Los trabajadores del hospital denunciaron además que hubo una drástica reducción de los recursos materiales indispensables para ejercer su trabajo, que se eliminaron dispositivos de atención grupal y que se limitaron los horarios de atención espontánea a adultos, niños y adolescentes.
A través de un comunicado conjunto, ATE y UPCN alertaron sobre la “constante persecución y violencia institucional que sufren todos los días los trabajadores” del Bonaparte, que se refleja en un manejo “discrecional” de los recursos “en base a un amiguismo burdo” y en la “remoción de cargos sin justificación”, que impacta directamente en la calidad de la atención y en las condiciones de trabajo de los médicos, los psiquiatras y los psicólogos que se desempeñan en el lugar.
“Nosotros tenemos otras lógicas de trabajo interdisciplinario, mientras que estos señores reducen toda la problemática a cuestiones orgánicas”, advirtió a Página/12 Leonardo Fernández Camacho, delegado general adjunto de ATE, quien además denunció “la desidia total" de las nuevas autoridades.
Los empleados aseguran que desde que asumió la actual gestión se dejó de trasladar a los pacientes que lo necesitan por "falta de combustible”, se redujo la “demanda espontánea” de casos urgentes, que ahora se atienden con turnos previos, y se limitaron los programas de atención de niños y adolescentes. “Si se descompensa alguien acá, tenemos que trasladarlo porque no podemos tratarlo y tampoco podemos ocuparnos de su transporte porque no podemos usar las ambulancias”, señaló Fernández Camacho.
Los recortes en el hospital que, según su propia web, debería ser un "Centro Nacional de Referencia en Salud Mental y Adicciones tanto en el funcionamiento asistencial como en la dimensión científico-técnica", se inscriben en el contexto general de la restauración de un enfoque biologicista de la salud mental que intenta reinstalar el modelo tutelar, que expropia la voluntad de los pacientes, a quienes considera incapaces de tomar decisiones, no sujetos de derechos.
Así lo entiende el interventor Mera, quien pide a través de Facebook que los internautas le digan “sí al presidente de la Nación Argentina y al decreto reglamentario de la Ley de Salud Mental”.
“Acá tenemos la injerencia de este mundillo de las neurociencias, encarnado en Débora Serebrisky, quien insiste en la idea de reducir una cuestión tan compleja como la salud mental a una cuestión lineal y anacrónica, que contradice nuestra formación interdisciplinaria”, advirtió a este diario Fernández Camacho, que al igual que el resto de los trabajadores del hospital se encuentra en estado de asamblea permanente. El dirigente gremial adelantó además que mañana le enviarán una carta a la cartera al ministro de Salud, Adolfo Rubinstein, a quien le solicitarán que tome cartas en el asunto.
La Comisión Directiva de la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires, por su parte, manifestó su respaldo a los trabajadores del hospital y se solidarizó con todas las iniciativas "tendientes a frenar el vaciamiento y deterioro progresivo” del centro de salud mental, que “ha constituido y cimentado su prestigio en la atención personalizada” de los pacientes, “basada en la inclusión y construcción de una ciudadanía que reconoce a los pacientes como sujetos de derecho”.
