“Nadie en ningún momento habló de un aumento tarifario en relación con el transporte”, enfatizó ayer el secretario de Transporte, Juan Pablo Schiavi. Fue en respuesta al presidente de la Cámara Empresaria del Autotransporte de Pasajeros (CEAP), Daniel Millaci, quien había advertido que el precio del boleto, sin subsidios, “debería superar los cuatro pesos”. De todas formas, Schiavi busca impulsar la aplicación de precios diferenciales según la capacidad económica de los usuarios, a partir del cruce de datos de la Anses y la AFIP y la información que contiene la tarjeta SUBE.

Desde el anuncio de la eliminación de subsidios para las tarifas de servicios que pagan empresas de algunos sectores puntuales y el inicio de una revisión integral del esquema de subsidios, una catarata de especulaciones inundó la opinión pública. El traspaso del subte a la Ciudad de Buenos Aires y las declaraciones del gobierno porteño sobre el precio del servicio sin los subsidios alimentaron rumores en el sector del transporte. En la misma línea, Millaci sostuvo que “si el Gobierno elimina todos los subsidios mensuales a los colectivos, el boleto promedio tendría que estar por encima de los cuatro pesos”. También consideró que “un ajuste razonable sería elevar el boleto promedio a 2 o 2,50 pesos, que son los precios que pagan la mayoría de los usuarios del interior del país”. Fueron declaraciones radiales, amplificadas por Clarín y La Nación. “Cualquier decisión o trabajo que se haga en este aspecto no lo va a expresar un empresario en la tapa de un diario, sino que va a ser producto del trabajo del Estado. Nosotros de ninguna manera vamos a hacer ninguna cosa alocada de un día para otro”, respondió Schiavi. “Hay una decisión maniquea del multimedio, que desde hace semanas está tratando de ver cómo logran que nosotros nos pongamos nerviosos con las tapas que hacen, y no lo han conseguido. Estamos estudiando el sistema de subsidios. Ahora de ahí a mensurar que vamos a sacar el subsidio al transporte, vamos a cambiar la estructura de tarifas, nadie lo dijo, nadie lo hizo, ni nadie lo está estudiando en profundidad en este momento”, completó Schiavi.

El Gobierno tiene intención de cruzar datos de la Anses (ingresos declarados, cobro de Asignación Universal, subsidio de desempleo) con los de la AFIP (declaración de Ganancias), para que la tarifa pueda ser diferenciada a través de la tarjeta del SUBE. Eso supondría un aumento en el precio del boleto para algunos usuarios. Más allá de los tiempos políticos, el nivel de utilización del SUBE, para poder implementar el cambio, debe ser más alto, dicen en Transporte. Actualmente, el uso de la tarjeta en los subtes está entre el 80 y el 90 por ciento de los viajes, aunque en los colectivos es mucho más bajo, ya que hace poco se terminaron de instalar las máquinas en todas las líneas que transitan por la ciudad de Buenos Aires. Desde el Gobierno subrayan la resistencia que generó en el sector privado la implementación del SUBE, que eliminó la declaración jurada, que debían hacer las empresas, acerca de la cantidad de viajes, y la reemplazó por un sistema de control on-line. “Hay líneas donde se notaron diferencias entre lo que declaraban y el dato real que surge de la tarjeta”, indican.