Con bloqueos de carreteras en seis provincias de Ecuador transcurrió el undécimo día del paro nacional indefinido convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie), en rechazo a la reciente eliminación del subsidio estatal al diésel.

Según el Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 durante la jornada se registraron al menos 16 cierres viales en las provincias centrales de Imbabura (norte), epicentro del paro; Bolívar, Cañar, Chimborazo y Pichincha, donde se ubica la capital Quito; y la provincia amazónica de Sucumbíos.

La situación más crítica está en Imbabura, con siete vías bloqueadas por las protestas indígenas. Allí las Fuerzas Armadas denunciaron que se obstaculizó el paso de vehículos que transportan oxígeno para hospitales de la Sierra norte.

La vicepresidenta de Ecuador, María José Pinto, quien ejerce funciones de manera temporal desde la ciudad de Otavalo, en Imbabura, una de las más golpeadas por las protestas, formuló un llamado urgente a mantener corredores humanitarios abiertos para que camiones con oxígeno lleguen hasta un hospital de la localidad. También el ministro del Interior, John Reimberg, condenó a través de su cuenta en la red social X el bloqueo de servicios esenciales al afirmar que esto atenta contra la vida de los ecuatorianos.

Frente a ello, la Conaie pidió a sus bases que permitieran el paso de ambulancias e insumos.

Mientras tanto, la Conaie volvió a denunciar este jueves la represión de las fuerzas del orden contra comunidades en la provincia de Bolívar, así como la militarización, por unas horas, de la localidad de Guachalá, ubicada en la ciudad de Cayambe, en la provincia de Pichincha.

Los máximos líderes de la organización se reunieron a puertas cerradas para tomar una decisión colectiva, cuyos anuncios se esperan para las próximas horas en medio un clima de tensión social.

Los indígenas exigen la derogatoria del decreto 126 con el cual el Gobierno puso fin al subsidio al diésel, lo que elevó el precio del galón del carburante de 1,80 a 2,80 dólares desde el pasado 13 de septiembre.

El sector considera que la medida encarece el transporte, la producción, los alimentos y afecta la vida de millones de familias.