Los pueblos originarios de Jujuy realizaron la “Segunda marcha del agua y la vida de nuestros territorios”. Se movilizaron desde distintas puntos de la provincia para confluir en San Salvador. Repudiaron la política del gobernador Gerardo Morales, entre ellas su alianza con las multinacionales mineras (de oro, plata y litio, entre otras) y denunciaron la Ley 5915, conocida como “de servidumbre” para el paso de electroductos y proyectos de generación de energía que autoriza a empresas a ingresar y hacer uso del territorio indígena, sin respetar las leyes que establecen la consulta de pueblos originarios.
Una buena noticia fue la prórroga de la Ley 26.160, que frena los desalojos de comunidad (aunque el Poder Judicial no suele aplicarla) y que establece que el Gobierno debe relevar los territorios indígenas (muy demorada desde hace una década). Aunque está lejos de ser una solución de fondo, es una paraguas útil a la resistencia indígena. El gobierno nacional se negaba a prorrogarla, pero la acción conjunta de pueblos indígenas, organizaciones sociales y organismos de derechos humanos posibilitó que mantenga vigencia durante otros cuatro años.
