Desde Santa Fe.

La denuncia de José Corral contra los fiscales Roberto Apullán y Laura Martí ante el Ministerio Público de la Acusación por el allanamiento de la Municipalidad de Santa Fe el 10 de octubre ya se cayó con el dictamen del Colegio Pleno de Jueces Penales de Santa Fe que concluyó que la medida se hizo "conforme a derecho" y no fue "desproporcionada" ni "ilegítima", como sostuvo el intendente. No era la única queja. En su planteo ante la Corte Suprema, Corral agitó otras sospechas sobre Apullán y Martí porque el operativo se realizó en horario de oficina y atención al público y con el despliegue de "20 agentes" y móviles de la Policía de Investigaciones (PDI). Rosario/12 accedió a otra prueba que lo desmiente: el testimonio del jefe del Departamento Operativo de Investigación de la PDI, Mario Rubén Monzón, en el sumario a los dos fiscales que instruye la auditora del MPA, María Cecilia Vranicich. Monzón era uno de los encargados de allanar, así que Vranicich le preguntó en línea con Corral: quién había decidido el horario, la cantidad de agentes que participaron y los móviles que se usaron y las respuestas del comisario admiten una síntesis: "Yo", le contestó.

El dictamen de la presidenta del Colegio Pleno de Jueces Penales, Marta Feióo que publicó ayer este diario tuvo su resonancia en Santa Fe. Apullán pidió el allanamiento de las secretarías de Hacienda y Desarrollo Social de la Muncipalidad, que se realizó el 10 de octubre, por una denuncia del concejal peronista Juan Cesoni ante el destape de un consorcio de periodistas de lo que se conoce como "Corral papers".

El abogado Alejandro Otte, que patrocina a Cesoni, coincidió que el dictamen de Feijóo "ratifica el accionar" del fiscal Apullán que solicitó el allanamiento y del juez Sergio Carraro que lo ordenó. "Queda más que claro que la medida fue fundada, había motivos suficientes y no es desproporcionada. Es la única manera" de preservar pruebas cuando hay "urgencia" y "no se puede esperar", agregó Otte. "Además, ya no quedan dudas que se trató de un allanamiento y no de un requerimiento de información", como dijeron esa mañana dos secretarias del intendente: María Martín y Andrea Valsagna.

-‑¿Este es un aval al fiscal? -le preguntó una colega de Aire de Santa Fe.

-‑Sí --respondió Otte--. Porque a partir de que el Colegio de Jueces en pleno avala la decisión del juez Carraro, e indirectamente, la del doctor Apullán, queda claro que su accionar se realizó en el marco de la ley. Que no se trataba de una cuestión política. La doctora Feijóo dice que las investigaciones no pueden estar supeditadas a días "festivos" y "electorales". Queda claro que esto no se trató de una cuestión política.

La acusación de Corral a Apullán por el horario del allanamiento y la cantidad de agentes y móviles que participaron ya había sido desmentida en el sumario que instruye Vranicich. El retruque fue del mismo jefe del operativo, el comisario Monzón.    

-‑¿Quién le comunicó la orden judicial del allanamiento? -quiso saber Vranicich.

-‑El doctor Apullán.

--¿Qué instrucción le dio Apullán ejecutar dicha orden?

‑-Cumplir lo que decía la orden: secuestrar documentación en el Palacio Municipal.

‑-¿Y quién decidió el horario?

-‑El doctor Apullán nos indicó que había que coordinar la hora con el comisario Alejandro Tognolo (director de Inteligencia Criminal Estratégica de la PDI) y su gente que se encargó de la parte informática.

-‑¿Qué criterio se utilizó para definir la cantidad de agentes que realizarían la medida? -nsistió Vranicich.

-‑Yo definí la cantidad de personal que fue a cumplir la orden -respondió Monzón. Y explicó que lo hizo "teniendo en cuenta que era un edificio público" y "que la documentación a secuestrar iba a ser mucha". "Había otra orden de allanamiento que la cumplió el comisario Tognolo con personal del área informática".

-‑¿Cuál era la orden de allanamiento que debía ejecutar usted?

-‑Constatar la existencia y en su caso secuestrar documentación impresa relacionada a un Programa (de Iniciativas Comunitarias, que Corral ya desactivó). Me pidieron también los legajos de tres empleados municipales.

-‑¿Cuántos móviles se utilizaron para efectuar la medida?

-‑Los de mi área, la unidad investigativa, éramos diez personas, diez u once. Fuimos en tres móviles no identificables.

-‑¿Quién estableció dicho criterio?

-‑Yo.

-‑¿Por qué decidió hacer el allanamiento en horario hábil (de oficina)?

-‑Así se hace normalmente, se coordina con el fiscal que es a quien, en verdad, va dirigida la orden. Pero en este caso había coordinar con otra área (Inteligencia Criminal) que no está bajo mi mando -concluyó Monzón.