El juez más famoso de Brasil, Sérgio Moro, a cargo de la Operación Lava Jato, quedó expuesto tras conocerse que, al igual que el 70 por ciento de los jueces, cobra un subsidio para pagar un alquiler. Peor aún, Moro, el juez que condenó a Lula con una llamativa escasez de pruebas, percibe el subsidio a pesar vivir en su propia casa.

Según admitió el propio magistrado, desde 2014 recibe unos 1300 dólares mensuales como “ayuda-vivienda” pese a que posee casa propia en la ciudad de Curitiba, desde donde ese mismo año comenzó a comandar la mayor operación anticorrupción de la historia de Brasil. El diario Folha de Sao Paulo reveló que Moro cobra el beneficio. Moro vive en un edificio de 256 metros cuadrados en Curitiba, capital de Paraná, sur de Brasil, estado limítrofe con Misiones. En total, Moro cobra el equivalente a unos 10.800 dólares por mes (sueldo más extra), pero a fin de año, según el mismo reconoció al portal UOL, por una serie de beneficios, llegó a recibir unos 35 mil (cerca de 100.000 reales).

Todos los fiscales y jueces tienen derecho al subsidio como un ítem separado del salario básico, pero este beneficio originalmente fue otorgado para los jueces que debían mudarse de sus ciudades de residencia, según la ONG Contas Abertas. Lo cierto es que en los últimos meses, con el Poder Judicial en plena batalla política, interviniendo en el Poder Legislativo, bloqueando la asunción de ministros y persiguiendo a dirigentes como Luiz Inácio Lula da Silva, el favorito para las elecciones presidenciales del 2018, los trapos sucios de los tribunales han salido a la luz.

También recibe auxilio de vivienda la mano derecha de Moro en Río de Janeiro, el juez Marcelo Bretas, pero con un detalle: este magistrado está casado con una jueza y ambos reciben el mismo beneficio viviendo juntos en casa propia, es decir unos 2.600 dólares mensuales. Bretas dijo en Twitter, con amplio repudio en las redes, que pretende ir a todas las instancias de la justicia para defender el doble beneficio. Horas después, el juez, famoso por condenar y mandar preso al ex gobernador de Río Sergio Cabral, renunció a Twitter, aunque no al doble beneficio.

El Poder Judicial en Brasil paga impuesto a las ganancias pero recibe ajustes salariales por encima de la inflación y del resto de los empleados públicos, aunque desde 2015 los extras se han detenido y es motivo de queja por parte de la Asociación de Jueces y de Fiscales. Desde 2014, según determinó el juez de la corte suprema Luis Fux, todos los jueces y fiscales pueden obtener los 1.300 dólares mensuales de auxilio vivienda, incluso si viven en la misma ciudad de residencia y si tienen casa propia. Más del 70 por ciento de los jueces jueces del Tribunal Superior de Justicia (STJ) y del Tribunal Superior del Trabajo (TST) en Brasilia reciben el beneficio, que también posee el Poder Legislativo.

El Tribunal Regional Federal 4 de Porto Alegre defendió el pago de auxilio vivienda a Moro “porque sigue las determinaciones legales”, informó en un comunicado en el que también participó el juez de Lava Jato. El tribunal de Porto Alegre se hizo famoso a nivel nacional e internacional la semana pasada, al confirmar la condena por corrupción contra Lula.

El clima de activismo judicial exhibido por los fiscales de la Operación Lava Jato –como Deltan Dallagnol, impulsor de una ley más dura contra la corrupción– llevó las discusiones al terreno partidario, abriendo también el Poder Judicial al debate nacional. Al igual que Moro, Dallagnol recibe la ayuda de vivienda.

La tensión entre el poder político y el Poder Judicial dominará la agenda de 2018: el Supremo Tribunal Federal debe decidir la apelación de Lula a su condena y todavía no resolvió ningún caso de la famosa y ya aletargada lista de Odebrecht. Se trata de la lista de políticos citados por la empresa constructora como receptores de sobornos. También, el Tribunal Superior Electoral deberá definir si Lula, incluso condenado en dos instancias, puede ser candidato.

El martes 6 asume al frente de la autoridad electoral el juez de la corte Luiz Fux, que tendrá a su cargo el caso de la candidatura de Lula. Fue el propio Fux quien, en 2014, falló en favor de los beneficios económicos a los jueces y fiscales.