Los bloques de legisladores bonaerenses de Unidad Ciudadana (UC) presentó un paquete de proyectos de ley para cuidar el empleo y frenar el ajuste que impulsa la gobernadora María Eugenia Vidal. Diputados y senadores solicitaron que se dicte la “Emergencia laboral” por dos años y la creación de una comisión bicameral “para la defensa del trabajo y la promoción del empleo”. Además presentaron un proyecto para proteger al Instituto de Previsión Social (IPS) bonaerense, equivalente al Anses provincial, para declarar su intangibilidad después de que funcionarios macristas anunciaran que este año avanzarán con su reforma para equipararlo con el sistema de previsión social nacional, de una manera que desfavorecería a los trabajadores bonaerenses.

La bancada kirchnerista presentó en la legislatura el proyecto de emergencia laboral para “defender y promover el empleo, ante la grave situación que atraviesan los trabajadores del sector público y privado en todo el territorio bonaerense”. Uno de los objetivos que propone es que “se reincorpore a todo el personal despedido y/o suspendido, a partir del 1° de diciembre de 2017 en la Administración Pública Provincial”, y además “que se suspendan los despidos en el sector público durante la vigencia de la Ley”, si llegara a sancionarse. 

En los últimos días el funcionario Cristian Gribaudo, titular del IPS, había señalado que “este año comenzaremos a trabajar lo que tiene que ver con un sistema más previsible y más sustentable en la provincia de Buenos Aires que tenga que ver con esto que decíamos recién: con la edad, con los aportes y trabajar en regímenes que no sean distintos en todo el país”. Los jubilados por el IPS bonaerense están enganchados a los arreglos sectoriales de los trabajadores activos. Por lo tanto la relación entre salario y jubilación es de entre 70 y 85 por ciento a diferencia de Anses donde se reduce al 52 por ciento en promedio. La pérdida para los trabajadores pasivos es ganancia y ajuste para el gobierno de Cambiemos. Por ello presentaron el proyecto para declarar de orden público el sistema de jubilaciones vigente y la “intangibilidad de los fondos del IPS y de sus fuentes de financiamiento”.