El juicio es por la recaudación clandestina y el lavado de más de 17 millones de dólares en las campañas electorales de la hija del exdictador peruano, en 2011 y 2016.
Según la ley, los expresidentes que han sido acusados constitucionalmente por el Congreso o fueron condenados por la justicia pierden el derecho a una pensión vitalicia.
El documento denuncia "órdenes y decisiones claves de altos mandos (...) que abrieron la puerta a que se cometieran graves violaciones de derechos humanos" entre diciembre de 2022 y marzo de 2023.
Su hija Keiko, jefa del partido fujimorista Fuerza Popular y que ha estado duramente enfrentada a su padre, fue quien lanzó la candidatura del octogenario indultado por "razones humanitarias".
Hace unos días, el exmandatario se inscribió en el nuevo partido político Todo por el Pueblo, cuya creación él mismo ha impulsado desde hace unos meses.
"Castillo no debería ser investigado ni siquiera en el ámbito preliminar. Quien debería seguir gobernando es el expresidente Castillo”, declaró el abogado de la mandataria en una entrevista televisiva.
La norma declara la prescripción de los crímenes de lesa humanidad cometidos antes de julio de 2002. Organismos nacionales e internacionales advirtieron sobre su ilegalidad.
La acusación es por los aportes económicos ocultos de más de 18 millones de dólares que recibió la excandidata de grandes empresas para sus campañas de 2011 y 2016. "Estamos juzgando a una organización criminal”, advirtió el fiscal José Domingo Pérez.
La demanda fue presentada por la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y la Asociación Pro Derechos Humanos del Perú (Aprodeh) por los 49 muertos durante la represión a las protestas.
La ley de impunidad fue aprobada en el Congreso en primera votación y debe ser ratificada en una segunda votación. Uno de los beneficiados sería el exdictador Alberto Fujimori.
