La reducción de las jubilaciones a partir de marzo de este año tuvo una repercusión tan impopular que hasta el grueso de los medios hegemónicos oficialistas exhibió su rechazo a la medida. En efecto, ni siquiera la estrategia comunicacional del gobierno (las jubilaciones subirán cinco puntos por encima de la inflación) fue adoptada por estos medios de comunicación como en otras oportunidades. De hecho, según el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) no aumentarán cinco sino cuatro puntos porcentuales por encima de la inflación, en lugar del siete por ciento que les hubiera correspondido si no se modificaba la fórmula. 

Por otro lado, la inflación para los jubilados es mayor a la habitualmente difundida, en virtud de la porción de los ingresos que le destinan a dos de los rubros que más aumentaron en los últimos dos años, como alimentos y medicamentos, con lo que para la Universidad Metropolitana del Trabajo los aumentos para jubilados superaron en cuatro puntos la inflación general en 2016 y cerca de cinco este año. 

Pero no fue tanto por la complejidad de estos cálculos que los voceros oficialistas desestimaron el marketing gubernamental, sino por el hecho de que el mismo Mauricio Macri anunció en el Centro Cultural Kirchner que la nueva ley jubilatoria buscaba el “equilibrio fiscal”, mientras Marcos Peña afirmó que “el objetivo de los cambios es darle sustentabilidad al sistema previsional”, tras lo cual diversas consultoras estimaron la cifra del “ahorro” para este año fiscal en torno de los 70.000 millones de pesos, o 0,5 por ciento del PIB, lo cual se encuentra en línea con la reducción de un punto del déficit fiscal primario propuesto por el gobierno para este año, el cual debería disminuir al 3,2 por ciento del PIB. La propuesta del bono compensatorio de entre 300 y 750 pesos, fue la confirmación final y oficial de que los jubilados perderían con la nueva fórmula.

Lo que sin embargo no se puso en cuestionamiento, era la necesidad de operar un ajuste sobre el déficit fiscal, como tampoco las responsabilidades del actual gobierno en este cuadro. El nuevo sentido común fue que no había que ajustar sobre los más débiles (según una encuesta de la Universidad de San Martín, el 65 por ciento de los ciudadanos se oponía a la reforma), pero sí era necesario reducir las erogaciones fiscales. Otra forma de ocultar las concesiones que, desde que asumió, el gobierno viene haciendo con las capas más altas de la sociedad.

Por caso, 70.000 millones de pesos fue justamente la cifra que el Banco Central macrista abonó luego de que el actual gobierno aplicara una fuerte devaluación en diciembre de 2015. Por esta medida resultaron beneficiados, según un informe del diputado Héctor Cavallero, 17 funcionarios macristas o sus parientes, entre los que se destacan Nicolás Dujovne, Mario Quintana, Gustavo Lopetegui, Franciso Cabrera, José María Torello, Hernán Lacunza y Martín Lousteau. No 70.000 millones de pesos, pero sí 65.000 millones de pesos, fue lo que el Estado dejó de percibir como resultado de la quita de retenciones al agro, una de las primeras medidas tomadas por el macrismo cuando el actual ministro de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere, era presidente de la sociedad Rural. 

De acuerdo al Centro Cifra de la CTA, el costo fiscal en 2016 y 2017 por la quita de las retenciones fue de 31.014 y 34.801 millones de pesos, respectivamente, en tanto que para este año, incluyendo las nuevas reducciones de las alícuotas del 0,5 por ciento mensual para la soja y sus derivados, el Estado dejará de percibir en total 56.734 millones de pesos y 89.739 millones de pesos en 2019. 

El Estado también resignó, por la reducción de la alícuota de Bienes Personales desde el 1,25 por ciento en 2015 hasta solo el 0,25 por ciento en 2017 que abonan la mayor parte de los altos funcionarios de este gobierno, la suma de 13.147 millones de pesos, según cifras que se desprenden de la propia AFIP. Mientras que la eliminación de las retenciones a la minería en 2016 implicó una pérdida, solo en ese año, de 3771 millones de pesos, de acuerdo a cifras oficiales. 

A esta lista, se pueden sumar la rebaja de las contribuciones patronales, y del impuesto a las ganancias para empresas que reinviertan, previstas para el año próximo, junto a las disminuciones impositivas ya operadas para las grandes industrias, los autos de lujo, los aviones, las embarcaciones e incluso el champagne.

Así, tal como se pronunció el grueso de la sociedad y de los medios, los jubilados perderán con la reforma, mientras que otros sectores minoritarios están ganando en el gobierno de Macri.