A tres años de la muerte del fiscal Alberto Nisman, el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Claudio Avruj, abonó el cambio de rumbo de la investigación al avalar no solo la nueva hipótesis de "homicidio" que investiga el juez Julián Ercolini desde diciembre pasado, sino también la hipótesis de la exmujer del fiscal, la jueza de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, quien sostiene que se trata de "un crimen de Estado que encubre graves violaciones a los derechos humanos". 

En diálogo con FM Delta, Avruj argumentó que el caso debería ser tratado como un delito de lesa humanidad porque está implicada una "figura pública", a pesar de que esa condición no amerita que su muerte sea calificada como de lesa humanidad. 

Sin embargo, fue menos tajante al referirse a una eventual participación del Estado en lo ocurrido el 18 de enero de 2015: "Si no estuvo involucrado el Estado, hubo mucha desidia para investigar prontamente de qué se trató, como pasó con la Amia, donde hubo obstáculos y donde el Estado tenía que haber puesto todo en su momento y no lo hizo". 

Luego, sin hacer referencia a la falsa pista de investigación del atentado a la AMIA promovida por el gobierno de Carlos Memen, el secretario de Derechos Humanos apuntó contra la expresidenta, Cristina Kirchner: "Hemos sido testigos de dichos, de la presidenta y de varios ministros de entonces, que descalificaron, y hasta acusaron a la madre de Nisman (que compartía una cuenta en el exterior con su hijo y con el informático Diego Lagomarsino), ensuciaron, distrajeron y obstaculizaron".

El funcionario intentó, así, relacionar la muerte del fiscal con la causa impulsada contra la expresidenta, el excanciller Héctor Timerman y otros exfuncionarios y dirigentes sociales, que fueron procesados y cumplen prisión preventiva por orden del juez Claudio Bonadio, acusados de encubrir a los iraníes acusados del atentado a la AMIA por la firma del Memorándum de entendimiento con Teherán.  

El presidente de la AMIA, Agustín Zbar, a su turno, también respaldó la hipótesis de considerar la muerte de Nisman como un delito de lesa humanidad, con el argumento que la muerte de Nisman "está indisolublemente ligada a su tarea como fiscal de la causa AMIA, un crimen de lesa humanidad así declarado por la Justicia".

Mientras tanto, en el marco de la causa judicial, recaratulada como "presunto homicidio" a partir de un reciente peritaje de la Gendarmería, que contradice los estudios realizados por los peritos de la Corte Suprema, Ercolini procesó a Lagomarsino como "partícipe necesario" de lo que definió como un "plan criminal" por haberle entregado entregado a Nisman el arma de la que salió el disparó que mató al fiscal.