El sueño eterno de los sectores dominantes de nuestro país es erigirse en dueños de la vida y hacienda de los y las trabajadoras, atacando sus derechos en la medida en que sean un obstáculo hacia su objetivo: aumentar su tasa de ganancia.

Revisando la historia reciente, se ve que recurrieron a todos los medios posibles para lograrlo. Ni las dictaduras militares —que reprimieron, secuestraron y torturaron— ni la cooptación de movimientos nacionales y populares lograron neutralizar la resistencia de los sectores populares.

Fue lo que Juan Carlos Portantiero definió como un “empate hegemónico".

Durante la tercera experiencia neoliberal (2015-2019), el entonces secretario de Empleo, Miguel Ángel Ponte, llegó a afirmar que despedir a un trabajador debería ser tan sencillo como “comer y descomer”, una expresión que revelaba el verdadero objetivo de su proyecto: destruir la protección constitucional del trabajo.

En sintonía con esta lógica, la directora del FMI, Kristalina Georgieva, elogió la “valentía” de los líderes que se atrevían a reducir salarios y pensiones.

Justamente por ser una exigencia del FMI, finalizadas las elecciones del 26 de octubre, el gobierno de Milei anunció su intención de enviar al Congreso Nacional una reforma laboral que incluiría, entre otros puntos, la derogación del principio de ultraactividad de los convenios colectivos de trabajo.

Este principio garantiza la prórroga de los convenios vigentes hasta que las partes acuerden uno nuevo. Su eliminación otorgaría un poder desmedido al empresariado, generando un escenario de chantaje: la proximidad del vencimiento de un convenio obligaría a los sindicatos a ceder derechos para evitar el retorno a las condiciones básicas de la Ley de Contrato de Trabajo.

La experiencia de España ofrece un ejemplo de la distorsión que genera esa derogación. En el año 2012, el gobierno conservador de Mariano Rajoy profundizó una reforma laboral que eliminó el principio de ultraactividad. El resultado fue el aumento de la precarización, rotación de contratos temporarios, miedo al despido y un empeoramiento general de las condiciones laborales. La reforma no impactó positivamente en el mejoramiento de los ingresos de los asalariados.

La evidencia es clara: el desarrollo y la creación de empleo no surgen de la pérdida de derechos, sino del fortalecimiento de la economía. La experiencia española desmiente, así, los cantos de sirena del discurso neoliberal, que insiste en que la pérdida de derechos de los trabajadores es la llave para el desarrollo capitalista.

La derogación del principio de ultraactividad no traerá desarrollo ni bienestar. Hará, como tantas veces en nuestra historia, más ricos a los ricos y más pobres a los pobres.

Una vez más debemos resistir esta retrograda reforma. Para que la utopía pueda finalmente vencer a esta implacable realidad.

* Abogada laboralista.