El “sospechoso interés” que en su momento el supremo Adolfo Vázquez tuvo en una causa que tramitaba la jueza Alicia Iermini –y que se tradujo en sugestivos llamados e injerencia en el proceso– provocó una nueva presentación de juicio político en su contra. Ayer, la comisión que preside el justicialista Ricardo Falú aprobó esta solicitud y por lo tanto, el cortesano acumuló un nuevo cargo a los 15 que ya tiene. Por otra parte, los legisladores resolvieron realizar nuevas pruebas en torno de un planteo contra el presidente del máximo tribunal, Enrique Petracchi. Sin embargo, es poco probable que estas medidas prosperen.
La nueva denuncia contra Vázquez la presentó la diputada Araceli Méndez de Ferreyra, una de las integrantes del bloque Convergencia donde abrevan los kirchneristas no peronistas que preside Miguel Bonasso. La legisladora correntina solicitó que se destituya al juez por “mal desempeño e inconducta en el ejercicio de sus funciones y la posible comisión de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y prevaricato”.
De acuerdo con la presentación, Vázquez se interesó en el proceso que llevaba adelante la jueza Iermini pero no para saber cómo se estaba desarrollando, sino para favorecer en una causa por torturas a los imputados, el ex juez Pablo Belisario Bruno y un comisario de apellido Curletto. Los llamados fueron atendidos por empleados del juzgado. De resultas de ellos se abrió un sumario en el que testimoniaron los oficiales del juzgado Juan Pablo Buero, Sebastián Martínez y Adriana Galagassi.
En su presentación, Ferreyra sostiene que la jueza Iermini “habría sido presionada por Vázquez a los efectos de resolver la situación procesal del mentado Bruno”. Vázquez no fue el único que llamó por los imputados, también lo hizo el entonces jefe de la Federal Roberto Giacomino.
La comisión aceptó de inmediato el pedido de la diputada. Durante la reunión que realizaron en la mañana de ayer se aprobó el nuevo proceso contra Vázquez. Anoche, antes de retornar a Tucumán, Falú remitió un oficio a la Cámara Criminal pidiendo el sumario para verificar las declaraciones de los empleados del juzgado de Iermini que, seguramente, serán convocados a dar su testimonio una vez que comience el desarrollo del nuevo juicio político. Sin duda, el trámite deberá ser veloz ya que es intención de la comisión que las 15 causas que pesan sobre las espaldas del supremo sean debatidas en el recinto durante el mes de marzo.
Vázquez no fue el único miembro de la Corte que ayer fue parte de la agenda de la reunión de la Comisión de Juicio Político. También se trató el caso de Petracchi, actual presidente de la Corte. Si bien los legisladores decidieron concentrar todos los trámites en la persona de Falú, es poco probable que prospere un juicio contra el cortesano en cuestión.
La decisión se tomó sobre la base de la nueva presentación que realizaron hacia fines del año pasado el diputado socialista Héctor Polino y la entonces legisladora del ARI Graciela Ocaña, hoy directora ejecutiva del PAMI. Estos habían solicitado que no se dejara caer el juicio político que habían presentado en marzo de 2002. En diciembre pasado, el propio Petracchi exigió que se investigue, por entender que está siendo injustamente acusado. Esta fue la razón por la que la comisión habilitó la continuación del proceso.
Sin embargo, todo indica que nada pasará. En parte porque en el oficialismo no hay intenciones en dejar vacante la poltrona que utiliza Petracchi. Una prueba de ello es la decisión que tomó la comisión, ya que la tarea encomendada a Falú es una simple sistematización de lo realizado por la comisión desde que era presidida por la radical Margarita Stolbizer durante la gestión de la Alianza. El tiempo que le tomará al tucumano será el suficiente como para que nada suceda o, como trascendió, que todos los legisladores estén ocupados en el juicio que se abrirá al cortesano Antonio Boggiano, sobre quien pesan causas similares que provocaron la renuncia de Julio Nazareno.