Desde Londres

El Comité contra la Tortura de Naciones Unidas criticó duramente la política de derechos humanos del Reino Unido desde los atentados del 11 de septiembre del 2011. “El Comité está seriamente preocupado ante el creciente número de denuncias de tortura y maltratos como parte de la intervención en Irak y Afganistán”, señaló ese organismo, que exigió una investigación pública sobre el tema.

El Comité le dio al gobierno de David Cameron un plazo de doce meses para explicar las medidas que adoptará respecto de las conclusiones del informe publicado el viernes. El Ministerio de Justicia británico emitió un comunicado en el que negó que el gobierno “torture o aliente o condone el uso de la tortura” y señaló que estaban analizando “las recomendaciones”.

Lo cierto es que desde principios de los ’90, con el conflicto de Irlanda del Norte de fondo, que el Reino Unido no sufría una condena tan inequívoca de su política de derechos humanos. Y el informe no se limita a los casos de tortura sino que se extiende al sistema legal británico, la polémica reforma de la Justicia y el asilo político.

El Comité contra la Tortura de la ONU criticó al gobierno por no investigar las denuncias de tortura y, en las escasas oportunidades en que lo hicieron, por la benevolencia de los juicios a los presuntos responsables. Un ejemplo citado es la Corte Marcial que siguió a las denuncias periodísticas por el asesinato en 2003 de un empleado de hotel, Baha Moussa en Basora, Irak, que terminó con seis absoluciones y un año de condena para un soldado que admitió su participación en “trato inhumano”. Un segundo caso de investigación pública, la tortura, mutilación y asesinato de varios detenidos después de una batalla en sur de Irak en 2004, recién comenzó en marzo de este año y el resultado sería publicado a finales de 2014. Esta fecha, sin embargo, es provisoria y, muy probablemente, dependa de las conclusiones y de consideraciones político-diplomáticas. En estos casos, la demora o postergación es consuetudinaria. El primer ministro Cameron no ha publicado aún un informe que recibió hace más de nueve meses sobre la participación británica en casos de tortura y en los llamados vuelos de rendición (traslado secreto de prisioneros).

El informe, preparado por un juez retirado, Sir Peter Gibson, debía servir para una investigación que el mismo premier ordenó poco después de asumir el gobierno, en mayo de 2010. Desde entonces se fue haciendo cada vez más claro que la intervención británica en los vuelos secretos era mucho más amplia de lo que se había pensado. El The Rendition Project –una web interactiva que dibuja un mapa de los vuelos de “rendición”–, identificó 1622 vuelos que aterrizaron o partieron del Reino Unido como parte de la “lucha contra el terrorismo” de la CIA. En este contexto, el Comité contra la tortura lamentó que “el gobierno se resista a una investigación pública de la tortura y no establezca una cadena de responsabilidades a nivel político y militar”.

El Comité identificó cláusulas especiales en el sistema judicial británico que le sirven como vía de escape a las obligaciones contraídas al incorporar la legislación contra la tortura en 1988. Una cláusula estipula que un británico no será juzgado por tortura, siempre y cuando “pueda mostrar una autorización legal, justificación o excusa”. El gobierno británico restó importancia a esta cláusula diciendo que nunca nadie la había invocado, pero para la ONU este hecho se debe a que otra ley, la de los servicios de Inteligencia de 1994, protege en términos semejantes a cualquier británico. Más preocupante aún, el gobierno considera que la Convención contra la Tortura se aplica en el interior del Reino Unido, pero no a británicos fuera del país.

El Comité también atacó la política de asilo que llevó al gobierno a devolver refugiados a Sri Lanka que fueron posteriormente torturados. El informe mostró su preocupación por una reforma de la Justicia que entra en vigor en julio y que podría permitir la utilización judicial de testimonios obtenidos bajo tortura. Entre las recomendaciones del comité al gobierno británico está la capacitación de efectivos militares y de seguridad con cursos de derechos humanos que muestren que la tortura está absolutamente prohibida, una nueva guía para oficiales de Inteligencia sobre interrogatorios y que no se tomen en cuenta las “poco efectivas y confiables” promesas de países sobre la tortura de refugiados deportados.