Se imputa y después se buscan las pruebas
El mecanismo de las detenciones
Imagen: Leandro Teysseire

“Se le imputa haber participado, junto a sus consortes de causa, de los tumultos y desórdenes públicos llevados a cabo el día 14 de diciembre del corriente año a las 17.45 en la intersección de la avenida Callao y Bartolomé Mitre con la intención de infundir un temor público suficiente como para coaccionar la actividad parlamentaria que fuera convocada en la fecha indicada, con motivo del tratamiento legislativo de la comúnmente denominada ‘Reforma previsional’, que se trataría en la Cámara de Diputados, la cual a la postre quedó suspendida”. De todo eso se enteró Damiana Negrin Barcellos que está acusada el 2 de enero, cuando tuvo que presentarse a la indagatoria en el juzgado de Claudio Bonadio. Damiana tiene 24 años, vive en la zona de Congreso y volvía a su casa de trabajar cuando transcurría la movilización. Mientras caminaba tropezó con una moto. Un video que se viralizó muestra el momento en que, tras caer, se le abalanza un grupo de gendarmes, le amarran las manos, uno incluso la “manosea” –como ella misma contaría después– y se la llevan presa en un camión mientas gritaba desesperada, vestida de blanco. Como ella, 44 personas (algunos participantes de la movilización, otros curiosos, o solidarios o vecinos) estuvieron detenidas aquel jueves y cinco siguen presas hasta el día de hoy. Pasó un mes. Esteban Rossano es uno de esos detenidos (ver nota central), junto con dos militantes anarquistas y dos limpiavidrios.  

Vale la pena leer lo que en la jerga judicial se llama “imputación” para entender la distancia que la separa de la realidad. El texto del juez sigue y sugiere que Damiana estaba entre manifestantes “con su rostro cubierto” que increpaban a la Gendarmería y a la Policía, que prendían fuego a tachos de basura sin cesar pese a las advertencias. Advierte que hay supuestas pruebas: las actas de Gendarmería y las declaraciones de testigos: quince agentes de la fuerza. Con “copy-paste” a todos los detenidos del 14 de diciembre los acusan de lo mismo: intimidación pública, daños, resistencia a la autoridad y coacción para que el Congreso no sesione. El juez hizo cinco allanamientos en busca de elementos explosivos o para armarlos, banderías políticas o material del estilo. En las indagatorias el juzgado hace preguntas como “¿a qué de la ley (de reforma previsional) se oponía para que haya decidido ir a la manifestación?”, como si fuera eje de un delito. 

El mecanismo para las detenciones en protestas es así: se genera una imputación penal y después el juzgado se pone a buscar si hay alguna prueba. Fue palpable en la causa por los 31 detenidos de la primera movilización por Santiago Maldonado, a cargo de Marcelo Martínez de Giorgi. Allí, por ejemplo, se utilizó como prueba un cuaderno con poemas, alguna leyenda que los policías interpretaron como anarquista y un dibujo a mano alzada de un living, con dos gatitos en un sillón que equipararon con un croquis para derribar el vallado de la Casa Rosada. La última movilización, el 18 de diciembre, con fuerte represión otra vez, mostró que no todos los jueces actúan con el mismo criterio. Sergio Torres, por ejemplo, liberó a todos los detenidos en cuestión de horas, pero aún no definió qué pasará con ellos y si dirá algo sobre la pertinencia o legalidad de sus detenciones. A la vez detuvo a manifestantes del Partido Obrero, César Arakaki y Dimas Fernando Ponce. También detuvo a un policía, lo liberó cuando sus superiores intentaron cubrirlo, denunció un encubrimiento y lo volvió a detener. 

“Lo que vimos en las protestas fue una razzia en los términos en los que la tiene prohibida la Corte Interamericana de Derechos Humanos con el sólo objetivo de detener personas que estuvieran solas o en grupos reducidos, vulnerables, para generar un temor en la sociedad de participar en manifestaciones democráticas que afecten los intereses del gobierno”, señaló el abogado Federico Paruolo, del Frente Abogados Populares, quien representa a Esteban Rossano junto con el abogado Adrián Albor. “El Gobierno –contextualiza Albor– sabe que la transferencia regresiva de riqueza del pueblo a la oligarquía trae como consecuencia la protesta y eligió primero a la Gendarmería para reprimir, como en los comienzos con la murga de la villa 1-11-14. Algunos jueces acompañan y dejan presa a gente que manifiesta o simplemente pasa por ahí”. 

“El funcionamiento de la justicia penal habitualmente es así: la gente queda presa con poca prueba. Lo distintivo es que eso no se materializaba como ahora en los casos de protesta social”, advierte Paula Litvachky, directora del área de Justicia y Seguridad del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). Según la especialista, además, se  fuerza una interpretación sobre el delito de intimidación pública para que tramite en el fuero federal (Comodoro Py) (más dócil al poder político) en lugar de la justicia ordinaria. Un comunicado del CELS, al cumplirse un mes de las detenciones del 14 de diciembre, a las que se sumaron las del 18, alerta: “El inicio de causas penales de carácter federal en contextos de represión de la protesta, en las que se sostienen detenciones prolongadas con argumentos endebles implican procesos de criminalización muy preocupantes. Sin duda, se trata de un mensaje disuasorio que busca la desmovilización. Al mismo tiempo, el Poder Judicial continúa profundizando el deterioro de las condiciones en las que se desenvuelve el proceso penal, situación que convalidan gran parte de las instancias judiciales superiores”. 

¿Por qué hay cinco detenidos hace un mes? Uno de ellos es Rossano, quien para el juez puede entorpecer la investigación y lo hacen sospechoso dos piedras que aparecieron en su mochila y cuatro panfletos pisoteados (que él dice que le plantaron) más ropa deportiva. También siguen presos dos limpiavidrios que viven en situación de calle: Juan Salomón Vallota y Sebastián Giancarelli quienes, claro, no tienen domicilio, lo que para los jueces es otra causal de entorpecimiento. Suelen andar por Congreso y en la movilización juntaron casquillos disparados por gendarmes y policías. Los otros dos son Pablo Giusto y Diego Parodi, de organizaciones anarquistas. Fueron detenidos a la madrugada cuando reclamaban en una comisaría por la libertad de dos compañeros. Giusto quedó preso porque su vivienda estaba siendo allanada en el momento que su defensa planteó la excarcelación y el juez dedujo que podía entorpecerla. Sobre Parodi, le cuestionaron que fue a la indagatoria con una remera distinta a la que tenía puesta cuando lo detuvieron, como si hubiera querido engañar. También le allanaron la casa. En ningún caso hallaron nada. El fiscal Jorge Di Lello dictaminó a favor de la libertad de todos. La Cámara Federal dispuso que sigan presos porque la investigación está en curso y no habían terminado las indagatorias, como la de Damiana. 

“Es un disparate jurídico sostener que como ciertas divisiones de la Policía Federal y de la ciudad no terminaron peritajes se justifica la prisión de una persona durante el proceso. Ya de por sí fueron disparatadas las detenciones, pero el Poder Judicial ha dejado de respetar la libertad de las personas. La libertad se ha convertido en una decisión del poder y no en el resultado de la aplicación de la ley”, evalúa Lisandro Teszkiewicz, consejero directivo de la facultad de Derecho de la UBA (Frente de Abogados Populares) y defensor de algunos detenidos. 

Nicolás Tauber, abogado de Liberpueblos,  señala que “algunos jueces consideran que ser militante o tener determinada idea política es un elemento determinante para detener y procesar, como con el cuadernito que se usó de prueba en la causa de la marcha por Santiago Maldonado”. “El sistema judicial –agrega– no puede investigar a alguien por lo que es, sólo puede investigar los hechos que el código penal prevea como delito. Si no, no es otra cosa que criminalizar la protesta y la militancia política, y es una manifestación del derecho penal de autor típico de los regímenes autoritarios”. El abogado Ismael Jalil, de Correpi, explica: “No es el panfleto lo que define si te detienen o no. Esa es la pueril excusa que usan los mediocres operadores del poder, y en Comodoro Py hay varios. Lo central es que han determinado un enemigo interior caracterizado por su capacidad de resistir las políticas del gobierno. Si llevan panfletos o papel pentagramado da igual. A los mapuches los criminalizan por ´esconder´ martillos. Estamos en una democracia procedimental”.