El Gobierno nacional eligió la estrategia de Bart Simpson: decir "Yo no fui". En una reunión encabezada por el jefe de Gabinete, Marcos Peña, con senadores y diputados de Cambiemos, además de otros funcionarios del Gobierno se consensuó cuál será la postura oficial ante el pedido de detención de Cristina Fernández de Kirchner: tomar distancia, mantener cautela en las declaraciones y plantear que será un tema analizado en el Senado (allí el bloque de Cambiemos dijo que no será un "obstáculo para la Justicia"). Sólo algunos funcionarios guiados por el antikirchnerismo furibundo, como la secretaria de Lucha contra la Corrupción, Laura Alonso, o la diputada Graciela Ocaña se pronunciaron sobre el pedido de desafuero. El presidente Mauricio Macri evitó el tema en un acto público.
La posición oficial no estuvo exenta de fisuras: antes de que el equipo de comunicación hiciera el trabajo de fijar una postura común, el jefe del bloque del PRO en Diputados, Nicolás Massot, salió a celebrar la decisión de Bonadio. “Celebro que después de años la Justicia esté tomando el toro por las astas y asumiendo su rol”, sostuvo Massot, quien convalidó el criterio de detener a la ex presidenta. "Me resulta muy verosímil que la ex presidenta pueda obstruir el proceso judicial”, destacó. “El juez no está apartándose de la ley ni un centímetro, el juez está obligado a hacer lo que hizo”, indicó. También se adelantó a decir que el oficialismo votaría a favor el desafuero cuando luego el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, sostuvo que lo iban a estudiar (el pedido tiene no menos de 490 páginas).
La opinión de Massot contrastó con el silencio y la cautela que se vivieron en Casa Rosada. "Está bien demostrado que fue una negociación muy irregular, pero de ahí a Traición a la Patria y prisión preventiva me parece un exceso", opinó ante este diario un ministro. La posición oficial se fijó en una reunión que tuvo el jefe de Gabinete con Senadores y Diputados. "Era una reunión ya prevista por otros temas", sostuvieron en la Rosada. Estaba originalmente convocada para discutir el cronograma de tratamiento de las reformas que el Gobierno busca que se aprueben en el Congreso.
Como es obvio, el pedido de detención de CFK terminó siendo el tema central de la reunión. Allí Peña bajó una línea de "prudencia y cautela". "Esto es una interna peronista sanguinaria. Nos acusan a nosotros, pero eso se lo deberían plantear al PJ y al Frente Renovador. Nosotros no tenemos nada que ver. ¡Lo puedo asegurar!", juraba un funcionario ante este diario. En el encuentro se analizó qué posibilidades que existen de concretar el desafuero y cuál sería la posición del bloque que conduce Miguel Pichetto, indispensable para conseguir los votos que permitirían quitarle a la senadora la inmunidad de arresto.
