Delia Espinoza, investigó y acusó a la presidenta Dina Boluarte y a su hermano, así como a ministros y congresistas.
El cambio de penal levanta suspicacias, especialmente al darse en un contexto en el que el expresidente encabeza las encuestas para las elecciones de 2026 con un modesto 15 por ciento.
La norma anula todos los procesos judiciales en marcha contra los criminales y dispone que sean liberados los que están sentenciados que hayan cumplido 70 años.
Las leyes incliyen medidas contra la independencia de jueces y fiscales, además de amnistía para represores y acciones autoritarias de “mano dura”.
Aprobada en el Congreso, la ley blinda a sentenciados por crímenes cometidos durante el conflicto armado interno, que entre 1980 y 2000 enfrentó a la guerrilla con el Estado con un saldo de cerca de 70 mil muertos y más de 20 mil desaparecidos.
Los beneficiados por la legislación fueron acusados, imputados y hasta sentenciados por delitos de lesa humanidad cometidos durante de un conflicto armado interno que dejó 70 mil muertos y 20 mil desaparecidos.
Fueron alrededor de 300 mil las mujeres esterilizadas, sobre todo campesinas e indígenas, como parte de un plan de contenido racista para reducir la población pobre.
El funcionario, leal a Boluarte, era señalado por la grave crisis de inseguridad ciudadana, el incremento de la delincuencia en el país y la incapacidad gubernamental.
Robert Prevost pasó buena parte de su trayectoria pastoral en el vecino país, destino al que llegó por primera vez en 1985. Francisco lo nombró obispo de Chiclayo en 2015.
Por una cirugía estética que en un principio ocultó y después pretendió negar, que la apartó de sus funciones sin cumplir con comunicar esta situación al Congreso.
