Desde Santa Fe.

La interna del socialismo ya se agitó esta semana con el veto de Miguel Lifschitz a una ley emblemática de Antonio Bonfatti que proponía fortalecer la investigación científica y técnica en la provincia. Pero ahora, otra movida del gobernador que incluyó en la agenda de sesiones extraordinarias una media sanción del Senado que adhirió a ley nacional 27.275 de acceso a la información pública (después de cajonear durante 15 años una ley similar sancionada siete veces por Diputados desde el 2002) sorprendió y metió más malestar en el bloque del Frente Progresista. Lifschitz sabe que el proyecto del Senado era un tapón para el que sancionó Diputados, pero aún así lo habilitó en extraordinarias con una justificación a su estilo. "Es mejor algo que nada", dijo. El diputado del PDP Gabriel Real (que promovió seis de las siete sanciones, la última setiembre de 2016), ya le contestó: "Por la información que tengo, lo del Senado no sale. Nosotros vamos a insistir con el proyecto original de Diputados, por respeto a la propia Cámara", le dijo el legislador demoprogresista a Rosario/12. Y explicó por qué. "La ley de los senadores excluye del acceso a la información pública a los poderes Legislativo y Judicial y a las empresas del Estado. Licúa la responsabilidad política y va en desmedro de la calidad institucional que Santa Fe merece".

El choque legislativo quedó expuesto en el cierre de 2017. Desde 2002, por iniciativa del demoprogresista Carlos Favario que siguió Real, la Cámara de Diputados aprobó la ley de acceso a la información pública siete veces, la última el 22 de setiembre de 2016, lo que significa que caducará el 30 de abril de 2018.

En estos 15 años, el Senado frenó las siete sanciones de Diputados. Hasta que el 23 de noviembre de 2017 aprobó -sobre tablas y sin debate‑  otra iniciativa que adhiere a la ley nacional 27.275 de acceso a la información pública. Es un proyecto de los tres jefes de bloques: Armando Traferri (PJ) y sus pares Felipe Michlig y Lisandro Enrico ‑de ambos sectores de la UCR‑ que sorprendió a los cronistas parlamentarios por lo escueto: consta de cinco artículos y 62 palabras.

Real explicó la diferencia entre uno y otro. El de Diputados garantiza a los santafesinos el libre acceso a la información pública en los tres poderes del Estado. Y pone como responsables políticos a las cabezas: el gobernador, el presidente de la Corte Suprema de Justicia y los titulares de las Cámaras. Mientras que el del Senado -a juicio del legislador‑ excluye a los poderes Legislativo y Judicial y a las empresas del Estado y diluye la responsabilidad de las respuestas en funcionarios políticos de bajo rango. "Deja de existir la responsabilidad política, por eso decimos que la ley de Santa Fe es muy superior", agregó Real sobre las diferencias entre la ley con media sanción de Diputados y la que aprobó el Senado.

Lo llamativo es que Lifschitz -a pesar de ser autor de un proyecto en línea al de Diputados‑ habilitó en extraordinarias el del Senado. Y lo hizo porque "es mejor algo que nada. Eso será al menos un avance. Hoy no tenemos más que un decreto (de Hermes Binner, de 2009) que involucra sólo al Poder Ejecutivo. Cuando era senador presenté un proyecto, pero lamentablemente quedó en el archivo", se justificó ante El Litoral.

El diputado Real no ocultó su molestia por la decisión de Lifschitz. "No tengo explicación, no pude hablar con él. Me imagino que hubo algún tipo de acuerdo con los senadores", dijo. Y adelantó que la media sanción del Senado no saldrá de Diputados. "Nosotros vamos a insistir con la sanción original, por respeto a la propia Cámara", subrayó el demoprogresista.    "Creemos que Santa Fe debe mejorar la transparencia y su calidad institucional con una ley que garantice a los ciudadanos el acceso a la información pública en los tres poderes del Estado. Hay que cambiar las prácticas políticas. Porque acá no hay nada que no se pueda saber y no se pueda conocer", planteó Real sobre el alcance de la ley que propuso.

"Por eso sorprende, que el Senado haya sacado esta adhesión a la ley nacional 27.275, cuando Diputados insiste con esta iniciativa desde 2002 y la sancionó siete veces". Y en 15 años, "el Senado no trató la norma, alguna vez le introdujo el interés legítimo y en otras, la dejó caducar. El proyecto del Senado ha recogido la opinión negativa de organizaciones no gubernamentales y del sindicato de Prensa de Rosario, entre otras porque va a desmedro de la calidad institucional que Santa Fe merece", concluyó.