Viernes, 19 de junio de 2015
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Condenadas por denunciar
Celina Benítez, de 22 años, fue encarcelada esta semana, acusada de abandono de persona, porque su pareja abusó y mató a su beba de casi dos años mientras ella estaba trabajando. La responsable de la acusación es Carolina Carballido Calatayud, titular de una fiscalía especializada en violencia de género, quien ya tenía un antecedente grave en relación a la criminalización de las mujeres: Yanina González, otra joven vulnerable, estuvo detenida durante un año y medio bajo la misma sospecha, hasta que en marzo de este año fue absuelta en primera instancia. Ahora, mientras el ensañamiento contra Celina la mantiene en el penal de La Plata, la fiscal ante la Cámara de Casación Penal, Daniela Bersi, desistió de tomar la apelación presentada por Carballido Calatayud contra González, lo que deja más en evidencia lo fuertes que son los prejuicios de la fiscal y lo endeble de sus argumentos jurídicos. Y es que el estereotipo de esa maternidad edulcorada y asfixiante que parece exigirles a dos chicas vulnerables, víctimas de violencia también por parte de sus parejas, es poderoso, se lo puede rastrear en los discursos mediáticos, en la publicidad, en las redes sociales y en las sentencias judiciales. Las madres tienen que darlo todo por los hijos e hijas, a ellas se les pide que encarnen el “instinto” que toda mujer debería tener bajo pena de sospecha, de demonización. Y sin embargo, cuando las mujeres denuncian abusos o violencia, sobre todo cuando esas mujeres son de clase media, también se las sospecha, se las acusa de locas, de ir en contra de los hombres y en muchos casos hasta pierden la tenencia y el contacto con sus hijos o hijas. Estas realidades son caras de la misma moneda: la cultura machista enquistada en quienes tienen que proteger a las víctimas y a la vez hacer justicia con los agresores.
ABORTO
Buenas noticias
El Ministerio de Salud de la Nación publicó una nueva versión del “Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo”. El documento obliga al sistema sanitario a cumplir con todos los abortos de las personas víctimas de una violación o cuya vida o salud corre riesgo. El criterio de salud debe ser amplio e incluye la salud emocional y mental y los riesgos del parto. Es obligatorio para todo el sistema público y privado de todo el país. El año pasado se registraron, oficialmente, 400 interrupciones legales del embarazo.
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