El ex presidente de la Unión Industrial Argentina Juan Carlos Lascurain quedó detenido en el marco de la causa en la que se investigan las denuncias por irregularidades en las obras de remodelación en YCRT (Yacimientos Carboníferos de Río Turbio), en la provincia de Santa Cruz. La detención del ex titular de la Asociación de Industriales Metalúrgicos fue dictada por el juez Luis Rodríguez, quien el lunes había ordenado la detención del intendente de Río Turbio, Atanasio Pérez Osuna. Lascurain se presentó espontáneamente ante el magistrado, en los tribunales de Comodoro Py, tras tomar conocimiento de la orden de detención en su contra. Esta es una de las causas por las que se encuentra detenido el ex ministro de Planificación Julio De Vido. Mientras esto ocurre en el plano judicial, a nivel social la localidad de Río Turbio, sobre la cordillera y en el límite con Chile, se convirtió ayer en una olla a presión con el arribo de unos 400 gendarmes pedidos por el interventor de YCRT, Omar Faruk Zeidán, para defender las instalaciones de la mina de una eventual ocupación. Los familiares de los mineros que perdieron su trabajo resisten apostados al costado del ingreso de la mina, y el lunes recibieron con abucheos e insultos a los gendarmes en la ruta, impidiendo su ingreso al pueblo.

El 16 de febrero, el juez Rodríguez había dispuesto el procesamiento de 16 imputados y dispuso embargos de hasta 250 millones de pesos sobre los bienes de Pérez Osuna y el ex secretario de Minería Jorge Mayoral. Roberto Baratta, ex secretario de Coordinación de Julio De Vido, también fue procesado por Rodríguez sin prisión preventiva, aunque permanece detenido por otra causa vinculada a una denuncia sobre operaciones de importación de GNL, tramitada por el juez Claudio Bonadío. Rodríguez procesó a Baratta y a Mayoral como “partícipes necesarios del delito de defraudación por administración fraudulenta cometido en perjuicio de una administración pública”, mientras que a Pérez Osuna lo sindicó como coautor del delito. 

El magistrado también había pedido la detención de Matías Mazú, actualmente legislador provincial por el kirchnerismo, pero para hacerla efectiva necesita su desafuero. Lascurain, presidente de la UIA entre 2008 y 2010, es titular además de la empresa Fainser, “que debía haber hecho una ruta en Río Turbio que no se construyó”, según detalló ayer el portal mundoempresarial.com.ar. “Se trata de los 7 kilómetros del trazado de la avenida de los Mineros en Río Turbio”, detalló la misma fuente. El fiscal Carlos Stornelli había pedido la detención de Lascurain, Pérez Osuna (ex interventor de YCRT) y Mazú, a los que denunció por intentar gestionar el pago de “un anticipo de 50 millones de pesos por una obra de 500 millones que no se había iniciado”. Según el requerimiento suscripto por Stornelli, “entre los meses de noviembre y diciembre de 2015 fueron libradas tres órdenes de pago en favor de la firma Fainser SA por la suma total de 50 millones de pesos, que fueron recibidos por la adjudicataria sin contraprestación”. 

Mientras tanto, sigue indefinida la situación de los trabajadores de la mina que recibieron telegramas de despido y se resisten a cambiarlos por un retiro voluntario, como les ofreció el interventor de la empresa. El viernes pasado, los trabajadores esperaban tener una propuesta firme de la empresa, pero el encuentro no se realizó, según dan cuenta los medios locales (La Opinión Austral, Río Gallegos). En lugar de ello, recibieron la promesa de que el ministro de Energía, Juan José Aranguren, los atendería este lunes a las 11 horas (ver en nota aparte los resultados de la reunión). Pero al mismo tiempo que se abría esta instancia en la Capital Federal, un convoy de la Gendarmería Nacional intentó ingresar en Río Turbio, por requerimiento del interventor de YCRT para preservar las instalaciones de la mina de una eventual toma por parte de los trabajadores. Según se señaló, unos 400 efectivos formaban parte del convoy, que fue detenido por cientos de manifestantes a cuatro kilómetros del ingreso, reclamando trabajo y lanzando consignas contra el presidente de la Nación (con el cantito ya clásico de “Mauricio Macri la p...” con ritmo de cancha). Las fuerzas de seguridad decidieron retroceder y apostarse en las chacras cercanas a esa localidad, usadas como asiento habitual de Gendarmería.   

Para los gremios, la dilatación de la espera de una respuesta concreta sobre el futuro laboral de los mineros, es una maniobra intencional de la Intervención para empujar a los despedidos a aceptar el retiro “voluntario”. De acuerdo con los datos aportados por los gremios (que recoge La Opinión Austral), de los 470 despedidos serían unos 270 los que aceptaron el retiro. La tensión va creciendo y la falta de una solución eleva la temperatura del conflicto. La dirigencia de los gremios permaneció en Buenos Aires a la espera del encuentro de este lunes con Aranguren. La intención explícita de la Intervención es bajar la nómina de personal para reducir costos, como condición previa a la reanudación de las tareas. Los gremios sostienen que esos costos se pueden reducir bajando partidas de gastos y funcionamiento, y proponen sentar a las partes para discutirlo. Ayer, los funcionarios de la empresa y la dirigencia radical santacruceña (en la provincia son la única representación de Cambiemos) celebraban las detenciones dictadas por el juez, casi a espaldas de un conflicto social que amenaza seguir creciendo.