“El fundamento para el arresto domiciliario en casos de delitos de lesa humanidad debe tener en cuenta la edad y la salud del condenado, pero también el riesgo procesal sobre todas las causas en que esté siendo procesado”, escribió en un tuit el secretario de derechos humanos de la provincia de Buenos Aires, Santiago Cantón. Aunque no lo nombra, el mensaje se refiere al caso del represor Miguel Osvaldo Etchecolatz. Es que la resolución en la que se fue concedido el beneficio de estar preso en su causa está fundamentada justamente en cuestiones de salud y su edad, pero no tiene en cuenta si hay corren riesgo las investigaciones que lo involucran o si puede interferir en esas pesquisas. Además de un represor, Etchecolatz es un conocido provocador y suele amenazar a testigos y jueces. Cuando se leyó la sentencia del juicio de “La Cacha” sacó un papelito de su bolsillo y escribió: “Jorge Julio López”, en referencia al testigo que desapareció en 2006, después de declarar en su contra. Nunca fueron esclarecidas las circunstancias en las que desapareció por segunda vez López, pero siempre estuvo presente en el hecho la sombra de Etchecolatz y los contactos que todavía tiene entre las fuerzas de seguridad.