La cuarta no fue la vencida. Luego de tres reveses legislativos, el Ejecutivo porteño volvió a fracasar en el intento de allanarle el camino al holding de los hermanos Elsztain para que construyan un barrio de lujo en terrenos de la ex Ciudad Deportiva de Boca Juniors, en Costanera Sur.

El macrismo había urdido una estrategia legislativa atando la aprobación del convenio entre Solares de Santa María -–subsidiaria de IRSA-- y el Gobierno de la Ciudad a la urbanización de la villa Rodrigo Bueno, ubicada justo al lado del predio de 70 hectáreas en las que se estimaba la edificación alrededor de un millón de metros cuadrados. La empresa había propuesto aportar 70 millones de dólares para la urbanización.

En la última sesión ordinaria del año, las negociaciones fueron a contrarreloj. El tratamiento del convenio se mantuvo hasta último momento en un temario que incluyó la aprobación de la urbanización del Playón de Chacarita, las restricciones al acceso de vehículos al centro, el traspaso de la administración del Juego a la Ciudad y la sanción de una nueva Ley de Acceso a la Información Pública, entre otras.  

Hasta minutos antes de que se tratara la urbanización de la villa Rodrigo Bueno, el bloque PRO intentó que el convenio con IRSA no naufragara. El holding preveía invertir unos 2 mil millones de dólares para construir torres con acceso exclusivo al río, centros comerciales, hoteles y oficinas para unas 15 mil personas. 

A pesar de que el macrismo había presionado para que se trataran ambas iniciativas en conjunto, la presencia de los vecinos pudo más. Mientras se confirmaba que IRSA perdía una vez más la pulseada en el recinto, la urbanización fue aprobada en primera lectura por unanimidad. Marino Sosa, delegado de la villa, dijo a Página/12 que “es un avance muy importante después de tantos años de lucha”.

"La sanción de esta ley es un reconocimiento al trabajo de los vecinos de Rodrigo Bueno, representados en sus delegados. Se escuchó su reclamo histórico, por el que vienen luchando desde hace más de diez años”, destacó Horacio Corti, defensor General de la Ciudad, entidad que patrocinó a los vecinos de la Rodrigo Bueno.

Sosa y Corti se refieren a los diez años de litigio judicial que mantuvieron con el Gobierno porteño y que terminó en agosto en el Tribunal Superior de Justicia, cuando el Ejecutivo cambió de postura y aceptó presentar una propuesta de urbanización. “Con una ley la situación es muy distinta, ahora no nos pueden sacar, y hay otra responsabilidad del gobierno”, amplió.

Lo que entonces circuló como un rumor (que el cambio del Gobierno obedecía al reflote del proyecto de IRSA y un trueque por la financiación de las obras) cobró entidad cuando ingresó a la Legislatura un nuevo convenio firmado entre ambas partes, con la propuesta de la empresa formalizada.

De la confianza inicial a la desazón pasaron apenas un puñado de horas y algunas promesas rotas. En el PRO estaban convencidos de que podrían aprobar el proyecto, sobre todo luego de que consiguieran que la aprobación dependiera de una mayoría simple y no una especial, como así lo exigía parte de la oposición. 

El legislador del Partido Socialista Auténtico, Adrián Camps, calificó a la iniciativa como un “desastre legislativo”, ya que “cualquier cesión de derechos sobre bienes de dominio público debe aprobarse con procedimiento de doble lectura y cuarenta votos”.

Por otra parte, el legislador de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, votó en contra del convenio  que beneficia a IRSA. “Acá no es estar por capricho en contra de un desarrollador privado o de inversiones, sino que no podemos que sea cualquier cosa”, señaló a Página/12. Ferraro hizo hincapié en que a pesar de que la empresa se comprometía a aportar un dinero para urbanizar la villa, el nuevo convenio estipulaba que la Ciudad se haría cargo de obras que antes prometía hacer IRSA.

En efecto, el holding propuso traspasar al dominio público el 40,75 por ciento de las 70 hectáreas, pero el Estado debería utilizarlas para urbanizar el barrio que proyectaba la empresa, es decir, abrir calles y avenidas, canales de agua para fines hidráulicos, recreativos y paisajísticos, parques o plazas, entre otros.