La letra del proyecto

Imagen: Leandro Teysseire

Con la apertura de las sesiones parlamentarias, en marzo, la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito presentará ante el Congreso el proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (ILE). Será la séptima ocasión en que presenten un proyecto. 

El actual proyecto tiene dos modificaciones en relación al último presentado el 30 de junio de 2016. El primer artículo sostiene que “En el ejercicio de su derecho humano a la salud, toda mujer tiene derecho a decidir voluntariamente la interrupción de su embarazo durante las primeras catorce semanas del proceso gestacional”. En el proyecto anterior, la marca estaba puesta en las primeras “doce semanas”.

Por otro lado, el artículo 10 fue incorporado ahora y en él se sostiene que “quedan incluidos en los derechos y beneficios comprendidos en la presente ley, las personas con capacidad de gestar de acuerdo en lo normado en la ley de identidad de género nº 26.743”.

Además, al igual que en el proyecto de 2016, el artículo que incluía a los objetores de conciencia fue anulado.

En el artículo 2, da un plazo máximo de 5 días al sistema de salud para la atención de “toda” mujer que acceda a la práctica.

Además, el artículo 3 fija las condiciones ya establecidas en la ley actual, para los casos de interrupción del embarazo por tratarse de “producto de una violación”, para lo que basta con la “declaración jurada de la persona ante el profesional de salud interviniente”; por estar en “riesgo la vida o la salud física, psíquica o social de la mujer, considerada en los términos de salud integral como derecho humano”; y “si existieren malformaciones fetales graves”.

El artículo 4 requiere para la realización del aborto “el consentimiento informado de la mujer expresado por escrito”.

El quinto obliga a que la interrupción sea incorporada por la medicina prepaga y todos los agentes de servicios médico asistenciales.

También aclara que no se requiere “ninguna autorización judicial previa”. La aclaración, hay que subrayarla, no se cumple hoy en día ni siquiera en los casos de aborto no punibles contemplados en la ley, a partir de presentaciones generalmente de médicos. Uno de los casos más recientes, informado por este diario, tuvo lugar en el Hospital de Trelew, donde un anestesista se negó a anestesiar a una paciente que estaba comprendida dentro de la ley, y finalmente, ante la denuncia de la ginecóloga Stella Manzano, las autoridades provinciales ordenaron el cumplimiento de la ley.

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