Se cumplieron seis meses desde la muerte violenta de Santiago Maldonado, ocurrida en un contexto de represión feroz e ilegal. El expediente penal sigue abierto, el juez ordena nuevas medidas de prueba. Es imperioso hacerlo porque la autopsia no explica todo. Llega a que hubo asfixia por sumersión, a que el cuerpo estuvo en el agua todo el tiempo entre el primero de agosto y el 17 de octubre, fecha del hallazgo.
El agua encontrada en el ventrículo izquierdo comprueba que estuvo en el río Chubut pero el saber los peritos no alcanza a determinar si permaneció todo el tiempo en el mismo punto.
Decimos “hallazgo” porque, si bien Prefectura rastrillaba el río, el encuentro del cadáver no obedeció a ninguna acción proactiva de los uniformados. Se toparon con él, era perceptible a simple vista, flotaba. Sigue dejando lugar a dudas que no lo hubieran advertido antes, si permaneció dos meses y medio en ese punto. Por ahí pasaron testigos, prefectos. En las primeras semanas ulteriores a la muerte el río estaba más cristalino, tenía menos caudal, la corriente fluía más lenta. Maldonado llevaba un pantalón negro que acrecentaría la visibilidad.
La investigación debe complementarse con otras evidencias, remontarse de nuevo al primero de agosto. Arrancó tarde, les dio tiempo a gendarmes y funcionarios a manipular celulares o hasta cambiarles el chip.
El Gobierno, con ayuda de los amigos periodistas e intelectuales, dicta su propia sentencia: Maldonado entró en el río motu proprio, no como consecuencia de una persecución agresiva y armada. Y los imaginarios guerrilleros mapuches lo abandonaron. De los gendarmes que lo agredieron hasta llegar a la orilla, ni una palabra.
El ascenso al gendarme Emanuel Echazú corrobora la línea política oficial: la mano dura, impiadosa, merece premio.
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El homicidio calificado de Rafael Nahuel es ajeno a la causa penal sobre Maldonado. Pero sirve para interpretar el accionar de las fuerzas de Seguridad, las directivas de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich.
El mismo falso conflicto con la guerrilla mapuche. Idéntica culpabilización a las víctimas. Se alegó legítima defensa, se acusó a los ocupantes del parque nacional de haber disparado armas de fuego tan poderosas que arrancaron de cuajo ramas de árboles.
Las inspecciones oculares, en las que participó el juez, refutaron las fantasías. Ramas taladas solo existen en la imaginación de Bullrich. Peritados que fueron Nahuel y los mapuches que lo asistieron y bajaron a la ruta, se verificó que no tenían rastros de pólvora.
No medió defensa propia, fue un asesinato por la espalda. El Jefe de Gabinete Marcos Peña se puso sombrero de jurista: adujo que Prefectura acataba órdenes, que obraba como “auxiliar de la justicia”. La jerga es correcta, el razonamiento falaz y rayano en la infamia. Ningún juez está facultado a ordenar un asesinato con alevosía. Si en un arranque de locura emitiera esa directiva, los prefectos (autoridades públicas al fin) tienen el deber de incumplirla. La obediencia debida frente a una directiva atroz y aberrante, caramba.
En la misma región, en un período de pocos meses, hubo dos ataques brutales, con armas y una conducta desenfrenada. El equipazo del presidente Mauricio Macri los ordenó primero, los convalidó después. Los agresores de Nahuel siguen libres, la causa todavía se caratula “muerte dudosa”. En fin.
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Sergio Maldonado y su compañera, Andrea Antico, prolongan la tradición de los familiares de las víctimas. No gritan, no aturden con información berreta, solo piden investigaciones. El macrismo los declaró (tácitamente) personas no gratas. Militantes de Cambiemos, tanto da si son rentados o amateurs o funcionarios, se ensañan con ellos. La realpolitik macrista se condimenta con sadismo y desdén.
Sin embargo, los familiares de la víctima sí son gentes de bien, personas de a pie que claman por una investigación imparcial, no controlada desde la Casa de Gobierno. El patético desempeño del Poder Judicial induce a suponer que es un cometido muy difícil. El pressing cotidiano de altos funcionarios sobre los jueces en robustece el temor.
La familia encabeza el reclamo, jamás cejarán. La familia argumenta, discute, litiga. Sergio Maldonado interpeló a ciertos periodistas en una conferencia de prensa. La frase ya es histórica “si no tienen nada que decir, pongan música”. La lógica comunicacional del Gobierno es bien otra: cuando no tienen nada que decir, sobreactúan, acumulan argumentos, tapan la voz del otro, sin preocuparse por la coherencia. Meten ruido, para acallar.
