Carles Puigdemont insiste con volver a ser el presidente del gobierno catalán y subió la apuesta con su idea de gobernar desde el exilio si el parlamento regional lo inviste y se mantiene la orden de detención en su contra: “Hoy en día las nuevas tecnologías permiten no estar físicamente en el Palau para gobernar", dijo en una entrevista radial desde Bélgica, adonde viajó hace dos meses cuando el gobierno de Mariano Rajoy suspendió la autonomía de Cataluña. "Con los miembros del Govern sólo nos vemos en el consejo ejecutivo", justificó su argumento.

El depuesto presidente lideró desde su exilio a la alianza independentista Junts per Catalunya, que fue la lista nacionalista más votada en las elecciones de diciembre pasado, detrás de los liberales de Ciudadanos. Junto con Esquerra Republicana y la Convocatoria de Unidad Popular, suman 70 votos en el Parlament, dos más de los necesarios para formar gobierno. Roger Torrent, de Esquerra Republicana, ya fue elegido titular del legislativo hace dos días.

En su entrevista a Radio Catalunya, Puigdemont afirmó que "en la cárcel no me podría dirigir a la gente ni recibir visitas por desgracia". Una forma de admitir que su destino es la prisión si vuelve a España. De hecho, su ex vicepresidente, Oriol Junqueras, y varios funcionarios del gobierno depuesto, fueron detenidos tras la aplicación del artículo 155, que suspendió la autonomía tras la declaración unilateral de independencia. “No se puede hacer de presidente si soy presidiario”, se sinceró."En la prisión yo no podría dirigirme a la gente, no podría escribir, ni recibir a la gente. La única manera es poderlo seguir haciendo en libertad, con seguridad. Es tristemente mucho más difícil poder hacerlo desde el Estado español, donde estaríamos en prisión", adujo. 

“Hoy en día, los grandes proyectos empresariales, académicos, de investigación, se gobiernan también y, fundamentalmente, con el uso de las nuevas tecnologías", alegó Puigdemont en busca de una fundamentación para gobernar si no se levanta la orden de captura de la justicia española. Mientras tanto, los nacionalistas impulsan su candidatura.

El gobierno de Rajoy ya advirtió que no tolerará la investidura de Puigdemont hasta tanto no resuelva su situación judicial, ni mucho menos aceptará que el Parlament avale una presidencia desde Bruelas, algo que los juristas rechazan de plano. Rajoy mismo anunció que recurrirá al Tribunal Constitucional, el mismo que anuló el polémico referéndum independentista del 1º de octubre y la declaración de independencia que precipitó los acontecimientos.

"Si el Parlamento me ratifica como presidente, el jefe de Estado no tiene ningún derecho a subvertir este mandato", subió la apuesta Puigdemont, pese al mote de “presidente holograma” que le endilgan quienes critican su idea de gobernar sin estar físicamente en Cataluña.