultar de interés para la investigación".
Cuando se inició el allanamiento en uno de los edificios, sobre la calle Sarmiento, Lello Sánchez estaba en ese lugar. Se retiró, luego se conoció que había renunciado, y también Pasquini, y más tarde regresó, ya con ropa deportiva. "Soy un ciudadano común", dijo, y pidió no ser filmado. Solicitó a los funcionarios policiales ingresar a la que había sido su oficina, pero no se lo permitieron. Los trabajadores del MPA fueron retenidos en la oficina, y los que se retiraban eran requisados.
Lello Sánchez asumió el cargo en el 2015, fue uno de los redactores del Código Contravencional que fue cuestionado por criminalizar la protesta social e inplementado el 1° de enero de 2016. Fue designado fiscal General del MPA por el entonces gobernador Gerardo Morales. Fue multidenunciado por violencia de género, moobing laboral, persecución a dirigentes sociales y políticos. Distintas fuentes señalaron ayer que el poder que ostentaba el ahora ex procurador había escalado y que se comentaba que entre sus papeles tenía una denuncia contra el exgobernador.
Que se investigue
El bloque de diputados del PTS-FITU, que integran Gastón Remy y Natalia Morales, reclamó la continuidad de la investigación que envuelve a Lello Sánchez y a otros funcionarios de Jujuy.
"Consideramos que la renuncia del funcionario no puede ser motivo, como ha sucedido con otros casos, de que no continúe la investigación", afirmaron en una declaración en la que, asimismo, solicitaron tener acceso al pedido de juicio político, "conocer sus fundamentos y las pruebas presentadas" en la Legislatura.
"Desde su creación el Ministerio Público de la Acusación, bajo la tutela del ex gobernador Gerardo Morales, ha sido objeto de todo tipo de internas en el poder, sin dejar de lado lo esencial, que constituyó una herramienta de disiciplinamiento social ejecutando el código contravencional contra opositores políticos, sindicales y sociales como se vio durante la detención de luchadores contra la reforma o el caso de los dos detenidos por tuitear algo que no le gustó al ex gobernador", recordaron Remy y Morales.
En la misma línea señalaron que en los últimos meses hubo "denuncias cruzadas de fiscales respecto a corrupción en el Juzgado Contravencional N°1 responsabilizando a su titular, Matías Ustárez, quien luego renunció; o en el caso de este pedido de juicio político que lleva la firma de ex fiscales que fueron removidos, algunos de ellos, vinculados al caso de trata de mujeres en el residencial Ranys ubicado en la vieja terminal". Mencionaron el caso de los chats de la jueza y los religiosos.
"Consideramos que se debe investigar todo y esto requiere de la conformación de una comisión investigadora independiente de la propia Legislatura", una comisión que esté conformada por integrantes de organizaciones de derechos humanos, organizaciones feministas, profesionales, trabajadores y estudiantes que garanticen que "se sepa la verdad y que no haya impunidad", afirmaron.
